A punto de terminar agosto, la polémica de los peajes vuelve al primer plano de la actualidad tras el encargo de un estudio técnico y legal a la empresa pública Ineco sobre las alternativas del pago por uso de las carreteras para financiar su mantenimiento y que podría empezar a aplicarse a partir del año 2024.

Pero los transportistas rechazan de plano la posibilidad de que en las actuales circunstancias de inflación el Gobierno vuelva a coquetear con su implantación, aunque sea a menos de dos años vista. "Sería una subida de costes brutal que añadir a la que nos está generando el combustible", afirma Dulsé Diaz. secretario general adjunto en la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM).

"Con nosotros tienen un acuerdo firmado de no aplicarlo sin nuestra aprobación que, por supuesto, no tienen", resume. En efecto, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, prometió a los representantes de las empresas transportistas no aplicar ningún recargo adicional que pueda lastrar más unas cuentas de resultados marcadas por el alza del gasoil o el gas licuado.

"Nosotros estamos tranquilos. Entendemos que es un estudio más como los que ya se han hecho desde los años ochenta y no lo vemos como una amenaza a corto plazo", agrega Juan José Gil, secretario general de Fenadismer.

En este sentido, recuerda que el Gobierno prometió a Bruselas dentro del Plan de Recuperación implantar un sistema de pago por uso antes de 2024. Aunque con el simple acto de llevar a cabo los estudios sobre las diferentes alternativas, podría cumplir con ello antes de que acabe la legislatura.

Convencido de que el Ejecutivo actual "respetará" lo acordado con las principales patronales del sector, Díaz considera que los peajes serían, en todo caso, "para el resto de usuarios pero no para los transportistas". La titular de Transportes, por su parte, se ha limitado a decir que "no se ha retomado nada", sino que se está trabajando sobre lo que contempla el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible.

Esto es, analizar las diferentes alternativas que permitan sufragar la conservación de la red de carreteras del Estado. Sobre esto último, la ministra asegura que "parece que no sea ahora el momento más propicio" para implementarlos y que, de hacerlo, será con un sistema que concite "el máximo consenso posible".

El consenso no es posible con un sector del transporte que ha visto cómo el gasto del combustible alcanza ya el 37% del coste de explotación de una empresa de transportes. Los camiones que se mueven con gas natural (apenas el 5% de la flota) están sufriendo una subida sin precedentes del precio del combustible. "Y aunque el petróleo ha dado un cierto respiro en verano, nuestro temor es que a partir del otoño vuelva a ponerse la situación complicada", dice Gil.

De momento, ya se ha formalizado un contrato de 1,4 millones entre la Dirección General de Carreteras e Ineco, y hace unos días, la citada firma pública adjudicó los servicios de consultoría fiscal y tributaria a la consultora KPMG por 89.000 euros. Estos trabajos son parte de la primera fase de un plan al que le sigue una segunda etapa donde se debe diseñar el sistema seleccionado y una tercera donde se propondrá cómo implantarlo.