Casi la mitad del nuevo presupuesto elaborado por el Gobierno se empleará en pensiones. En concreto, un 41,8% del total irá destinado a estas prestaciones. Es casi cinco puntos más de lo que las pensiones representaban de las cuentas públicas del año pasado (37%).

PSOE y Podemos se alinearon finalmente en la madrugada de este martes y cerraron unos Presupuestos Generales del Estado para 2023 que ayer aprobó el Consejo de Ministros, y que pronto llevarán al Congreso de los Diputados con el objetivo de conseguir el visto bueno de la cámara antes de que termine el año.

En las cuentas públicas, se entiende que la economía española este año terminará creciendo un 4,4%, una décima más de lo previsto hace unos meses, por el buen comportamiento de la actividad pese a las complicaciones que están derivándose de la guerra en Ucrania, sobre todo en materia energética. Para el año que viene, estiman un avance del 2,1%, seis décimas por debajo de lo estimado hasta ahora.

La inflación llevará a subir las pensiones un 8,5%

Los presupuestos no incluyen -nunca- pronósticos de inflación, aunque el Gobierno ya estima que terminará en torno al 8,5% -dato del IPC medio de todo el año, en comparación con el año anterior-, porque esa es la cifra en la que espera revalorizar las pensiones para que no pierdan poder adquisitivo. Ya no quedaban dudas, pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, volvió a recalcar lo que el Ejecutivo en su conjunto viene afirmando durante los últimos meses: que por mucho que esta actualización de las prestaciones dispare el gasto, no se dará marcha atrás a la ley aprobada el año pasado.

"Este Gobierno revalorizará las pensiones con el IPC", recalcó Montero, apuntando también que la hucha de las pensiones volverá a llenarse gracias al mecanismo de equidad intergeneracional -la nueva fórmula aprobada por Seguridad Social para garantizar la sostenibilidad del sistema y que implica aumentos de las cotizaciones sociales para rellenar el fondo de reserva-. Así, ha remarcado que esta decisión no aumentará el déficit de la Seguridad Social.

Entre esa revalorización con el IPC y el incremento del número de pensionistas, el Gobierno calcula que el gasto en pensiones aumentará un 11,4% en 2023. Ese dato, sin embargo, aún podría variar porque estará sujeto a cuánto avance la inflación en octubre y en noviembre, ya que el dato que se tomará para actualizar las pensiones será la variación media interanual de los precios de noviembre de 2021 y noviembre de 2022.

Casi 191.000 millones para pensiones

En cualquier caso, por ahora el gasto previsto en pensiones para este próximo año es de 190.687 millones, 20.547 más que los 170.140 millones que se emplearon el año pasado, un 12,08% más si se hace una comparación directa. Así aparece en los cuadros que presentó ayer Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde no compartió los detalles de las cuentas, que no se publicarán hasta que la propia ministra no las presente en el Congreso, previsiblemente la próxima semana.

Las cifras contrastan con lo que se dedicará a otras partidas: un 1,2% a sanidad, un 0,9% a educación o un 0,3% a cultura. A justicia se destinará un 0,5%, a defensa un 2,7%, a seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias, un 2,3%, y a política exterior y cooperación para el desarrollo, un 0,5%, aunque hay que tener en cuenta que gran parte de estas carteras están transferidas a las comunidades autónomas.

En cambio, lo que el Estado invertirá en desempleo será un 4,7% del presupuesto total (el año pasado era un 5%). En total, 21.278 millones. Estas cifras vienen determinadas por que el Gobierno espera que la tasa de paro este año termine en el 12,8% y que la media del año que viene se sitúe en el 12,2%, como también se recoge en las cuentas públicas. Actualmente la tasa de paro de España es del 12,6%.

La de desempleo es la partida más cuantiosa de todo el presupuesto que se ha aprobado, después de la de transferencias a otras administraciones públicas (14,5), de los servicios de carácter general (5,7%) y del pago de la deuda pública (6,9%). A este último fin se prevé dedicar el próximo año 31.275 millones de euros, un 3,6% más que los 30.175 millones de 2021.