Un impuesto a las grandes fortunas, que obligue a arrimar el hombro a los que más tienen en un momento especialmente delicado por la crisis energética y la disparada inflación. Temporal, pero que entrará en vigor en enero de 2023, antes de las elecciones de final de año.

Es el anuncio que hizo el jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en respuesta a la decisión del presidente de la Junta de Andalucía de suprimir el impuesto sobre el patrimonio en la región. El movimiento ha generado una gran controversia y reacciones de todo tipo por parte de los líderes de las comunidades autónomas, que a día de hoy pueden decidir si bonifican o no este tributo.

A continuación, todo lo que conocemos hasta ahora sobre el "impuesto Montero", impuesto a los ricos o impuesto a las grandes fortunas que el Gobierno está diseñando.

Un gravamen para millonarios con un tipo bajo

Los detalles que se conocen hasta ahora sobre el futuro impuesto son muy escasos. Que entrará en vigor en enero de 2023, que no alcanzará a más del 1% de la población, que irá dirigido a los más ricos y que será temporal. Hasta ahí las certezas.

La letra pequeña se conocerá en los próximos meses, pero los expertos tienen ya sus aproximaciones. El economista y experto en fiscalidad Ignacio Ruiz-Jarabo cree que gravará a los patrimonios superiores al millón de euros o a los dos millones, para cumplir con el propósito que ha marcado el Gobierno.

Y asume que el tipo impositivo que se marcará será necesariamente uno bajo, de no más del 1%. Si el tributo cumple estas características, el economista le augura una recaudación baja, de unos 300 o 250 millones de euros, es decir, que supondría no más del 1% de los ingresos actuales del Estado.

Es así puesto que en todo 2021 la recaudación tributaria total de España fue de 223.382 millones de euros, su máximo histórico. En cambio, los técnicos de Hacienda calculan que podría recaudar algo más, unos 1.000 millones, en una cuenta aproximada que elaboran en base a lo que no se está ingresando por las bonificaciones de Madrid.

Otra opción distinta a que grave según patrimonio sería que tenga en cuenta el impuesto sobre la renta u otros factores. Actualmente en España hay 11.000 personas que declaran ganar más de 600.000 euros anuales, según los últimos datos públicos de la Agencia Tributaria (de 2020).

Sustituirá al de patrimonio allá donde este está bonificado

Otra sospecha que expresan tanto el experto como los técnicos de Hacienda es que el impuesto ejercerá de sustituto del de patrimonio allá donde este esté bonificado. Ambos opinan que lo más probable es que se centre en el patrimonio de los españoles, y, de ser así, deberá cuidarse de no caer en la doble imposición, de no cobrar a los contribuyentes dos veces por el mismo concepto.

Por eso, entienden que el impuesto a las grandes fortunas gravará a los mayores patrimonios según se establezca, pero de él podrá descontarse lo que ya se haya abonado en concepto de impuesto sobre el patrimonio propiamente dicho. De esta manera, la nueva figura ejercerá de facto de impuesto de patrimonio en aquellas comunidades autónomas en las que sus contribuyentes a día de hoy no tengan que pagarlo, es decir, en Madrid y Andalucía, y quizá también Murcia a partir del año que viene.

Una forma de evitar centralizar impuestos

El secretario general del sindicato de los técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, ha explicado en Cinco Días que ellos también creen que el gravamen restará capacidad normativa a las comunidades autónomas. De esta manera no será necesario suprimirlo, ni tampoco centralizar, controvertida idea por la que abogaba esta semana el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Sobrevolaba la idea de que el PSOE podría estar preparando una vía legal para conseguir armonizar el impuesto sobre el patrimonio y también el de sucesiones, como le aconsejó que hiciera de el grupo de expertos que redactó el Libro Blanco para la reforma fiscal. Pero quitar esa competitividad fiscal a las comunidades autónomas podría traer problemas en los tribunales. La misma Isabel Díaz Ayuso ya anunció que evitará a través de los jueces que el Gobierno imponga la tributación por patrimonio en la región.

De esta manera, el Gobierno podría estar consiguiendo el mismo objetivo pero sin tener que tocar el derecho de las comunidades autónomas a la autonomía financiera, que está en la Constitución. "La cuestión es que la recentralización obligaría a cambiar esa ley que desarrolla esa autonomía financiera. ¿Se puede cambiar una ley orgánica? Si hay una mayoría absoluta sí, pero, ¿hasta dónde la modifico y hasta dónde estoy cambiando la configuración del Estado? En mi opinión sería romper uno de los consensos básicos de la democracia, y eso políticamente tiene una dimensión tremenda", opina Ruiz-Jarabo.

Inspirado en los impuestos a la riqueza de otros países

Los críticos del impuesto sobre el patrimonio argumentan que España es una isla, el único país de los Veintisiete de la Unión Europea donde aún existe. Pero en muchos otros países ha sido sustituido por otro tipo de tributos en los que podría estarse inspirando el Gobierno para diseñar esta nueva figura.

En Francia, desde 1989 existía el impuesto de solidaridad a la fortuna (ISF) francés, que el presidente Emmanuel Macron acabó suprimiendo y convirtiendo en un impuesto a la fortuna inmobiliaria (IFI). Se aplicaba a las personas físicas sobre su patrimonio, desde 2011, superior a los 1,3 millones de euros. Después, cuando fue sustituido por el IFI, quedan gravados los particulares para los que el valor neto de su patrimonio inmobiliario pase de 1,3 millones de euros.

La tendencia en Europa es eliminar los impuestos sobre la riqueza. Pero aún así, según explican en El Español, quedan tres países de la OCDE (los países ricos) que aplican impuestos sobre el patrimonio neto individual: Noruega, Suiza y España. En Noruega es del 0,95% sobre aquellas riquezas que superen los 170.000 euros, aunque si estas superan los 20 millones el tipo asciende hasta el 1,1%, y en Suiza, los tipos dependen entre los cantones, pero cubre tanto propiedades en el país como en el extranjero.

Una concesión inesperada a Podemos

El impuesto a las rentas altas lo anunció Montero esta semana, y ha supuesto una sorpresa para Podemos. Desde la formación morada aseguran que desconocían la noticia. El asombro es mayor, si cabe, puesto que su socio de Gobierno, el PSOE, votó en contra de una propuesta parecida hace tres meses.

Alineando su voto con el PP y VOX, el partido de Pedro Sánchez rechazó en junio el planteamiento de Podemos de crear un impuesto para quien tuviera más de 10 millones de euros, con diferentes tramos y tipos del 3,6 al 5%. Hasta esta semana.

Los únicos dentro de Unidas Podemos que no se han mostrado sorprendidos por la iniciativa de Montero han sido los miembros del equipo de Yolanda Díaz. "¡Cómo no íbamos a saberlo si la propuesta era nuestra", aseguran fuentes cercanas a la vicepresidenta a la redactora de este periódico Cristina de la Hoz.

En cualquier caso, durante los próximos meses la atención se centrará en la letra pequeña del impuesto y en su alcance, ya que desde Hacienda no cuentan por ahora con un cálculo de cuánto podrían recaudar con la nueva figura. Y, de fondo, la reforma fiscal que debe aprobarse en el primer trimestre de 2023. No parece que en el departamento de Montero vayan a tener un fin de año tranquilo.