El gravamen que anunció el presidente de España, Pedro Sánchez, a la banca y a las energéticas, cuya admisión a trámite pasará este martes por el Congreso, sigue trayendo cola. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha elaborado un informe en el que la primera conclusión es que este impuesto es inconstitucional, ya que apuntan a que hay irregularidades en prácticamente todos los aspectos formales del recargo.
“Es un impuesto ilegal y difícilmente constitucional”, ha asegurado Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE, durante la presentación del informe. Una de las irregularidades que se contemplan en el informe es que sea una proposición de ley elude la fase de audiencia pública y el informe del Banco de España. Para el catedrático Álvaro Rodríguez Bereijo y expresidente del Tribunal Constitucional, que ha trabajado en el informe, toda la proposición de ley es "un enorme artificio en fraude de ley" que supone un "abuso del procedimiento legislativo, eludiendo los controles democráticos para encubrir una finalidad tributaria".
Fernández de Mesa critica la forma dada al recargo que es prestación patrimonial pública no tributaria, porque argumentan que es un impuesto porque su recaudación se destinará a los gastos generales del Estado y no a un fin específico.
Los autores del informe aseguran que con este gravamen se pondría en marcha una doble imposición porque afecta a un concepto que ya está gravado por el impuesto de sociedades, lo que "desdibuja la capacidad económica", según el director del informe Juan Martín Queralt, y podría disparar los tipos efectivos de ambas figuras hasta el 35 o el 40%.
Asimismo, explican que atenta contra la competencia financiera al dejar fuera a las entidades extranjeras. “Está en contra de los residentes de España. Somos tan generosos que ayudamos a los de fuera”, ha señalado irónico Martín Queralt. Al mismo tiempo, se produce "una quiebra de los principios sancionadores", que tendrían que estar "perfectamente delimitados" pero, en lugar de ello, el texto muestra un "marco absolutamente abierto" que multa la traslación del recargo a los clientes, lo que podría vulnerar la libertad de empresa.
Por su parte Jorge Onrubia, uno de los autores del informe y profesor titular de Hacienda Pública de la Universidad Complutense de Madrid, asegura que el impuesto tiene dos grandes problemas. El primero es que es “muy deficiente”, ya que no cumple con ningún criterio de diseño de impuestos. Y el segundo de los problemas es el efecto económico que supone.
Según los cálculos que han realizado, el gravamen a la banca supone un impacto de 2.200 millones de euros del PIB y supondría 35.000 empleos menos. A estos datos hay que añadir el impacto del gravamen a las energéticas, que tiene un impacto en el PIB de 2.700 millones y 37.000 empleos. De esta manera, los impuestos de Sánchez impactarían en 5.000 millones de euros a la economía española, es decir, cuatro décimas del PIB de 2021.
El tributo está recogido en una proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos y fija un tipo del 4,8% sobre el margen de intermediación de los grandes bancos, siempre que la entidad supere los 800 millones de intereses y comisiones brutas en 2019. Los autores del informe aseguran que el texto del gravamen no explica cómo se va a llevar a cabo.
Además, tal y como ha explicado Onrubia, la justificación del Gobierno para poner en marcha este impuesto son los beneficios extraordinarios que van a llegar al sector por la subida de tipos del Banco Central Europeo, pero “no hay evidencia empírica sobre lo que el Gobierno llama beneficios caídos del cielo”. Y ha recordado que el sector bancario ha estado operando con tipos de interés negativos o cercanos a cero durante mucho tiempo.
Los autores del informe señalan que un impuesto de esta naturaleza es un “auténtico despropósito que también atenta contra el derecho de la Unión Europea. Su ilegalidad es la consecuencia de diseñarlo sin la serenidad y tiempo necesario que hubiese requerido una ley así con los informes de las autoridades correspondientes y una audiencia pública”.
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