El Ministerio de Trabajo finalmente ha accedido a liberar el informe que encargó a la Fundación Iseak sobre los efectos de la subida del salario mínimo de 2019, la mayor de la historia de España, de 735 a 900 euros mensuales. El think tank Instituto Ostrom planeaba llevar a los tribunales al departamento de Yolanda Díaz si no recibía el estudio pronto, después de que el Consejo de Transparencia obligase a ello al Ministerio en septiembre y este lo ignorase.

Previamente, Trabajo había rechazado dar a conocer este estudio, que tiene en su poder desde enero. La ministra Yolanda Díaz alegaba que esta es la manera habitual de proceder en el Gobierno, que suele encargar decenas de informes a expertos y utilizarlos de manera interna, sin divulgarlos. Así lo repitió este martes en una rueda de prensa, remarcando que "nunca" publica estos trabajos. Los autores del dossier, preguntados al respecto, alegaban que el Ministerio les había pedido discreción.

Pero el mismo martes y sin ninguna explicación pública por parte del Ministerio sobre su cambio de criterio, el centro de estudios catalán recibió el informe, y este miércoles la Fundación Iseak lo ha publicado. El organismo, dirigido por la catedrática de economía Sara de la Rica, ha celebrado en redes sociales poder compartir sus resultados: "Celebramos poder compartir públicamente nuestro #InformeIseak sobre el SMI", han tuiteado.

Las conclusiones del trabajo son dispares, puesto que revela que el citado incremento del SMI tuvo efectos positivos pero también negativos. Por un lado, contribuyó a reducir la desigualdad salarial, pero por otro, impidió que se crease puestos de trabajo, aunque no los cifra.

Se perdieron 27.000 empleos al cabo de 2019

El informe está redactado con sumo tiento y lanza varias advertencias. Primero, advierte sobre entender sus conclusiones como una destrucción de puestos de trabajo. Aunque es uno de los principales objetivos del documento, como sucede habitualmente con las evaluaciones del impacto de las subidas del salario mínimo, Iseak puntualiza que no es tan fácil llevar a cabo un análisis sobre destrucción de empleo.

Lo mismo sucede con hablar de una ralentización en la creación de nuevos puestos de trabajo, ya que la metodología escogida no permite identificar si una empresa ha decidido reducir su plantilla o congelar nuevas contrataciones por la subida del SMI. En parte por eso el estudio no cita cuántos puestos de trabajo dejaron de crearse a consecuencia de esta política pública, aunque sí que establece una relación, remarcando que el análisis no permite obtener una conclusión causa-efecto.

El estudio no cifra cuántos empleos se perdieron por la subida del SMI, pero es posible hacer el cálculo

Lo que sí concluye el trabajo es que el colectivo afectado por la subida perdió puestos de trabajo, concretamente casi dos puntos porcentuales en noviembre de 2019. Lo califica de un "impacto gradual negativo", ya que subir el SMI no afectó al empleo en los cinco primeros meses posteriores a su incremento, pero sí en adelante.

Pero según ha podido calcular este medio y ha corroborado la propia Fundación Iseak, la pérdida de puestos de trabajo estimada al cabo de 2019 fue de 27.000 empleos. Es la cifra que se obtiene tras calcular el 1,9%, el aumento en la pérdida de empleo del colectivo afectado que cita el estudio, sobre el 9% de los asalariados, que serían los afectados por la subida del SMI, conforme los cálculos del mismo informe -sobre todo, mujeres, jóvenes y extranjeros-.

Se trata de un impacto negativo en el empleo que tanto la Fundación como varios economistas consultados han considerado pequeña o moderada, y que está muy por debajo del calculado por el Banco de España, de unos 100.000 puestos de trabajo. Para Iseak, es importante sobre todo que durante los cinco primeros meses no se observa ninguna pérdida de empleo y que la inmensa mayoría de los trabajadores se benefician de esta fuerte subida del SMI (+22%).

"Este es el mensaje principal en el que hemos querido incidir por parecernos el más relevante", asegura Sara de la Rica, al frente de la investigación, ante las preguntas de este medio. La economista considera "arriesgado" dar cifras concretas, en parte porque el público tiende a quedarse con ese dato, y no tanto con el conjunto del mensaje.

El informe también recoge que las horas trabajadas asimismo se vieron afectadas por la decisión, y lo hicieron en la misma medida: a corto plazo, el efecto que se aprecia es nulo, pero "se torna ligeramente negativo con el tiempo", aunque menor que el de la pérdida de empleo, de 0,84 puntos porcentuales. En general, el impacto de subir el SMI fue muy similar en hombres y mujeres, pero perdieron más puestos de trabajo los mayores de 30 años, al mismo tiempo que perdieron horas de trabajo los jóvenes. Asimismo, afectó más a los trabajadores a tiempo completo frente a los que trabajan a tiempo parcial.

Desigualdad salarial

El estudio deja bien claro que, más allá de los efectos sobre el empleo, la subida del SMI de 2019 cumplió uno de sus grandes objetivos: reducir la desigualdad salarial. Tras la decisión caen de forma importante las personas asalariadas por debajo del nuevo salario mínimo, y se detecta un aumento "destacado" de salarios en torno al nuevo SMI. También llevó a reducir ligeramente las brechas salariales tanto por nacionalidad como por edad, aunque en el caso de mujeres y jóvenes se percibe "un pequeño" aumento en la brecha de rentas.

"Es fundamental que, ante futuras subidas del SMI, se continúe evaluando el impacto de las mismas en el mercado laboral y, además, se expanda el análisis a otros ámbitos que han quedado fuera de este trabajo como puede ser el impacto desigual por sector de actividad, tamaño de establecimiento o por territorios", concluye el texto firmado por los economistas Lucía Gorjón, David Martínez de Lafuente y Gonzalo Romero, además de por la catedrática De la Rica.

Ahora, el comité de expertos designado por el Ministerio de Trabajo determinará cuánto debería subir el salario mínimo en enero. El grupo tendrá en cuenta los resultados de este informe y otros tres, elaborados por la Universidad Complutense, la Universidad de Alcalá de Henares y el economista Alberto Montero. Estos últimos tres informes no han sido publicados, ni por sus autores ni por el Ministerio, y no está claro si serán difundidos.