El Congreso de los Diputados aprueba este jueves los impuestos de la banca y de las energéticas. Unos gravámenes que han desatado polémica desde el momento en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los anunció en el debate del estado de la nación. En un primer momento, el Ejecutivo esperaba recaudar 7.000 millones de euros en los dos años de vigencia de los impuestos. No obstante, la recaudación esperada se ha reducido a 5.000 millones de euros.

Esta rebaja se debe a un cambio en el impuesto de las energéticas. Durante su trámite parlamentario, se aprobado dos enmiendas del PNV y de PDeCAT para que se excluya del importe neto de la cifra de negocio el correspondiente a las actividades reguladas y que el impuesto se aplique solo a la actividad que las empresas desarrollen en España. De esta manera, se estima una recaudación de 2.000 millones de euros en los dos años frente a los 4.000 del inicio.

El gravamen a empresas eléctricas, gasísticas y petroleras lo hará a través de la imposición de un impuesto del 1,2% de la facturación que tengan en el país. En el caso de las empresas energéticas, el Gobierno ha estipulado que deberán contribuir aquellas que pasen el umbral de los 1.000 millones sobre el importe neto de la cifra de negocios para pagar el impuesto. Además, aquellas compañías que tengan negocio en el sector energético, pero que su facturación no alcance al 50%, quedarán exentas.

Por otro lado, el impuesto a la banca, también llamado por el Ejecutivo como prestación patrimonial no tributaria, quiere recaudar 3.000 millones de euros en los dos años de vigencia (1.500 millones de euros cada uno). El Estado arañará el 4,8% de la cifra neta de las comisiones y de los intereses que obtengan.

En este caso gravará a los bancos con un beneficio de 800 millones de euros, con la referencia de los beneficios obtenidos entre la diferencia entre los intereses cobrados y pagados y las comisiones cobradas y pagadas cada año. La razón es que los intereses y comisiones bancarias, que es la parte del negocio sobre la que se aplica el gravamen, no conforman la totalidad del negocio de las entidades bancarias, sino que rondan casi el 80%, según explica el Ejecutivo.

En un primer momento, este impuesto estaba destinado solo para entidades españolas. Sin embargo, los grupos del Gobierno presentaron una enmienda por la que los bancos extranjeros supervisados por el Banco Central Europeo (BCE) deberán abonar una tasa del 4,8% sobre su margen de intereses y comisiones, independientemente del volumen de sus ingresos. Se trata de una las recomendaciones que incluyó la semana pasada el BCE en su dictamen para no distorsionar la competencia y una de las reclamaciones de los bancos.

Estos dos impuestos se anunciaron y se pondrán en marcha por la situación económica actual. Tal y como señaló el Gobierno, ambos sectores se están beneficiando de este contexto de alta inflación y están registrando “beneficios extraordinarios”. En el caso de las energéticas por el alto precio de la energía debido a la guerra en Ucrania. Por lo que respecta a los bancos, por la subida de tipos por parte del BCE. Sin embargo, las entidades bancarias han señalado que esos “beneficios extraordinarios” no existen porque la subida de tipos supone la normalización de la política monetaria.

Una vez aprobados estos dos impuestos, está previsto que entren en vigor el 1 de enero de 2023.