El Gobierno de España quiere poner en marcha el impuesto a la banca para recaudar 1.500 millones de euros cada año. Sin embargo, no quieren que ese impuesto se traslade a los consumidores y clientes encareciendo sus productos. Por ello, el proyecto de ley que presentaron los dos grupos políticos en el Congreso el pasado julio apunta una sanción para las empresas equivalente al 150% del gravamen repercutido a los clientes. Una regulación que Jorge Onrubia, profesor titular de Hacienda Pública y Sistema Fiscal de la Universidad Complutense, critica y asegura que “es la base de una economía planificada”.

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) será el encargado de supervisar que las entidades financieras (pasará lo mismo con el impuesto a las energéticas) no suban los precios de sus bienes y servicios como consecuencia de la fijación del impuesto. “Este gravamen es un despropósito”, apuntó Onrubia durante la presentación del informe sobre el impacto de este tributo que ha realizado el Instituto de Estudios Económicos, y explicó que con este apunte se va a permitir que por ley se fijen los precios.

“Estas regulaciones de precio son la base de las economías planificadas y han llevado a problemas de competencia y problemas de bienestar de los ciudadanos”, aseguró con rotundidad. Ante esta situación, el profesor recomendó dejar al mercado actuar y si llega un momento en el que hay problemas de competencia “ya están las instituciones competentes para actuar”.

Asimismo, recordó que en la fijación de comisiones por parte de las entidades financieras existe libertad de fijación, salvo en casos muy específicos. "Alguien va a determinar qué es razonable y que no", señaló y añadió que esto, en un sistema de libertad de mercado, “es un atentado constitucional”.

Jorge Onrubia explicó que lo que quiere conseguir el Ejecutivo es una idea que se confunde con la realidad: “En otras palabras, esta pretensión se sitúa en el terreno de las ideas basadas en deseos inalcanzables o ilusorios (wishful thinking ideas, en terminología anglosajona)”, comentó durante el acto.

En el informe del IEE, los expertos aseguran que limitar que el gravamen se traslade a los consumidores a través de ley no va a impedir que este tenga efectos económicos en el país. “Pero, además, resulta palmario que estaríamos ante un mandato legal que colisionaría frontalmente con la normativa de la Unión Europea sobre competencia, libertad de empresa, libertad de precios de mercado, sistema financiero,etc., además, obviamente, de vulnerar los principios, entre otros, de libertad de empresa y libre mercado recogidos en la Constitución española”, explican.

Añaden que los cambios en los precios generados por la introducción del gravamen inducirán cambios en los comportamientos de los agentes económicos en función de cómo se vean afectados por el reparto de la carga.

Según los cálculos que han realizado, el gravamen a la banca supone un impacto de 2.200 millones de euros del PIB y supondría 35.000 empleos menos. A estos datos hay que añadir el impacto del gravamen a las energéticas, que tiene un impacto en el PIB de 2.700 millones y 37.000 empleos. De esta manera, los impuestos de Sánchez impactarían en 5.000 millones de euros a la economía española, es decir, cuatro décimas del PIB de 2021.