Los departamentos comerciales de las empresas gasistas y eléctricas llevan meses frenéticos. Con la subida del precio de la luz y del gas, las compañías han ido lanzando ofertas agresivas para que los clientes se cambien de empresa con el fin de ahorrarse un buen puñado de euros.

De hecho, fuentes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) explican a este periódico que las consultas a su comparador de ofertas se ha incrementado de manera notable ante “la inestabilidad en mercados tan importantes” como el del gas y la electricidad.

Además de la volatilidad y de las ofertas agresivas que han lanzado las compañías para llevar al cliente al mercado libre en la electricidad (ambas partes llegan a un acuerdo y fijan un precio determinado del kilovatio en electricidad y gas) la tendencia de usuarios que optan por la tarifa regulada en el gas es cada vez mayor.

“Cada semana nuestros departamentos comerciales reciben muchas llamadas y consultas en la oficina para cambiarse a la tarifa regulada del gas. El precio es mejor y nosotros (empresa energética) no podemos ofrecerles mejores números porque el gas que adquirimos es muy caro”, indican fuentes del sector a este periódico.

En la actualidad, habitan en el mercado regulado unos 1,6 millones de clientes, pero el sector espera que esa cifra se dispare según se adentre el invierno. Además, tal y como rezan los derechos de los consumidores, los clientes que quieran irse del mercado libre al regulado podrán hacerlo sin coste alguno siempre y cuando se avise con quince días de antelación. Los cálculos del sector atisban que a finales de este invierno la cifra actual se duplique ante la inestabilidad en los precios.

El Gobierno, ante la subida de precios en el gas, decidió limitar los incrementos en sus revisiones en la tarifa de último recurso. Desde octubre de 2021, la subida trimestral de las tarifas de último recurso de gas (TUR 1, 2 y 3) está limitada a una variación máxima del 15% en el coste de la materia prima. O lo que es lo mismo un 5% en el coste final.

Pongamos un ejemplo del ahorro que supone para un cliente de gas si se marcha a la tarifa de último recurso. Un usuario con un consumo de 6.000 kwh por año en la tarifa regulada paga 517,07 euros y ese mismo en la libre, en el mejor de los casos, abona un total de 986 euros. Es decir, que dependiendo de estar en una u otra modalidad el coste puede duplicarse.

Cambios con menos penalizaciones

Además de los cambios que se producen del mercado libre al regulado por el mejor precio que ofrece la segunda, el Gobierno ha introducido modificaciones para salvaguardar los derechos y la protección de los consumidores.

La principal modificación del Ejecutivo es la menor compensación que tendrán que asumir los clientes que estén en la tarifa regulada y quieran salirse de la misma. Tal y como explican fuentes del Ministerio de Transición Energética, “las comercializadoras imponían cláusulas abusivas e inasumibles para los usuarios en caso de rescisión” y por esa razón el Gobierno ha entrado de oficio.

Así, aquellos consumidores con derecho a acogerse a la tarifa de último recurso, y siempre que, a causa del consumidor, se rescindirá su contrato antes de iniciada la primera prórroga, la penalización máxima por rescisión de contrato no podrá exceder el 5% de la facturación prevista por el término variable de energía, que se calculará mediante la multiplicación del precio del contrato en el momento de su rescisión por la energía estimada pendiente de suministro.

Fuentes del sector energético remarcan a este periódico que este punto del Real decreto tiene como intención no “penalizar al cliente”, una vez que los precios del gas vuelvan a sus cifras antes de la guerra en Ucrania, y puedan marcharse al mercado libre puesto que, tradicionalmente, siempre ha ofrecido precios muy atractivos.

Además, en la actualidad se establece como causa de resolución de los contratos, de aquellos consumidores con consumo anual inferior a 50.000 kWh/año, la solicitud de baja o de cambio de comercializador por parte del usuario. Sin embargo, no se hace referencia expresa a lo que debe ocurrir con los servicios adicionales al propio suministro de gas que pueda tener contratado el consumidor y que pueden comprender, entre otros, el mantenimiento de las instalaciones.

A través de la modificación del citado real decreto se establece la obligatoriedad de rescindir los servicios adicionales contratados a la vez que la rescisión del suministro, salvo que el consumidor indique expresamente lo contrario, reforzando la protección del consumidor ante cambios de comercializador.

Ribera reprende a las eléctricas

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pidió a las comercializadoras eléctricas evitar "comportamientos poco responsables y obstruccionistas" a la hora de facilitar el bono social a las familias que cumplan los requisitos y ha afirmado que el Gobierno lo vigilará "de cerca".

"Esto hay que vigilarlo de cerca, porque no queremos comportamientos poco responsables o comportamientos obstruccionistas por parte de estas compañías, que dificulten el acceso a estos beneficios"