El año está a poco de terminar y las predicciones de los analistas son firmes. Según las principales instituciones que realizan previsiones macro, que recopila el centro de estudios Funcas, la inflación media de este 2022 se situará en el 8,7%. Es lo que crecerán los precios de la cesta de la compra en comparación con los del año anterior.

Si se mantiene esa cifra, que en principio variará poco puesto que ya solo depende de los datos de noviembre y diciembre, a lo largo del año los precios habrán aumentado más del doble de lo que lo hicieron en 2021 (3,1%), tasa que ya resultó alarmante al tratarse del incremento más alto que se registraba desde 2011 -y mientras los sueldos protegidos por convenios aumentaron tan solo un 1,47%-.

La tasa de inflación que se espera para este año implica que si un asalariado medio español no consigue subidas de sueldo este año, perderá una paga entera. La devorará la inflación. El INE recoge en su Encuesta anual de estructura salarial que el sueldo más frecuente que se percibió en España en 2019, el último año del que se tienen datos sin tener en cuenta 2020, era de 18.490 euros anuales.

Un incremento de los precios del 8,7% implica perder 1.609 euros de este sueldo mediano a lo largo de todo el año, que se esfumarán para, de nuevo, los empleados con salarios congelados. Es decir, que para este trabajador supondrá perder más de una nómina entera, considerando que recibe 12 pagas iguales a lo largo de todo el año, de 1.540 euros. En el caso de que reciba 14 pagas iguales, supondrá perder algo menos de una y media.

La pérdida de poder adquisitivo será algo menos para los trabajadores sujetos a convenio colectivo que se actualicen este año. En España unos 7,58 millones de trabajadores están protegidos por convenios registrados este año, pero solo 1,86 millones cuentan con cláusulas que actualicen sus sueldos con la inflación, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo hasta el mes de septiembre.

En total, los convenios colectivos que se han actualizado este año han recogido un incremento salarial medio del 2,6%, muy por debajo de la tasa media de inflación que se prevé para el conjunto del año (8,7%). La falta de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que está caducado y que debería marcar la senda de subida salarial para este año y los próximos dos, está llevando a que los negociadores de convenios no cuenten con una cifra de referencia para la subida salarial, y también a que la firma de convenios esté en mínimos.

Los sindicatos de UGT y CCOO y los empresarios de CEOE y Cepyme no se ponen de acuerdo a la hora de fijar cuánto deberían aumentar los sueldos este año y los próximos. Como consecuencia, si tomamos como referencia que el incremento medio de los sueldos sujetos a convenio podría quedar en el entorno del 3%, un trabajador con un sueldo mediano perderá unos 1.054 euros al cabo del año.

Es una situación contra la que solo están protegidos los pensionistas, que desde el año pasado por ley cada enero ven revalorizadas sus prestaciones en la misma medida que haya crecido el IPC. Así, el Gobierno en octubre ya incluyó en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 una subida de las pensiones del 8,5%, que junto a la incorporación de los nuevos jubilados llevará a gastar un 11,4% más que este año en concepto de jubilaciones.

A la vez, los perceptores del salario mínimo podrían verse protegidos contra la inflación, ya que el Gobierno está barajando incrementarlo en la misma medida que el IPC. Si actualmente está situado, desde el pasado enero, en los 1.000 euros mensuales en 14 pagas, ahora los sindicatos esperan un aumento hasta los 1.100 euros, o, al menos, en línea con la inflación.

Por otro lado, no hay que olvidar que los trabajadores con rentas más bajas sufren una tasa de inflación mayor. Según el Banco de España, los hogares con menos renta soportaron durante los primeros meses del año una tasa de inflación de alrededor de los dos puntos porcentuales superior a la que sufren aquellos con mayor nivel de renta, puesto que los primeros emplean una parte mayor de su presupuesto mensual a los productos que más se están encareciendo, como la energía y los alimentos.

Para combatir estos efectos y aliviar a los hogares más vulnerables, los diferentes organismos económicos piden al Gobierno que dirija sus medidas a los que más lo necesitan, en lugar de aplicarlas de forma generalizada. Ahora, el Ejecutivo se plantea modificar algunas como su bonificación al combustible. "Si se decide prorrogar la bonificación al combustible, lo deseable sería que se restrinja al ámbito profesional o a determinados colectivos más vulnerables", aseguró esta semana Nadia Calviño.