La presidenta de la Asociación Española de la Banca, Alejandra Kindelán, ha asegurado que no conoce el texto final de las medidas de ayuda a las familias con hipotecas afectadas por la subida del euríbor. La AEB es una de las partes que ha estado negociando con el Ministerio de Asuntos Económicos, pero Kindelán ha explicado en el XXIX encuentro financiero organizado por Deloitte, Sociedad de Tasación y ABC que no saben cómo va a ser ese texto y “en función de cómo lo veamos lo analizaremos”.

La presidenta de la patronal bancaria ha explicado que tienen que cuadrar “muchas cosas”, porque los bancos tienen un marco de regulación muy exigente. No obstante, ha resaltado que el principal interesado en que los clientes paguen sus deudas es el propio banco “y es en lo que trabajamos todos los días”.

El sector siempre está aquí para atender los problemas de los clientes", ha afirmado, antes de asegurar que el foco central del sector ha sido ayudar a mitigar el impacto de estas subidas sobre sus clientes.

Ha explicado que el sector ha trabajado tanto a nivel interno como con Economía para cuadrar las medidas de alivio a los hipotecados y su encaje tanto en el marco regulatorio como en el propio mercado hipotecario español y en la situación de las entidades, las cuales también realizan emisiones de cédulas hipotecarias y podrían verse afectadas.

Preguntada por el impuesto temporal a la banca que ha planteado el Gobierno, la presidenta de la AEB ha vuelto a afirmar que se trata de una medida que "no es solución" para ninguno de los problemas actuales y que "no es el momento" de poner más cargas al sector financiero. También ha afirmado que esta medida genera "inseguridad jurídica" y ha dudado de que el impuesto sea temporal. "Ningún impuesto es fácil de quitar", ha sostenido.

Por último, Kindelán ha arremetido igualmente contra la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, cuyo proyecto de ley se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros junto al acuerdo para hipotecados. Al respecto, ha señalado que es otra medida que "incrementa costes y genera ineficiencias" y ha defendido el sistema de reclamaciones que ha funcionado hasta ahora, basado en las autoridades competentes en cada área, ya sea Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros.

Ha afirmado que, antes que una nueva autoridad, habría optado por mejorar el sistema actual y ha señalado que el nuevo organismo genera una tasa elevada por cada reclamación.

En este sentido, se prevé que las resoluciones de la nueva autoridad sean vinculantes para las entidades financieras cuando los importes reclamados sean inferiores a 20.000 euros. Este mecanismo, además, será gratuito para los clientes y se financiará con una tasa de 250 euros que las entidades tendrán que pagar por cada reclamación admitida.