La Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte mantiene la convocatoria de paro indefinido a partir del próximo lunes tras haber mantenido una reunión con representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) que no ha servido para alcanzar ningún acuerdo.

Subdirectores de la Dirección General de Transporte Terrestre se han sentado a la mesa con los directivos de la citada Plataforma en la sede ministerial, tras una solicitud realizada por carta hace unos días.

La amenaza de nuevos paros como los ocurridos en marzo, a las puertas de la campaña del black-friday y la navidad, ha reavivado el miedo a problemas en las cadenas de suministro. La principal reivindicación de loa plataforma, a la que están adheridos en su mayoría pymes y autónomos, es que no se está respetando el precio de coste por parte de los cargadores.

"Estamos en una situación agobiante como en marzo. Hemos pedido aumento de inspectores para que sean efectivas las inspecciones y un plan formal de inspección que demuestre que el cumplimiento de la ley se lleva a cabo por las autoridades competentes", ha explicado el líder de la Plataforma, Manuel Hernández, a las puertas del Ministerio.

En este sentido, ha pedido una contestación por escrito por parte del Ministerio que recoja compromisos "serios y firmados". De lo contrario, no desconvocarán las protestas.

El Gobierno aprobó en agosto una norma para impedir que los transportistas puedan trabajar a pérdidas. La convocatoria cuenta con el rechazo no sólo del Ejecutivo, sino de las asociaciones que forman parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), donde la Plataforma no está representada.

Desde las asociaciones de la cadena agroalimentaria, la industria y la distribución también se han mostrado contrarios a la celebración de unos paros que pueden tensar la cadena de suministro en fechas especialmente importantes para la logística. También se han mostrado en contra las asociaciones empresariales CEOE, Cepyme y ATA.

La Plataforma también ha pedido que se elimine de los contratos de carga la imposibilidad de denunciar al cargador en determinadas situaciones, y que el importe de las sanciones sea "ejemplar". Además, reclaman un aumento del número de inspectores, tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas.