La sombra de una nueva huelga de camioneros se cierne sobre el Gobierno de España, y en particular, sobre el Minsterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que lidera Raquel Sánchez. "Por la situación que tenemos, a no ser que haya una reacción inesperada y muy positiva que sirva para que podamos trabajar por encima del precio de costes, habrá huelga", sentencia en conversación con El Independiente Rafael Alamillo, miembro de la junta directiva de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, la asociación que agrupa principalmente a transportistas autónomos y que ya convocó la huelga del pasado marzo que puso en jaque la cadena de suministros.

"El lunes 7 de noviembre sabremos si nuestros socios han dado el visto bueno al paro, pero la situación es insostenible. El sector no aguanta más parches, estamos mucho peor que en marzo", lamenta Alamillo. Los motivos que lastran la supervivencia de los cargadores autónomos son los mismos que engrosan la cuenta de "las grandes operadoras como DHL o XPO Logistics", denuncian los camioneros. Desde la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte consideran que el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, "es inútil si no se controla la aplicación de la norma que obliga a los cargadores a pagar precios que cubran los costes del servicio".

La sensación de abandono a los transportistas autónomos por parte del Ministerio de Transportes ha sido el culmen para la amenaza de huelga, tal y como explica Alamillo: "Denunciamos casos en los que las grandes operadoras no cumplen la ley y no recibimos respuesta. El Ministerio no nos escucha. Además, estos gigantes de la logística meten en una lista negra a los que han transmitido estas quejas y no les dan trabajo. Son coacciones para meter miedo que funcionan porque el Ministerio no se pone de parte del transportista pequeño".

El representante de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte destaca que la dimensión de las sanciones, pequeñas, y los contratos de larga duración que "prácticamente imponen" las operadoras a los cargadores debilitan el Decreto. Alamillo alude a que estas empresas funcionan ahora con contratos de larga duración a los conductores autónomos para evitar sanciones: "Esto no ha pasado en la vida y lo que consigue es que se firmen contratos que el transportista firma porque no tiene escapatoria, pero al poco tiempo los gastos han cambiado y el pago es inferior a los costes de servicio, aunque sobre el papel sí y con eso se protegen los gigantes ante los cargadores".

Trabajar a pérdidas

Según explica Alamillo a este diario, el Observatorio de Costes del Ministerio de Transportes cifra el coste de rodamiento de los camiones a aproximadamente 1,7 euros por kilómetro, mientras que las grandes operadoras lo están pagando a 0,9 euros, el resultado: una cuenta negativa de "unos 70 céntimos por kilómetro" contra la que carga Alamillo, "Entendemos que el lobby de la logística está presionando al director general de transportes (Jaime Moreno García-Cano) y al Ministerio para que no se lleve a la práctica el Decreto y así sus ganancias permanezcan intactas, mientras que los transportistas autónomos no pueden sostenerse. Estas compañías inmensas quieren globalizar para enriquecerse y destruir al autónomo. Un chófer está ganando más que un asalariado con un camión propio, es insostenible".

El miembro de la junta directiva de la Plataforma subraya que el momento que atraviesan los transportsitas es incluso más negavito que en marzo y que lo que se tomó como solución en aquel momento no tuvo un efecto real. "Hubo un mes en el que fuimos más o menos bien porque la gente se iba defendiendo por la acumulación de la mercancía en los almacenes. Cuando todo se normalizó los operadores volvieron a bajar los portes. En el último mes ha caído el trabajo y las tarifas, mientras que el diésel sube. En conclusión, estamos bastante peor que en marzo. O esto cambia o tendremos que dejar nuestros camiones aparcados y desapareceremos", sentencia Alamillo.

El pulso de los transportistas es que "el Gobierno lo puede remediar y no está en ello". Asimismo, Alamillo puntualiza que esta agonía no es exclusiva de los transportistas y que también debilita la labor de ganaderos y agricultores. "Al final la gente va a dar la espalda y entonces veremos qué pasa". Mientras, las previsiones de la Plataforma auguran "un futuro asfixiante para los transportistas autónomos en el primer trimestre de 2023".

La Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, que carece de representatividad suficiente para sentarse en los órganos de participación de sector y con el Gobierno, critica que el Comité Nacional Transporte por Carretera (CNTC) y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) -que están subvencionados por el Gobierno- "no defiende a quien hay que defender, a los transportistas, y así es muy difícil solucionar los problemas del transporte". Las peticiones de la Plataforma tienen como base emular la normativa francesa, donde, como cuenta Alamillo, las condiciones respaldan la persistencia de los pequeños transportistas porque "solo hay un sindicato de transportistas y es muy potente, ya que atiende las verdaderas necesidades del sector". Entre estas necesidades, los transportistas no sitúan el aumento de la carga máxima a 44 toneladas o los peajes para finales del año próximo: "Todo es imponer y no actuar para atajar los problemas reales del transporte. El resultado es destruir a los cargadores más pequeños", concluye Alamillo, que asevera que "la infraestructura a nivel nacional de inspectores de transporte, que es la manera de meterle mano a los grandes operadores que son los auténticos chorizos y que nos están quitando dinero de nuestro trabajo, es prácticamente inútil".