"En las próximas semanas". Es el deseo expresado esta semana por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para aprobar la nueva Ley de Vivienda. De momento, una de las normas estrella de la legislatura de coalición entre PSOE y Unidas Podemos sigue atascada en el Congreso muchos meses después de su llegada a la Cámara Baja.

Las discrepancias entre los socios del Ejecutivo mantiene congelado el proyecto en el que los morados quieren incluir topes al precio del alquiler en las denominadas zonas tensionadas, donde el coste de la hipoteca o el alquiler superase el 30% de los ingresos medios de los hogares de ese ámbito o donde el alquiler haya subido un 5% sobre el IPC en los últimos cinco años.

De hecho, de la mano de ERC y Bildu introdujeron enmiendas a la ley de Presupuestos -aprobados este jueves por el Congreso- para solventar algunas cuestiones que el retraso en la tramitación parlamentaria está dejando desamparadas.

Sin embargo, los cambios no llegaron a buen puerto y las negociaciones de la norma se han visto ralentizadas en un momento donde los precios del alquiler siguen al alza. La ministra sostuvo esta semana que se están "aproximando posturas", aunque sin concretar más detalles.

"Las conversaciones siguen, la ley no está bloqueada", insisten desde el Ejecutivo. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley hace nueve meses tras un acuerdo rubricado en octubre de 2021. Y la voluntad era tenerla finiquitada antes del final de este año. No en vano, la norma lleva vinculada a los PGE desde el comienzo de la legislatura. Pero la tramitación parlamentaria no hace más que retrasarla.

En paralelo al control de precios, los morados buscan también prohibir los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional además de ampliar el parque público de vivienda social.

Los principales temores de los socialistas residen en la inseguridad jurídica que pueden crear las propuestas de Unidas Podemos. Desde el departamento que dirige la sucesora de José Luis Ábalos descuentan un recurso al Tribunal Constitucional por parte de PP y Vox una vez que la norma reciba luz verde de las Cortes.

Por otro lado, también temen la inaplicación de la norma por aquellas autonomías gobernadas por los 'populares', como ya han amenazado desde el partido que dirige Alberto Núñez-Feijoó.

"Puedes aprobar la mejor ley de vivienda, que si no la aplica quien tiene competencias, no sirve de nada", aseveran fuentes ministeriales. En este sentido, desde la parte socialista se muestran mucho más partidarios de aplicar incentivos fiscales que permitan controlar el crecimiento de los precios de los alquileres.

De hecho, la nueva redacción obliga a los pequeños propietarios a tomar como referencia el precio del anterior contrato en aquellas zonas calificadas como 'tensionadas'. La clave está en qué pasa con los grandes tenedores.

Pero a medida que se acerca el fin de año, la tensión va en aumento. El 2023 es año electoral y aprobar o no la norma puede tener una lectura diferente para los potenciales votantes de las formaciones que integran el Gobierno. "La ley puede desbloquearse en dos días o tardar meses", rematan las fuentes consultadas.

Hay voces que dan por descontado que finalmente nunca verá la luz aunque forme parte de los acuerdos de legislatura firmados en enero de 2020 por los dos partidos de la coalición.