El Partido Popular remitió este lunes al Gobierno un nuevo conjunto de propuestas "para un pacto energético" y para "la recuperación de la economía de España". En el documento resume las diferentes ideas que el PP ha venido planteando durante los últimos meses, sobre todo con el objetivo de conseguir rebajar la factura energética a los hogares, esperando que en Moncloa las tengan en consideración.

"Diremos que sí a todo lo que sea rebajar impuestos a las familias y que el dinero esté en las casas y no en la caja [del Estado]", resumió el vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, en un encuentro con periodistas. El portavoz relató, a trazo grueso, las propuestas que envió a Pedro Sánchez en la tarde de este lunes, sin entrar al detalle de la mayoría de las medidas.

La intención del PP es llegar a acuerdos con el Gobierno, aseguró, y esa es la razón por la que no ponen cifras a gran parte de las ideas: cuanto más abiertas, mejor, así será más fácil conseguir un pacto.

Por tanto, el PP no especifica cómo debería llevarse a cabo la rebaja de los tramos del IRPF que lleva exigiendo meses a Moncloa para compensar el aumento de la inflación. Es decir, no entran a explicar qué indicador debería tenerse en cuenta para la llamada deflactación, ni en el tramo autonómico ni en el estatal de IRPF. "Puede ser con el dato de salarios, con el de la inflación subyacente o con la media, pero lo que necesitamos es que sea ya. Las familias lo necesitan ya. Son muchos gastos. No ponemos cifras porque así será más fácil para llegar a un acuerdo", afirmó Bravo.

El razonamiento es el siguiente: con una inflación en máximos históricos -en agosto los precios subieron un 10,4% frente al mismo mes del año anterior, niveles nunca vistos desde hace más de 30 años-, lo normal es que los trabajadores también exijan subidas salariales, buscando no perder poder adquisitivo. Pero, en caso de obtenerlas, podrían tener que pagar más por IRPF, en caso de que suban de tramo, pero también porque la base sobre la que tributan sería mayor.

Por ese argumento, muchos economistas apuntan a que deberían reducirse los tramos de IRPF tomándose como referencia el aumento de los sueldos en convenio, para así compensar los impuestos que los españoles estén pagando "de más" sin ganar más, y no el dato de inflación. Hasta julio, la subida salarial pactada en los convenios colectivos firmados hasta julio es de un 2,5%. Pero en el PP se abren a usar el que el Gobierno estime conveniente, siempre y cuando lo haga "ya".

Este mismo lunes, la Comunidad de Madrid anunció que adelantaría el ajuste del IRPF que ya había anunciado para 2023 a 2022, aunque tampoco concretó en base a qué indicador se hará. Desde su equipo sí recordaron que tendrá efecto en la declaración de la renta del próximo curso.

Además, el PP ha propuesto toda una serie de medidas que pueden consultarse en el documento adjunto en este artículo y que comprenden desde prolongar la vida útil de las centrales nucleares en España -a pesar de la oposición del sector- a reducir el gasto público, por ejemplo, aprobando un real decreto ley que exija que las luces se apaguen cuando no haya nadie en los edificios. Desde el partido no han facilitado cifras sobre cómo podrían impactar estas medidas en el gasto público, ni de hasta qué punto esto realmente sucede hoy día.

Propuestas para un Pacto Energético que proteja a familias y empresas. Un plan para la recuperación de la economía española.Descarga

La formación, por otro lado, se ha mostrado de acuerdo con la postura del Gobierno con respecto al MidCat, el futuro gasoducto que se construiría entre España y Francia y que facilitaría la exportación de gas a Europa, en un momento en que Putin ha reducido el suministro de gas del que tanto dependen países como Alemania. Asimismo, critican la lenta ejecución de los fondos europeos, pero descartan continuar por el camino de su judicialización, que ya comenzó Isabel Díaz Ayuso y que promovía Pablo Casado.

Premiar el ahorro de energía

Pero la medida más específica que ha propuesto el PP es sin duda su idea de premiar el ahorro de energía de los hogares y pequeñas empresas. Para ello, el Gobierno debería emplear hasta 2.900 millones de euros en aliviar la factura energética a los más ahorradores, un dinero que podría obtener del impuesto a la banca y a las eléctricas, o que podrían llegar a financiar las propias compañías a través de los recursos extraordinarios recaudados por los elevados costes de la energía, aunque el partido no especifica este extremo.

¿Por qué bonificar al ahorro? La idea de los populares es esta: si el Gobierno consigue que familias y empresas consuman menos luz y gas, bajará su precio, al reducirse su demanda, y también la inflación. Hasta hoy, el índice de precios al consumo (IPC) está viéndose disparado sobre todo porque las empresas están trasladando ese encarecimiento de la luz y el gas al precio de los productos que ofrecen, lo que lleva a que los alimentos en los supermercados también estén disparados.

Así, el PP cree que podría conseguir contener la subida del IPC aunque sea en unas décimas si el país entero consume menos energía. Y la fórmula para hacerlo, propone, es ofrecer a las familias y pequeñas empresas descuentos en sus facturas sin consumen menos energía este invierno que el pasado. En el plan no entrarían las grandes empresas, la industria ni el sector público.

El sistema de bonificaciones se extendería durante todo el invierno, desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo de 2023, y la propuesta es ofrecer estos descuentos: uno del 5% en la factura de luz y un 10% en la del gas para quienes ahorren entre un 3% y un 6,99%; otro del 10% en la electricidad y el 20% en el gas para quienes ahorren entre un 7% y un 14,99%, y bonificaciones del 20% en el consumo de electricidad y del 40% en el consumo de gas para ahorros superiores al 15%.

Lo que no está claro es cómo se comprobaría que ese ahorro se ha producido. En el documento, el PP especifica que las compañías energéticas deberían poder establecer comparaciones con el mismo periodo del año anterior, pero Bravo no concretó cómo podría el Gobierno obligar a las compañías a hacer esta tarea, o qué pasa si el consumidor ha cambiado de compañía energética o de hogar.

Los 2.900 millones que el PP estima que el Ejecutivo tendría que pagar a los consumidores en concepto de bonificaciones habría que obtenerlo de los presupuestos generales del Estado. Pero primero se produciría el descuento de las energéticas a los consumidores, y después, de abril a junio, el Gobierno ingresaría la diferencia a las compañías, así que estas tendrían que adelantar estos "premios" al ahorro.

Algunos economistas, por su parte, tienen reservas con respecto a este tipo de medidas. Opinan que no deberían bajarse los impuestos, ni aprobar ayudas ni subvenciones generalizadas sino solo para quienes más lo necesitan, puesto que lo que se pretende en este momento es relajar el consumo para que este no genere más inflación. Es lo que busca el Banco Central Europeo con su última decisión de subir los tipos de interés más de lo que lo ha hecho nunca en su historia: empujar a la economía a una pequeña recesión que consiga frenar el avance de los precios.