Al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, le queda poco más de un mes para cerrar al completo la reforma de las pensiones. Después de aprobar la revalorización de estas prestaciones con el IPC, de reformar el sistema de cotización de los autónomos y de diseñar una nueva fórmula para garantizar la sostenibilidad del sistema -en sustitución del factor de sostenibilidad, el mecanismo creado por el Gobierno de Rajoy-, ya tan solo quedan dos partes de la gran reforma. Por un lado, la que persigue aumentar las cotizaciones sociales de los sueldos más altos, y, por otro, la que modificará el periodo que se tiene en cuenta para el cálculo de la pensión.

Los cambios deben estar aprobados antes de que termine el mes de diciembre, según lo que ha prometido el Gobierno a Bruselas a cambio de fondos europeos. Y por ahora en el Ministerio son optimistas con respecto a cumplir los plazos, a pesar de que no ha convocado formalmente la mesa de diálogo social desde septiembre, es decir, la negociación en la que los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones de empresarios CEOE y Cepyme debatirán los cambios que el Gobierno pretende implementar. Por el momento, los avances se están dando a través de contactos bilaterales con ambas partes, la sindical y la empresarial, pero sin compartir borradores con cifras concretas, como ha venido sucediendo con otras patas de la reforma.

Lo que Seguridad Social ahora no tiene tan claro es que la CEOE se sume al acuerdo, sobre todo por el aumento de las cotizaciones a los trabajadores con sueldos más altos. "No lo vemos nada fácil", apuntan desde el propio Ministerio. Son más pesimistas que en anteriores ocasiones porque la subida de las cotizaciones a los salarios más altos -lo que se conoce como el incremento de las bases máximas-, sea cual sea, implicará que las empresas aporten más al sistema por cada uno de sus trabajadores con sueldos superiores a los 40.000 euros anuales, aproximadamente.

La confederación de empresarios, además, se enfrenta el próximo 23 de noviembre a un proceso electoral para elegir a su presidente durante los siguientes cuatro años, y en este contexto se antoja más complicado conseguir cesiones por su parte. Unas cesiones que, por otro lado, en ningún contexto serían sencillas de lograr, dado que implicarán aumentar los costes para las empresas. Pero ahora, con su presidente Antonio Garamendi peleando por conseguir su reelección ante su rival Virginia Guinda, el parón en las mesas de negociación es evidente, como también se ha apreciado en la que buscaba cerrar un estatuto del becario.

Subir las bases máximas para recaudar más

El planteamiento actual es el siguiente. En España los trabajadores que ganan 50.000 euros anuales cotizan lo mismo a la Seguridad Social que los que cobran el doble o el triple de esa cantidad, ya que la contribución máxima está limitada a esa cifra -formalmente, "topada"-. Cada año, el Gobierno está incrementando ligeramente esa base máxima, y por eso este próximo año las empresas tendrán que aportar 100 euros más al mes por trabajador, y los empleados, 20 euros más, ya que así se ha recogido en los Presupuestos. El incremento de las bases máximas planteado para 2023 es del 8,6%, en línea con la subida de las pensiones y con el IPC.

Pero de cara a la llegada de la jubilación del baby boom, la generación más numerosa de la historia del país, España debe estar preparada, y una de las soluciones que se plantean es subir las cuotas a aquellos que ganan más. Eso repercutirá, a su vez, en que estos trabajadores tendrán derecho a pensiones más altas cuando se jubilen, pero a corto plazo aumentará los ingresos de la Seguridad Social.

Según adelantó ayer El Periódico, Seguridad Social estaría barajando aumentar las bases máximas un 30% a lo largo de los próximos 30 años, a lo que habría que sumarle la subida correspondiente al IPC de cada año, pero desde el Ministerio no confirman esta cifra. Sí deslizan que "no suena mal", aunque insisten en la mesa del diálogo social no se ha presentado ninguna concreta y que deberán hacerlo en las próximas semanas. En la parte de modificar el periodo de cómputo de las pensiones para aumentar los años a tener en cuenta no hay gran novedad, más allá de que los sindicatos se oponen a la medida si lleva a empeorar las pensiones de los trabajadores.

Según el Banco de España, aumentar el periodo de cálculo de la pensión implicaría, para muchos españoles, reducirla. Así lo expresó la institución en un informe publicado en septiembre, en el que subrayaba que alargarlo desde los 25 años actuales hasta unos (hipotéticos) 35 supondría un recorte de la pensión inicial media del 8,2%. Entonces, rápidamente el ministro Escrivá descartó que su objetivo sea ese -"en ningún caso" la intención sería ampliar el periodo de cálculo a 35 años, manifestó, sino acometer "pequeños ajustes" para mejorar la equidad-, asegurando que la idea es conseguir "proteger de alguna forma a aquellos que tienen situaciones sobrevenidas o indeseadas y que no les afecte negativamente desde el punto de vista de la pensión futura".

En el aire está hasta qué punto rebajará el Ministerio sus expectativas si encuentra la oposición de los agentes sociales. El Gobierno podría jugar a aumentar la subida de las bases máximas más de lo planteado si los empresarios no parecen dispuestos a sumarse al acuerdo, como sucedió cuando la CEOE se descolgó del nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). En ese caso, se decidió subir las cotizaciones sociales 0,6 puntos, de los que 0,5 puntos los pagarán las empresas y 0,1 los trabajadores, aunque la parte aportada por las empresas en un principio iba a ser menor.