Las reglas fiscales europeas estaban obsoletas. No solo eran difíciles de entender -exigían, por ejemplo, rebajar la deuda a un ritmo de un veinteavo al año, hasta llegar al objetivo del 60%-, sino también poco efectivas. Las sanciones que llevaban equiparadas nunca se aplicaron, ni siquiera en casos de incumplimientos muy flagrantes por parte de los países miembros. Si un Estado contaba con elevados niveles de deuda y déficit sobre PIB, asestarle un hachazo en forma de multa solo empeoraría más su situación, así que se tendió a hacer la vista gorda.

Ahora, el paréntesis forzado por la pandemia ha conllevado a repensar estas normas, el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La Comisión decidió dar permiso a los países que lo necesitaran para incumplir el compromiso de llevar el déficit al 3% del PIB y la deuda al 60%. Así podrían inyectar liquidez en sus economías, en un momento en que la actividad de las naciones frenó bruscamente porque casi todos los trabajadores estaban en casa, como consecuencia de las restricciones sanitarias que se impusieron para evitar una mayor expansión del mismo.

Conforme la situación sanitaria ha mejorado, la Comisión ha amenazado con recuperar las citadas reglas fiscales, pero finalmente se ha impuesto un contexto de negociación y diseño de una reforma del sistema, que el Ejecutivo comunitario dio a conocer este miércoles. Las nuevas normas, por ahora, solo son un conjunto de orientaciones propuestas por Bruselas, que ahora deberán negociar los Estados miembros en el seno del Consejo Europeo.

Los países llevan meses debatiendo hacia dónde debería ir el nuevo marco. Por eso España ahora está contenta: dice que el plan de la Comisión se parece mucho a la propuesta que el Gobierno de Sánchez negoció y presentó hace unos meses junto al de Países Bajos. Que es una propuesta "equilibrada", una "buena base de trabajo", como han asegurado desde el Ministerio de Asuntos Económicos. Las mismas fuentes afirman que España trabajará para "un avance rápido" de la reforma.

Como poco, el nuevo marco común da tiempo al Gobierno español. La economía nacional fue una de las más golpeadas por la pandemia, lo que llevó a elevar hasta niveles históricos el endeudamiento durante 2020, y considerablemente alto durante los ejercicios posteriores. El año de la pandemia el déficit alcanzó el 10,09% del PIB y la deuda el 120%. Después, ambos se han conseguido reducir varios puntos, hasta el 5% y el 115,2% sobre el PIB, respectivamente. Siguen siendo niveles muy superiores a lo que marcaban las reglas "anteriores".

Reducir los niveles hasta lo máximo permitido el próximo año era imposible para España, sobre todo en la situación actual de crisis energética e incertidumbre derivada de la guerra en Ucrania. La idea original era esta, desactivar la cláusula de escape general a partir de 2023, sin embargo, ya el año pasado España no contemplaba llegar a las cifras establecidas. En abril de 2021, preveía que ese año el déficit se situase ese ejercicio en el 8,4% del PIB, para reducirse hasta el 5% (2022), 4% (2023) y 3,2% (2024), progresivamente, durante los años siguientes.  

Ahora, el Gobierno mantiene esos cálculos, pero instituciones como el FMI y la AIReF ven difícil que las cumpla. La primera cree que España seguirá gastando mucho más de lo que ingresa a largo plazo, con el déficit manteniéndose por encima del 4% al menos seis años más. La AIReF, por su parte, considera que las medidas contra la guerra impedirán que el próximo año se reduzca el déficit, calculando que se situará en el 4,6%.

La Comisión Europea no maneja a día de hoy ningún plazo para que entre en vigor el nuevo sistema. Se tratará de un proceso más o menos lento según el grado de oposición que muestren los países. El tope al precio del gas se atascó y obligó a pactar a un acuerdo de mínimos, y los dispares niveles de deuda de los distintos estados hace prever desencuentros similares. España ha aprovechado para recordar que el acuerdo podría llegar durante su presidencia de la UE, que se prolongará entre julio y diciembre del próximo año.

Unas normas a imagen y semejanza de los fondos europeos

La Comisión ha defendido este miércoles su idea, asegurando que el nuevo marco es más simple, transparente y efectivo, que conseguirá que los límites se cumplan más y que por tanto los altos niveles de deuda pública se reduzcan. La idea es que, aunque se mantienen los niveles de referencia del 3 y el 60%, ahora cada país será quien proponga sendas de reducción de su gasto neto con cuatro años de margen y quien planteará cómo conseguirlo.

Si el país necesita más tiempo, podrá disponer de tres años más, pero solo si liga esa ampliación del plazo a realizar reformas e inversiones concretas que impulsen el crecimiento o la sostenibilidad fiscal. Bruselas se está inspirando aquí en el modelo que ahora rige el reparto de los fondos europeos para la salida de crisis de la pandemia, el de los planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por eso, no existen -ni existirán- niveles concretos a los que los países deberán llevar sus ratios de deuda y déficit sobre PIB. Los países proponen, la Comisión y el resto de Estados evalúan y autorizan o no esas sendas, y entonces los gobiernos deben cumplirlas.

Se tratará de un sistema mucho más flexible que el actual, pero también contará con sanciones más frecuentes. O al menos, es la intención. Este miércoles Bruselas no ha cuantificado ni concretado de ninguna manera estas sanciones, pero sí ha afirmado que serán más automáticas y de menor cuantía que las actuales. Durante los últimos años, países como Alemania, Países Bajos o Austria han criticado la falta de multas para los países más endeudados, como Grecia, España, Portugal, Italia o Francia.