Ni la crisis energética, ni la inflación. La Comisión Europea opina que la actual situación, aunque sobrevenida, no es motivo suficiente para retrasar la reforma fiscal que España ha prometido llevar a cabo a cambio de recibir fondos Next Generation. El sistema tributario ha de reformarse y ha de hacerse en el primer trimestre de 2023, sin más dilación.

En medio de un fuerte debate sobre el sistema impositivo español, desencadenado por la decisión del presidente de la Junta de Andalucía de eliminar el impuesto de patrimonio, los "hombres de negro" del Ejecutivo europeo han visitado España. Lo han hecho para evaluar las reformas llevadas a cabo por los diferentes ministerios durante los últimos meses, y decidir si han cumplido con lo prometido para recibir el próximo paquete de fondos.

Y en esta ocasión, según ha podido saber este periódico, no se han reunido con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pero eso no significa que no esperen con impaciencia el trabajo que -aseguran- debería estar llevando a cabo su equipo. Porque el tiempo corre y quedan solo seis meses para que termine el plazo para implementar la reforma fiscal, de la que aún no se conoce ni el más mínimo detalle.

Según el Plan de Recuperación, componente 28, "la fecha de entrada en vigor de la reforma fiscal será el primer trimestre de 2023". Ha pasado mucho desde que ese documento se redactó y presentó a la Comisión. Se elaboró como una suma de proyectos a llevar a cabo para sacar a los Veintisiete de la crisis del coronavirus, pero no se planeó pensando en que después estallaría una guerra en Europa, ni en que podría desencadenarse una crisis energética, que los precios se dispararían y que Alemania, y todo el continente, podría entrar en recesión.

Todo ello, sin embargo, no son razones para dejar aparcada la reforma fiscal para más adelante. Los visitantes de la Comisión Europea constatan que si el proyecto se retrasa, los fondos también lo harán, algo que no es recomendable. También aseguran que no tienen noticias de que España esté planeando algo parecido, a pesar del silencio de Hacienda al respecto.

Esperan, según afirman, recibir el trabajo de España aprobado en el plazo previsto y apremian en Madrid a que así sea. Después será cuando estudiarán la documentación y evaluarán si cumple con los objetivos propuestos.

Unos objetivos que son especialmente laxos en el caso de la reforma fiscal. Otras, como la reforma del sistema de cotización de los autónomos, estaban más definidas en el programa enviado a Bruselas, pero los de la reforma del sistema impositivo son amplios.

Aumentar la presión fiscal para acercarse a la europea

Habla de la necesidad de hacer el sistema español más equitativo, progresivo y justo, con un objetivo principal: el de acercar los niveles de tributación de España a la media de países de nuestro entorno. España tiene una presión fiscal del 38,7% del PIB frente al 46,4% de la media de la zona euro. Es decir, que según los datos, en el resto de países pagan más impuestos, algo que debemos al menos empezar a igualar.

¿Cómo? En primer lugar, eliminando beneficiarios de las muchas exenciones y deducciones que existen en el país -¿como los del impuesto de patrimonio?-, aunque no se concreta cuáles. Eso deberá ser tarea del Gobierno, basándose en el informe que ya elaboró un grupo de expertos designado por el mismo Ministerio, y que se presentó en marzo. En él, por cierto, sí que se incidía en la idea de armonizar el impuesto sobre el patrimonio.

Algunas de las figuras que hay que incorporar, se promete a la Comisión vagamente, son impuestos relacionados con el medio ambiente. Pero también es importante recaudar más porque hay que hacer frente a una larga serie de gastos que ya están comprometidos, y que ahora, con la crisis de este otoño y las ayudas a hogares y empresas, van a ser más.

Ante la armonización fiscal, recuerdan que España necesita ingresos

Los de Bruselas descartan posicionarse en el debate, ya muy encendido en España, sobre si deben bajarse impuestos -como ha hecho Andalucía, asegurando que su fin es recaudar más- o si por el contrario se debe restringir la capacidad de las comunidades autónomas para competir fiscalmente entre ellas -como ha defendido el ministro Escrivá-. Lo que sí recuerdan es que el país necesita que sus ingresos sean altos para poder abarcar los gastos que van a presentársele.

Es decir, que no opinan sobre la decisión de Juanma Moreno, pero sí recuerdan que los ingresos de los impuestos "son muy necesarios" en medio de toda la polémica. El gasto en pensiones, recuerdan, se disparará en enero porque deberán subir lo mismo que el índice de precios al consumo (IPC) medio de 2021, y las medidas para contribuir a que los más vulnerables hagan frente al incremento de los precios también exigirá un esfuerzo.

En esa misma línea, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, igualmente criticó en la noche del miércoles la decisión de Juanma Moreno. Aseguró que la carrera por bajar impuestos en un momento como el actual adolece de "falta de responsabilidad" que me llama mucho la atención, sobre todo en un momento en el que la situación económica perjudica sobre todo a "los colectivos más vulnerables".