Se acabó la tregua. Después de dos años en los que las reglas fiscales europeas han estado suspendidas por la pandemia, ha llegado el momento de volver a exigir a los Estados miembros que reduzcan su déficit y su deuda en pro de la estabilidad fiscal.

Este miércoles, la Comisión Europea presentará su propuesta para reformar estas reglas fiscales, que muchos consideran obsoletas, y sustituirlas por un nuevo marco. Lo harán el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, y el vicepresidente de la Comisión, también titular de la cartera de Comercio, Valdis Dombrovskis, pero su planteamiento no será inamovible: después, los Veintisiete habrán de ratificarlo o modificarlo en el seno del Consejo Europeo.

Así lo han confirmado fuentes comunitarias a este medio, que han emplazado a esperar al miércoles para conocer cuáles serán los detalles de la propuesta. Sin embargo, según pudo saber este periódico, la Comisión ve con buenos ojos la idea de establecer un límite de gasto por país, en línea con lo que España y Países Bajos propusieron en el Eurogrupo de abril, aunque de manera un tanto difusa. Ahora, el cambio podría incluir planes fiscales y límites de gasto nacional con cuatro años de duración, extensibles si se cumplen una serie de reformas, así como otras sanciones, más reducidas.

A día de hoy, las reglas fijan en el 3% el límite máximo del déficit que un Estado miembro puede alcanzar y al 60% el de la deuda pública, siendo este el marco común para todos los socios. Pero en 2020 se suspendieron -formalmente, se activó la cláusula general de salvaguarda-, permitiendo a los países gastar lo necesario, sobrepasando los citados objetivos de déficit y deuda, para hacer frente a la crisis del coronavirus.

Por eso, este año, España prevé que el déficit alcance el 5% sobre el PIB, dos puntos por encima de lo habitualmente permitido, y que la deuda se sitúe en el 115,2% del PIB, casi el doble de la referencia, algo que con las normas vigentes y de no ser por la excepcionalidad del covid no estaría permitido. De hecho, en 2020 el déficit alcanzó el 10,09% del PIB y la deuda el 120%, aunque para valorar estas cifras hay que tener en cuenta que la economía española fue la más perjudicada de la zona euro.

Para 2023, todo según los cálculos del Ejecutivo, se buscará recortar el déficit hasta el 3,9% del PIB y la deuda hasta el 112,4%, todavía por encima de lo establecido a día de hoy en las reglas. Las previsiones de déficit del Gobierno no llegan más allá, pero sí las de deuda, que continuará reduciéndose hasta alcanzar el 110,9% del PIB en 2024 y el 109,7% en 2025, según figura en el cuadro macroeconómico que manejan Calviño y Montero.

El problema de esas reglas fiscales y del Pacto de Estabilidad es que realmente nunca se cumplió, tampoco en los buenos tiempos. Se establecieron sanciones, pero jamás se aplicaron, sin importar el grado de incumplimiento de los países. Ese contexto y la situación excepcional de la pandemia han llevado a los Estados a valorar si introducir cambios y de qué forma. El año pasado, la Comisión sopesó continuar o no con la cláusula de salvaguarda dependiendo del estado de la economía, según criterios cuantitativos, pero finalmente no se llegó a una decisión.

El diseño de criterios fiscales para cada economía ha sido defendido por diferentes economistas en este periódico, pero la Comisión ha decidido guardar silencio sobre sus planes hasta esta semana. En general, los expertos han estado de acuerdo en necesidad de garantizar el apoyo fiscal que sea preciso hasta que la economía se recupere, aunque también coinciden en advertir de la necesidad de elaborar un plan para evitar que la deuda se dispare cuando la marea amaine. En concreto, la AIReF y el FMI han sido algunos de los organismos económicos que han pedido que el Gobierno elabore y publique una estrategia fiscal a medio plazo, que garantice un compromiso y una estrategia para restablecer las reglas.

La AIReF propone fijar un límite de gasto por legislatura

Hace un par de semanas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó su propia propuesta de reforma del marco fiscal. Su modelo incluye que cada Gobierno, al inicio de su legislatura, debería proponer un objetivo de deuda y una senda de gasto a medio plazo que se comprometa a cumplirla a lo largo de todo su mandato. La senda debía ser aprobada por el Congreso y también por las autoridades comunitarias, y serviría de referencia a lo largo de los cuatro años siguientes.

Entonces, la Autoridad cargó contra las reglas actuales, remarcando que le parecían "ineficaces" y que habían permitido que se aumente la deuda hasta niveles muy elevados y "nunca vistos". También criticó que no hayan conseguido que se diseñen políticas fiscales estables, porque todo ello ha disparado la vulnerabilidad de las economías incluso en tiempos de paz.

Según su propuesta, el objetivo de deuda y la senda de gasto que establecería cada gobierno podría modificarse a lo largo de la legislatura, pero solo en circunstancias excepcionales, y sería clave el coste político que tendría incumplir con esas promesas. Se trataría de seguir un modelo similar al esquema que ahora se utiliza para articular los fondos europeos ligados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que vincula la recepción del dinero al cumplimiento de unos objetivos que ellos mismos se han marcado y que la Comisión ha aprobado.

En una línea similar se pronunció el Banco de España la semana pasada, con su gobernador renunciando al control del déficit y deuda como principal vara de medir. Pablo Hernández de Cos exigió un marco de reglas "que garantice la sostenibilidad fiscal a escala nacional para el buen funcionamiento de la Unión Europea en su conjunto" y que, en su opinión, debería incluir "su simplificación a través del establecimiento de una regla de crecimiento del gasto público, con un ancla en la ratio de deuda sobre el PIB", como mantenía la AIReF.

Por su parte, el Gobierno ve importante que las reglas se adapten "a las realidades y necesidades de la pospandemia", en el sentido de "garantizar" que podemos tener "una senda de responsabilidad fiscal que sea compatible con el crecimiento económico, la creación de empleo y la inversiones de futuro", según ha asegurado este jueves la responsable de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.