El Consejo de Administración de Unicaja Banco ha aprobado este viernes la adhesión de la entidad al Código de Buenas Prácticas de medidas urgentes para deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de noviembre.

La entidad se suma así a las medidas propuestas para aliviar la carga financiera de las familias con préstamos hipotecarios a tipo de interés variable sobre la vivienda habitual. En este sentido, Unicaja Banco pretende ofrecer soluciones adecuadas de cara a la financiación hipotecaria para apoyar a sus clientes en dificultad económica y contribuir así a aminorar el efecto derivado de la situación económica adversa actual marcada por la subida de tipos y por la escalada de la inflación.

Esta adhesión refuerza el compromiso de Unicaja Banco con el Código de Buenas Prácticas de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, aprobado en 2012 y al que se adhirió la entidad en su momento, al igual que a sus sucesivas revisiones. Este Código de Buenas Prácticas establece un conjunto de actuaciones para la reestructuración de las deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual, encaminadas a la protección del deudor hipotecario.

Asimismo, esta adhesión se enmarca en el ejercicio de RSC de Unicaja Banco, que impulsa diferentes iniciativas de este tipo, como líneas de financiación y medidas de apoyo a las familias en situación de dificultad económica coyuntural, además de la aplicación del protocolo estratégico promovido por el sector bancario en 2021, revisado en 2022, para reforzar la inclusión financiera de la población, en general, y de ciertos grupos vulnerables, en particular. Otras iniciativas en este sentido son, por ejemplo, la continuación de su adhesión al Fondo Social de Viviendas con una aportación de 500
viviendas en la actualidad, además de las actuaciones impulsadas durante la crisis generada por el coronavirus en 2020 para ayudar a particulares y empresas.

De este modo, Unicaja Banco ha desarrollado, al margen de las medidas coyunturales de apoyo debidas al COVID-19, líneas de financiación y apoyo a las familias, entre ellas las relativas a la vivienda de carácter social. La entidad viene desarrollando un conjunto de medidas (renegociación de las condiciones financieras, reestructuración y refinanciación de deudas, dación en pago y alquiler social) orientadas a facilitar que los clientes en situación de dificultad económica coyuntural puedan satisfacer el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los préstamos contratados, de las que se beneficiaron algo más de 2.800 familias en 2021.