La propuesta de Yolanda Díaz para que los supermercados ofrezcan cestas de productos básicos a precios asequibles y protegidos de la inflación sigue sin concretarse. La vicepresidenta del Gobierno puso sobre la mesa hace tres la iniciativa, rodeada de una fuerte polémica por la idea deslizada de que se pudiesen llegar a establecer topes de precios.

De la mano del ministro de Consumo, Alberto Garzón, la también titular de Trabajo reunió a las principales patronales del sector para abordar la cuestión. Pero todas ellas manifestaron su negativa a los planteamientos que surgían de la parte 'morada del Gobierno. Sólo Carrefour había lanzado unos días antes del encuentro una cesta de productos básicos por un precio de 30 euros que tampoco concitó el apoyo de la titular de Trabajo por su composición.

Este lunes, se volvía a poner sobre la mesa la posibilidad de que Díaz esté manteniendo contactos con las empresas para dar un nuevo impulso a la iniciativa. Según publicaba este lunes La Información, la intención es cerrar un pacto antes de que concluya el año, aunque desde el equipo de Díaz han declinado dar más detalles.

Por su parte, desde las patronales concernidas aseguran no tener ninguna novedad al respecto. En este sentido, las fuentes consultadas afirman que no hay "nada nuevo" al respecto y que los contactos con el Gobierno se enmarcan "en el diálogo habitual que mantenemos con las Administraciones".

La iniciativa no cuenta tampoco con el apoyo de las carteras del Gobierno con competencias en la materia: Agricultura y Comercio.

Fuentes próximas al ministro Luis Planas se muestran convencidas de que la iniciativa no tendrá más recorrido ante la negativa de las compañías a tomar este tipo de acciones que pueden generar dudas en dudas de competencia. Por otro lado, desde el departamento que dirige Reyes Maroto, tampoco están al corriente de los planes de Díaz.

Dia: "No está en la agenda"

En paralelo a las patronales, algunos directivos de grandes compañías sí se han posicionado al respecto. El consejero delegado del Grupo Dia, Martín Tocalchir, aseguró la semana pasada que no está en los planes ni en la agenda de la compañía establecer una cesta de la compra con precios fijos.

Aunque reconocía que "los niveles de inflación que vemos en todos los países están generando impacto en el poder adquisitivo de los consumidores", también aseguraba que su "rol es pelear para mantener los precios lo más bajos posibles" en un entorno "supercompetitivo" como el de la distribución alimentaria.

Desde otras empresas como Lidl o Alcampo, a preguntas de este medio, se remiten directamente al posicionamiento que mantienen sus respectivas patronales y aseguran no tener novedades respecto a la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno.

"El tema sigue igual desde hace muchas semanas, es decir, sin novedades", zanjan desde la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged), que representa también a Carrefour, Eroski o El Corte Inglés.

Otras fuentes del sector abundan en que la propuesta de Díaz y Garzón no se materializa. Y apelan directamente al debate interno dentro de las filas del Gobierno respecto a este tipo de medidas que no buscan otra cosa que aliviar el bolsillo de los consumidores. "Lo que proponen unos lo bloquean los otros y a la inversa", explican actores implicados en las conversaciones con el Ejecutivo.

La fijación de precios máximos en algunos productos básicos puede tener repercusiones en toda la cadena de valor. Un ejemplo es el de la leche. En lo que va de año, lo que reciben los productores ha subido un 45%, mientras que el precio final de venta del litro de leche líquida para consumo apenas se ha elevado un 25%. "Poner un límite de precios generaría más destrucción de tejido transformador", avisa Luis Calabozo, director genera de Fenil, la Federación Nacional de Industrias Lácteas, en una coyuntura donde los costes energéticos y de materias primas no paran de subir.