El Ministerio de Trabajo rechaza hacer públicos tres informes que encargó a diferentes expertos sobre los efectos de subir el salario mínimo interprofesional (SMI). Documentos que en teoría otorgarían efectos positivos a los últimos incrementos de estos salarios, los más bajos del país, especialmente sobre la reducción de la pobreza. Uno de ellos sería el único que alertaría de los efectos que este alza ha tenido y podría tener a largo plazo en el empleo.

La información de estos documentos han llegado a cuentagotas y solo la Cadena SER y El País han escrito sobre estos informes. Según sus artículos, los informes estudian los efectos que provocó en el mercado laboral incremento del SMI de 2019, de 736 a 900 euros mensuales. Y todos concluyen que aumentar el salario base redujo la desigualdad salarial entre los trabajadores que lo recibieron, así como que la mejora también se extendió a los sueldos superiores, por un "efecto rebote".

La filtración de estos informes se ha producido en la misma semana en que se reúne el comité expertos que valorará cuánto debe subirse el salario mínimo en enero. Preguntados al respecto, desde la cartera de Yolanda Díaz aseguran no tener los documentos. Y no aclaran si publicarán en algún momento los informes. Uno de ellos está en su poder desde principios de año. "Nunca hago públicos ninguno de los montones de informes que pido", argumentó la ministra Díaz este septiembre en sede parlamentaria.

Esta postura ha soliviantado a diferentes economistas, que han criticado que Trabajo no publique estudios elaborados con dinero público y que van a utilizarse para implementar políticas públicas, y que lo decida así, posiblemente, al no favorecerle lo que en ellos se narra. Las críticas han aumentado tras conocerse que el Ministerio se ha negado a entregar el primer informe incluso tras un requerimiento del Consejo de Transparencia, ante una petición de un think tank catalán.

Los expertos también han expresado sus dudas sobre por qué uno de los informes analiza los efectos del alza del SMI en el empleo -con un resultado negativo- y los otros no, según lo publicado. "La implantación de buenas políticas basadas en evidencia es en el interés de todos", ha reclamado a los miembros del comité el profesor universitario y economista de Fedea Marcel Jansen. "No hemos conseguido encontrar los estudios ni las metodologías usadas. Es un tema capital en el país con más paro estructural de la UE, no se debería hacer política también con la ciencia", ha lamentado el economista y ex portavoz económico de Ciudadanos en el Congreso Toni Roldán.

Dos informes encargados tras uno negativo

Los tres informes ocultos han sido elaborados por la Fundación Iseak, dirigida por la economista Sara de la Rica; la Universidad Complutense y la Universidad de Alcalá de Henares. Pero no fueron encargados al mismo tiempo. Primero, el Ministerio realizó este encargo a Iseak, poco después de que el Banco de España emitiese uno propio alertando de la pérdida de 100.000 empleos. Y recibió los resultados en enero, aunque no se hicieron públicos. Sí trascendió que sostenía que indició negativamente en el mercado laboral, porque impidió que se creasen 28.800 nuevos puestos de trabajo.

Después, el Gobierno encargó los otros dos informes ya mencionados, más un cuarto, pedido al economista, profesor de la Universidad de Málaga y exdiputado de Podemos Alberto Montero Soler. Por eso, los economistas sospechan que podrían haber sido encargados para "contrarrestar" el discurso negativo del de Iseak.

Según El País y la SER, medios de comunicación del Grupo Prisa, el informe de Iseak también concluyó que mujeres y jóvenes que trabajaban en empresas pequeñas habían sido los más beneficiados, además de haber provocado un aumento generalizado de las rentas, pero sobre todo las más bajas, por lo que reduce desigualdad . Mientras, el de la Universidad de Alcalá y el de la Complutense, "más esquemáticos" según El País, destacan que gracias a la medida del Gobierno se redujo "sustancialmente" el porcentaje de hogares con una persona o más que cobra el SMI, o menos (Complutense), y que las personas con ingresos superiores al 60% del salario medio aumentó del 24 al 39% (Alcalá).

El Ministerio desoye el requerimiento de Transparencia

El Instituto Ostrom, que se autodefine como un think tank o centro de estudios liberal con sede en Barcelona, reclamó en marzo al Ministerio de Trabajo la entrega del primer estudio, el realizado por Iseak, al amparo de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El departamento contaba con el informe desde el mes de enero.

Según explican desde la institución, al rechazar el Ministerio su petición -alegando que el documento tenía la consideración de informe interno de carácter auxiliar, y que su acceso podría suponer un perjuicio para los intereses económicos y comerciales o afectar a la propiedad intelectual-, el Instituto interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia.

Dicho Consejo dio la razón al Instituto el pasado mes de septiembre. Según explican, el órgano encargado por velar por la Transparencia en España exigía al departamento de Yolanda Díaz que en diez días hábiles remitiese el estudio al solicitante, algo que a día de hoy no ha sucedido. Ahora, el think tank podría recurrir en los tribunales.

Para el Instituto, la publicación de dicho informe es de interés general para el ciudadano, ya que evalúa una política pública "de profundas consecuencias sobre la economía española". "De acuerdo con los principios de transparencia y buen gobierno; procede la difusión de la evaluación de políticas públicas que encarga el Gobierno", mantienen. Es una postura que han apoyado Ciudadanos y el PDeCAT en el Congreso de los Diputados.

El comité dará su veredicto en una semana

Es cuestión de unos días que ahora el comité de expertos dé su veredicto y decida cuánto debería subir el Gobierno el salario mínimo el próximo mes de enero. Una vez entregue este dictamen, el Ministerio de Trabajo convocará a los agentes sociales -a los sindicatos CCOO y UGT y a las patronales de empresarios CEOE y Cepyme- para negociar el alza. Las organizaciones sindicales están presionando para que llegue a los 1.100 euros mensuales, frente a los 1.000 actuales.