La Unión Europea es consciente del impacto que la inflación está teniendo en los hogares, y ha prometido medidas para paliar sus efectos. La intención es intervenir para apoyar a los más vulnerables, a la vez que carga el peso de las ayudas en aquellos que están resultando beneficiados de la subida de precios, como las compañías energéticas.

La Comisión Europea propuso este miércoles un impuesto "solidario" de hasta el 33% para los ingresos extraordinarios de las empresas de combustibles fósiles, así como un tope al precio de la electricidad generada con la energía nuclear y renovable. La propuesta está en línea con los gravámenes que ya había anunciado España, que, como otros países europeos busca cómo frenar el aumento de los precios.

Pero estas iniciativas podrían no ser suficiente para contener la ola de huelgas y protestas que está emergiendo en todo el mundo.

La crisis energética provocada por la invasión de Rusia a Ucrania ha disparado los precios al consumo, y los trabajadores están asumiendo la mayor parte del golpe. Ciudadanos de todo el mundo están perdiendo adquisitivo. En España, los precios son ahora un 10% más caros que el año pasado, pero los sueldos sujetos a convenios colectivos solo han aumentado un 2,56%. A lo que hay que sumar la caída de poder de compra ya acumulada el año anterior.

Al otro lado del Atlántico, una huelga ferroviaria ha estado a punto de paralizar EEUU este viernes. El telón de fondo era la inflación, la más alta en 41 años, aunque por encima de todo exigían derechos laborales básicos. Biden ha conseguido que sindicatos y empresarios lleguen a un acuerdo, pero la conflictividad laboral de Estados Unidos sigue siendo la mayor de décadas.

En Reino Unido, el mismo sector lleva en pie contra el Gobierno todo el verano, y a él se le han sumado los estibadores de Felixstowe, al sureste del país, por donde llega cerca de la mitad del tráfico de contenedores de Reino Unido. Casi cada día Reino Unido se está enfrentando a una nueva ola de protestas de trabajadores. El "verano del descontento", como se le calificó hace unos meses, empezó en junio y está agravándose, con el país afrontado ya la mayor ola de huelgas en 30 años.

Este mismo septiembre, la organización Don't pay (No pagues) está pidiendo a los ingleses que dejen de pagar sus facturas de electricidad a partir del 1 de octubre, cuando se prevé que aumente el precio de la energía, para exigir que los precios bajen a un nivel asequible. A día de hoy, 180.000 personas se han unido a través de la web, prometiendo cancelar sus pagos si consiguen unirse a la campaña un millón de personas.

Alemania, Suecia y la República Checa acaban de anunciar planes para mitigar los efectos de la crisis, sobre todo, paquetes de ayudas para garantizar que hogares y empresas puedan asumir el coste de la energía. En Alemania se ha decidido movilizar 65.000 millones, pero no está claro hasta qué punto conseguirá aplacar a los partidos de izquierda y derecha que ya han anunciado que llevarán a cabo protestas cada semana, y a los sindicatos, que también han amenazado con convocar manifestaciones.

Suecia ha decidido invertir 23.000 millones en ayudar a las compañías con las facturas de la electricidad hasta marzo, y República Checa ha aprobado planes para que un operador estatal adquiera energía para colegios, hospitales y otros servicios públicos. El anuncio llegó después de la convocatoria de diferentes protestas en Praga para exigir al Gobierno más medidas contra los precios de la energía decenas de miles de personas liderados por la extrema derecha, y dos días después de que el Ejecutivo sobreviviese a una moción de censura.

Los líderes europeos saben que la crisis energética y la inflación pueden disparar el malestar con los gobiernos y dar la vuelta a las encuestas. En Francia, el presidente Emmanuel Macron advirtió sobre el fin de la abundancia en un momento en que la escasez de ciertas materias primas está sobre la mesa, aunque también aseguró que su Gobierno contribuirá a afrontar el golpe. El país está haciendo frente ahora al paro de los controladores aéreos, que piden aumentos salariales para compensar la inflación, y ha provocado la anulación de cientos de vuelos.

En Bélgica diferentes sindicatos están amenazando con organizar otra huelga general en noviembre si no se dan soluciones a los altos precios, argumentando que muchos no pueden asumir el aumento del coste de vida. De producirse, sería la segunda en solo medio año.

En España por ahora los sindicatos descartan una huelga general, aunque sí valoran convocar movilizaciones en aquellos sectores en los que la renovación de los convenios esté bloqueada. En marzo, UGT y CCOO convocaron manifestaciones en todo el país contra la subida de los precios, pero en Madrid solo consiguieron reunir a 500 personas y no han vuelto a salir a la calle. 

En verano se han convocado varias huelgas, del sector del metal al campo, pero se desconvocaron a mediados de junio, y las de los tripulantes de cabina de algunas aerolíneas, que sí han persistido hasta septiembre. Los partidos políticos no han anunciado protestas ni manifestaciones contra el Ejecutivo.

Más allá de Europa y EEUU, en Indonesia, miles de personas tomaron las calles de Yakarta la semana pasada por la subida de los precios del combustible. El Gobierno decidió recortar los subsidios por primera vez en ocho años, lo que ha llevado aumente más de un 30% el precio de la gasolina y el diésel, aunque intentará compensarlo con ayudas económicas directas a las familias más vulnerables.