La llegada de los fondos europeos de recuperación no está yendo todo lo rápido que debería. Las trabas burocráticas y el salto entre los diferentes niveles de la administración pública están frenando la entrega del dinero al tejido productivo.

Una gran parte, casi 3.500 millones, es la destinada a la rehabilitación de viviendas para mejorar su eficiencia energética. Pero el temor en el sector es que la dispersión territorial de las convocatorias, el alza del precio de los materiales y el efecto de la inflación sobre los particulares acabe atascando el reparto y la ejecución de las obras.

Frente a un único sistema, son los diferentes gobiernos regionales quienes deben convocar las ayudas. Y la mayor parte de ellos no lo ha hecho hasta este verano. "Nosotros creemos que lo óptimo era tener un modelo nacional, aunque se controle desde las Comunidades autónomas. Pero no ha sido así y ya se ha perdido un año", dice Sebastián Molinero, presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac).

"Los fondos están llegando a la Administración y, parte de ellos, a las Comunidades Autónomas, pero apenas están llegando a las entidades locales ni a las empresas", dice Mariano Sanz, secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). "Eso significa menos actividad y, si llegados los plazos, no se han cumplido, hay que devolver el dinero", advierte.

Unido a eso, preocupa que no haya una buena comunicación de la importancia y el volumen de los fondos disponibles destinados a la rehabilitación de un parque de viviendas. En nuestro país tiene ya una antigüedad media de 48 años y hay una escasa cultura rehabilitadora. "El 83% de las viviendas en España son de baja calidad en cuanto a aislamiento energético", dice Molinero.

Un reciente informe de Fedea expresa preocupación por la poca agilidad en la ejecución de las inversiones. Según el estudio del think-tank, hasta julio de 2022 se habrían puesto en marcha fondos equivalentes al 46,3% del total de los más de 69.000 millones contemplados en el plan de recuperación, aunque los pagos a los destinatarios finales de las ayudas o a las empresas ejecutoras de las inversiones licitadas se quedaría en apenas un 20%.

En tercer lugar, en el sector de la rehabilitación ven como un problema que la inflación está reduciendo la capacidad de gasto de los hogares. Acometer obras de rehabilitación no es precisamente una intervención sencilla, mucho menos en una comunidad de propietarios donde se necesita el acuerdo de sus integrantes. Basta, eso sí, con que una mayoría dé su visto bueno para que se tengan que ejecutar unas obras que pueden consistir tanto en mejoras de aislamiento térmico, como cambio de ventanas o sistemas de climatización.

"Prácticamente cualquier obra que se realice en una vivienda va a conseguir ahorros energéticos del 30%, por lo que va a tener una deducción del 60%", explica. Se trata de subvenciones que no son consideradas como ingresos. Pero si el Gobierno "no lo cambia en diciembre de este año, la deducción desaparece", avisa. "Es crítico que las deducciones se amplíen un año más, porque el plazo para generar demanda termina en diciembre de 2024", apunta. Una vez aprobados esos proyectos dentro del plazo fijado, hay de plazo hasta 2026 para su ejecución.

La subida generalizada de los precios, que provoca una alza de los costes pero también una mengua de la capacidad de gasto de los hogares, puede tener su repercusión en la ejecución de los fondos que reparte el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La principal diferencia entre las Comunidades es que algunas adelantarán la mitad del dinero de los proyectos, lo que contribuirá a impulsar las obras.

"Es un momento delicado porque la preocupación que tenemos todos es claramente otra (en referencia a la inflación)", reflexiona Molinero. Pero la clave para el sector es hacer entender que "estamos ante una oportunidad única". "Dentro de ocho años lo van a tener que hacer y no va a haber un paquete de ayudas tan brutal como este", añade. En países de nuestro entorno como Francia, se está prohibiendo alquilar viviendas de muy mala calificación energética.