Una vez más, a vueltas con el impuesto sobre el patrimonio. El anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de que suprimirá el tributo en la región ha provocado un intenso terremoto político.

Su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no tardó en respaldar la propuesta. "Bienvenidos al paraíso", tuiteó. La Generalitat calificó la medida de "subasta populista". Y ayer martes, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se mostró partidario de armonizar impuestos para evitar el "despropósito que solo ocurre en España" de que las comunidades autónomas compitan entre sí en materia fiscal.

"Me parece un despropósito que las comunidades se dediquen a competir fiscalmente unas con otras", subrayó, asegurando que eliminar patrimonio es una medida "extraordinariamente regresiva" cuando lo necesario ahora es hacer políticas redistributivas para las personas más vulnerables por los efectos de la inflación. "Las comunidades autónomas lo que tienen que hacer es dedicarse a mejorar la provisión de servicios en Sanidad, en Educación… Esto de la competencia fiscal entre ellas es un asunto que jamás he entendido", aseguró.

Pero los comentarios de Escrivá han reavivado la duda sobre si el PSOE está planeando limitar las competencias fiscales de las comunidades autónomas, de manera que los gobiernos regionales no puedan competir a la baja como ahora hacen Andalucía y Madrid. No hay que olvidar que el Gobierno ha prometido a Bruselas implementar una reforma fiscal en enero de 2023, aunque parece que el Ejecutivo ha aparcado esa idea ante la crisis energética.

Sin embargo, en el Ministerio de Hacienda se muestran a favor de la armonización fiscal. Preguntados por la propuesta del ministro de Seguridad Social, fuentes del mismo aseguran que debería lograrse una mayor armonización que conjugue la autonomía fiscal y que al mismo tiempo evite agravios comparativos. Que es algo por lo que han abogado desde el principio del mandato y así seguirá siendo.

Aun así, descartan tener ya sobre la mesa proyectos de ley en marcha, u otro tipo de iniciativas para conseguir esta armonización. Pero el Gobierno podría estar lanzando conscientemente el debate a escena para testar las reacciones de cara a las elecciones generales del año que viene. De hecho, en Moncloa aseguraron ayer que cualquier modificación del modelo fiscal iría íntimamente vinculado a la financiación autonómica y que eso "no se abordará esta legislatura".

Los expertos del libro blanco ya aconsejaron establecer un mínimo para el impuesto de patrimonio

Antes de que estallase la guerra de Ucrania, de que se disparase la inflación hasta las dos cifras y de que Putin amenazase con cerrar el grifo del gas a Europa, un comité de expertos designado por Hacienda trabajó durante casi un año en lo que bautizaron como el Libro Blanco sobre la reforma fiscal. En él, analizaron los tributos existentes en España y compilaron en casi 800 páginas sus recomendaciones de cara a la reforma fiscal que debe implementarse, como se ha prometido a Europa.

Y una de sus recomendaciones se centró en el impuesto sobre el patrimonio: proponían establecer un mínimo para el impuesto de patrimonio y el de sucesiones y donaciones. "El Gobierno debe estudiar el establecimiento de límites mínimos de gravamen efectivo", aseguró entonces el presidente del comité, Jesús Ruiz-Huerta, en rueda de prensa, en referencia a ambos tributos.

El experto señaló en ese momento, en marzo, que la "competencia a la baja" entre comunidades autónomas con estos impuestos es un "problema de gran envergadura", porque lleva a que "estos tributos tiendan a desaparecer" debido, precisamente, a que no se establecen límites. También admitió que esa era la "cuestión más polémica" de la reforma.

Entonces, el documento no concretó dónde se debería fijar ese mínimo para evitar la pérdida de efectividad de ambos impuestos, algo que debería establecer el Gobierno, en opinión de los expertos. Según el grupo, hay varias fórmulas para llevarlo a cabo, sin perder la autonomía y la competencia normativa, y por eso el documento ofrece un "menú de posibilidades" que tendrían las comunidades autónomas para hacer efectivo ese principio de corresponsabilidad fiscal.

De hacerlo así, podría desencadenarse una batalla judicial entre el Gobierno y algunas comunidades autónomas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya anunció que evitará a través de los tribunales que el Gobierno imponga la tributación por patrimonio en la región. Para ello, tiene en consulta un anteproyecto de ley que blinde su región ante esta futura norma.