Al Gobierno se le complica el frente de los acuerdos. Ha sacado adelante la reforma laboral con el consenso de sindicatos, empresarios y el Congreso de los Diputados. También consiguió el apoyo de los agentes sociales para los ERTE, para el nuevo sistema de los autónomos y para la primera parte de la reforma de las pensiones, pero la segunda se antoja mucho más complicada.

Aunque en el Ministerio de Escrivá insisten en que las reformas que ahora tienen pendientes son las más sencillas de todas las negociadas hasta la fecha y que no esperan ningún tipo de complicaciones, el resto de partes tienen muchas dudas al respecto.

Seguridad Social deberá aprobar este mismo año dos importantes cambios: por un lado, la adecuación del periodo de cómputo de la pensión a las nuevas carreras profesionales, y por otro, aumentar el máximo de las bases de cotización que existen actualmente. La segunda parece menos conflictiva, pero fuentes sindicales creen que la primera no se sostiene.

Y es que aumentar el periodo de cálculo de la pensión implicaría, para muchos españoles, reducirla. El mismo Banco de España lo expresó en un informe publicado ayer, en el que subrayaba que alargarlo desde los 25 años actuales hasta unos (hipotéticos) 35 supondría un recorte de la pensión inicial media del 8,2%, según un estudio que acaba de elaborar.

El ministro Escrivá descarta que su objetivo sea este -"en ningún caso" la intención sería ampliar el periodo de cálculo a 35 años, sino acometer "pequeños ajustes" para mejorar la equidad, afirmó el lunes-. Más asegura que la idea es conseguir "proteger de alguna forma a aquellos que tienen situaciones sobrevenidas o indeseadas y que no les afecte negativamente desde el punto de vista de la pensión futura".

Pero por el momento no está claro cuál sería el planteamiento del Ministerio, más allá de lo que aparece en el Plan de Recuperación. Esto es, si ampliar los años que se utilizan para el cálculo de la pensión -sin matices-, o aumentarlos para dar la posibilidad de que el trabajador elimine los años que necesite, como aquellos en los que no ha cotizado por estar en paro o en los que ha cotizado menos. En la primera reunión que tuvieron los agentes sociales al respecto, este lunes, Seguridad Social no trasladó ninguna propuesta concreta ni tampoco les entregó ningún documento.

Una reforma muerta antes de nacer

Aun así, fuentes del diálogo social aseguran que la medida, antes de nacer, ya está muerta. Porque los sindicatos no aceptarán rebajar las pensiones, porque la CEOE tiene difícil alcanzar acuerdos con el Gobierno mientras se encuentra inmersa en un proceso de elecciones internas, y porque no parece que el Ejecutivo pueda reunir los apoyos suficientes en el Congreso para sacarla adelante.

"CCOO no va a avalar ninguna medida paramétrica que conlleve la reducción del gasto en pensiones", fue claro este miércoles el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. "No vemos de ninguna manera que se amplíen los años para calcular la pensión", fue también taxativo el de UGT, Pepe Álvarez, la pasada semana. "Y si la medida no tiene efectos económicos, para nosotros está bien como está", añadió este último.

Porque el último argumento del ministro Escrivá, que esta semana ha explicado la reforma en varios medios de comunicación, es que será neutra en términos presupuestarios. Que con ella no recaudarán más, ni tampoco menos. Lo que lleva a preguntarse cómo justificará el Gobierno el aumento de gasto que provocará revalorizar las pensiones con el IPC, especialmente este año, con la inflación disparada, si no es recaudando más con estas dos últimos cambios que quedan pendientes.

El apoyo de los empresarios, en el aire

A día de hoy, los representantes de los empresarios en la mesa de negociación con el Gobierno, es decir, los portavoces de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), no se han posicionado al respecto.

Pero el hecho de que el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, afronte su reelección a finales de noviembre complica su posición en las mesas de negociación con los ministerios. El descontento dentro de la organización hacia su actual presidente es un secreto a voces, sobre todo por parte de algunas patronales, y aunque a día de hoy no hay un candidato alternativo Garamendi luchará por recuperar apoyos a lo largo de este otoño. Y muchos le han acusado de ser demasiado blando a la hora de firmar acuerdos en Moncloa, sobre todo después de que diese su visto bueno a la reforma laboral, que complica el despido a las empresas.

Si los sindicatos y los empresarios rechazan esta última parte de la reforma de las pensiones, el Gobierno podría aun así aprobarla, puesto que no tiene la obligación de conseguir su sí. Pero sería un golpe a un Ejecutivo que presume de consensuar y dialogar todas sus iniciativas, de apurar las negociaciones hasta el final para lograr el sí de todas las partes, y que las cuenta con ábaco y después las enumera en entrevistas y ruedas de prensa.

Más allá de eso, de lo que pase en el diálogo social, a día de hoy parece difícil que el Gobierno consiga los apoyos suficientes en la Cámara Baja, que en este caso sí necesita. La reforma laboral ya salió adelante por los pelos, gracias a la equivocación en el voto de un diputado del Partido Popular; la de los autónomos ha contado con los apoyos de los populares aunque al principio la rechazaron, pero una reforma que apueste por reducir la cuantía de las pensiones, aunque sea de algunas, podría tener un gran coste político para cualquier formación. Inclusive para el PSOE.