Objetivos de deuda por país, sendas que cumplir a lo largo de cuatro años y mecanismos de sanción más rápidos y eficaces. Son las claves de las nuevas reglas fiscales que la Comisión Europea ha presentado este miércoles, su propuesta para reformar las actuales con el objetivo de llegar a otras que sean más eficaces y apoyen la sostenibilidad y el crecimiento de los países miembro de la Unión Europea.

La pandemia ha empujado a que los Veintisiete disparen su deuda, dejando unánimemente de lado la urgencia de reducirla a unos niveles prudentes. Lo hicieron para poder impulsar sus economías en un periodo especialmente complicado y con el permiso de Bruselas, que les permitió activar "cláusulas de salvaguarda" con las que obviar las normas ahora vigentes, pero eso ahora debe cambiar.

Después de unos meses en los que se ha debatido si debían recuperarse las reglas fiscales -formalmente, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento- tal y como estaban antes de la pandemia, o si debían modificarse de alguna manera, finalmente esta última postura parece convencer más a la Comisión. Mejor unas más flexibles, ligadas también a reformas e inversiones -al igual que los planes de recuperación- y que se cumplan, a unas estrecheces que los países se salten sin ninguna repercusión.

"Estas orientaciones buscan asegurarse de que el nuevo marco es más simple, más transparente y más efectivo, con más implicación nacional y un mayor grado de cumplimiento, a la vez que permitirá llevar a cabo reformas e inversiones y reducir los altos ratios de deuda pública de una manera realista, gradual y sostenida", explican desde Bruselas. "De este modo, el nuevo marco deberá ayudar a construir una economía más verde, digital y resiliente para el futuro, a la vez que garantizará la sostenibilidad de las finanzas públicas de todos los Estados miembros", han añadido.

Cambios en las sanciones

A día de hoy, la disciplina fiscal vigente obliga a los Estados de la UE a respetar dos límites: uno, del 3% del PIB para el déficit público y otro de un 60% en la deuda. E incluían sanciones si estos niveles no se respetaban. Este año, España prevé que su déficit alcance el 5% sobre el PIB, dos puntos por encima de lo habitualmente permitido, y que la deuda se sitúe en el 115,2% del PIB. En el año de la pandemia el déficit alcanzó el 10,09% del PIB y la deuda el 120%. En la eurozona, la actual ratio de deuda pública en relación al PIB se sitúa en el 94,2%.

Pero más allá de las circunstancias excepcionales provocadas por el coronavirus, las sanciones nunca se han impuesto, lo que ha llevado a su descrédito. En ese sentido se pronunció hace unas semanas en España la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que propuso un sistema en la misma línea del que maneja la Comisión y también como el que había pedido el Gobierno, con más flexibilidad y que tuviese en cuenta las circunstancias de cada país.

Casi todos los Estados miembros en algún momento han roto las reglas"

Valdis Dombrovskis

La misma Bruselas ahora considera que el marco de gobernanza económica de la UE se ha vuelto "demasiado complejo y difícil de navegar", sobre todo porque "se basa en indicadores inobservables y retrospectivos". "Casi todos los estados miembros en algún momento han roto las reglas y el sistema se ha vuelto demasiado complejo. Los niveles de deuda y déficit son ahora bastante más altos que hace una década, algunos países tienen ratios de deuda por encima del 100% de su PIB", ha asegurado el vicepresidente de la Comisión, también titular de la cartera de Comercio, Valdis Dombrovskis, que ha comparecido en rueda de prensa junto al comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.

Hay que recordar que lo presentado hoy por el Ejecutivo comunitario son solo unas orientaciones, que se convertirán en una propuesta legislativa que después deberá pasar por el filtro de los estados miembros, por lo que aún podría verse modificada. La idea de avanzar hacia planes macrofiscales a medio plazo que establezcan trayectorias de gasto a lo largo de varios años, deberán así concretarse en los próximos meses.

El nuevo sistema tiene una gran vinculación con el funcionamiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ya que se contempla que los planes de los países incluyan compromisos de inversión y de reformas. "Cuantas más reformas se propongan, más gradual podrá ser la senda de reducción de la deuda", ha explicado en la misma rueda de prensa Gentiloni.

Los planes de los países en principio deberán plantear cuatro años de duración, pero podrían ampliarse otros tres años más, hasta los siete, si se respetan ciertos principios y se comprometen las mencionadas reformas e inversiones. El objetivo final será conseguir un acuerdo entre todos los Estados que, a la vez, mande un mensaje tranquilizados a los mercados.