La OCDE apuesta por abandonar las políticas de subvención de los precios de la energía, que son insostenibles desde el punto de vista presupuestario e injustas desde el punto de vista social, para privilegiar las ayudas a los grupos de rentas más bajas.

En un informe publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pide que cesen las políticas para contener los precios de la energía, que, sobre todo, están contribuyendo a subvencionar los combustibles fósiles, cuando precisamente la gran prioridad internacional es reducir su uso por razones climáticas.

Critica las medidas de control de precios o los topes por debajo del precio de mercado, porque, aunque son relativamente fáciles de aplicar, acaban beneficiando a los que más energía consumen, que suelen ser los que tienen más recursos.

Además, perturban el mensaje que dan unos precios elevados a los consumidores de que hay que ahorrar energía y abandonar los combustibles fósiles.

Y, por si fuera poco, pueden afectar seriamente a la cadena de aprovisionamiento energético, al desalentar las inversiones en nuevas infraestructuras y generar problemas de escasez.

Subvenciones con efecto temporal

Los autores del informe admiten que las medidas para limitar la escalada de subidas de la energía pueden "temporalmente" contener las presiones inflacionistas.

Pero advierten, a continuación, de que no permiten que la demanda se ajuste a las restricciones de la oferta, y eso puede agravar los problemas de escasez y traducirse, en realidad, en inflación futura.

Por esa misma razón, las reducciones de los impuestos a la energía, que se han utilizado de forma muy amplia sobre todo en Europa con el IVA (se cita, entre otros, el caso de España), alteran la señal de los precios y reducen los ingresos fiscales.

Y no está garantizado que esas rebajas impositivas se trasladen en la misma medida a los precios.

De acuerdo con los datos compilados en 89 países implicados en el informe, el costo fiscal de los dispositivos para contener la crisis energética entre octubre de 2021 y diciembre de 2022 se ha evaluado en 246.000 millones de dólares, de los cuales 169.000 millones han ido directamente a subvenciones para los combustibles fósiles.

Para darse cuenta de la magnitud de esa cifra, la OCDE compara el dinero público adicional que se ha puesto en 15 meses para subvencionar esos combustibles causantes de efecto invernadero con los 201.000 millones de euros que recibieron en todo 2019 o con los 182.000 millones de 2020.

Ayudar a los grupos vulnerables

En lugar de eso, la OCDE aconseja a los gobiernos que den ayudas de forma selectiva a los grupos más vulnerables y que, en paralelo, se desarrollen modos de transporte y fuentes de energía alternativos.

"Aunque las ayudas a los ingresos siguen teniendo un costo fiscal -señala-, una mejor selección de las medidas puede permitir una respuesta política más sostenible si los precios siguen siendo altos".

Sin embargo, se trata de una medida compleja para ponerla en práctica, porque requiere bases de datos en las que se pueda identificar a los beneficiarios.

Y eso es algo que puede faltar en países que no tienen un sistema social muy desarrollado o en los que resulta difícil alcanzar a los más necesitados cuando hay un alto nivel de informalidad o falta capacidad institucional.

El conocido como el "Club de los países desarrollados" pone el acento en que, en el actual contexto geopolítico, hay que favorecer las sinergias a medio plazo entre las políticas climáticas y las de seguridad energética.

Eso significa, una vez más, una renuncia a las intervenciones sobre el precio, sustituyéndolas por mecanismos para ayudar a las familias vulnerables ante los choques de precios con medidas de ahorro y acelerar la transición a energías limpias.

Algo que se puede hacer premiando las mejoras en eficiencia energética y adaptando las redes y las infraestructuras a las tecnologías con cero emisiones de carbono.