El número de obras públicas que se quedan sin una empresa que las quiera ejecutar no para de crecer ante la subida constante del precio de los materiales. El sector denuncia que el sistema de revisión de precios diseñado por el Gobierno no funciona en el 95% de los casos. Según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), desde septiembre de 2021 se han quedado 1.939 obras desiertas, por valor conjunto de 882 millones de euros.

"Y a esto hay que sumarle las obras que se están paralizando, ralentizando o abandonando", ha avisado el presidente de la organización, Pedro Fernández Alén, durante la presentación de un estudio realizado en base a los datos aportados por las organizaciones a nivel autonómico.

Los tres reales decretos que hasta ahora ha aprobado el Ejecutivo central para esta problemática están funcionando únicamente para obras de gran envergadura, de larga duración y para una tipología concreta. Se ven beneficiadas las que licita el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y, sobre todo, Adif y la dirección general de Carreteras.

Pero las pequeñas y medianas empresas no están viendo cómo el sistema de revisión de precios pone solución a un problema que afecta a equipamientos como hospitales o escuelas. El importe medio de las obras desiertas es de 448.000 euros. "Con una fluctuación tan importante del precio de los materiales, prefieren no arriesgarse", dice Fernández Alén.

Viendo que el sistema de revisión de precios no funcionaba bien, varias Comunidades Autónomas intentaron ir más allá que la normativa estatal. Pero según la CNC, la amenaza del Gobierno central de llevarles al Tribunal Constitucional ha hecho que hayan abandonado sus disposiciones autonómicas y hayan vuelto al sistema de revisión de precios del Estado.

En el sector privado, donde no existe el corsé de la Administración pública, se está imponiendo el pacto entre promotores y constructores para seguir adelante con los proyectos. No obstante, también se están produciendo retrasos e, incluso, se está llegando a devolver el dinero adelantado por los compradores ante la imposibilidad de seguir construyendo al precio inicialmente pactado.

La revisión actual solamente afecta a trabajos que se ejecutan durante 2021 y 2022, no contempla los sobrecostes energéticos y apenas se fija en cuatro materiales. Aunque la patronal reconoce tener una interlocución fluida con Transportes, sí confiesa "más dificultades" con departamentos como los de Hacienda o Economía, que es de quien depende en definitiva cambiar la normativa. "Si seguimos así y se paran las obras, el problema es importante", concluye Fernández Alén.