La subida del IVA de los refrescos en 2021 funcionó. Consiguió que los hogares más pobres comprasen menos bebidas azucaradas y snacks, sobre todo aquellos con niños, cumpliendo así con uno de los objetivos principales de la medida: contribuir a reducir las tasas de obesidad infantil. Así lo demuestra un estudio publicado este miércoles por el Centro de Políticas Económicas y Economía Política de Esade (EsadeEcPol), el primero que ha buscado conocer el impacto que tuvo el cambio del IVA reducido (10%) al general (21%), a pesar de que los impuestos se consideran uno de los instrumentos con mayor potencial para incentivar y desincentivar comportamientos.

El trabajo está basado en microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (2017-2021), publicada en junio, y como novedad utiliza como grupo de control -o grupo no afectado por la medida- los datos de los hogares de las tres autonomías no sujetas a IVA, como son Canarias, Ceuta y Melilla. Los resultados muestran que el tercio de hogares con menor nivel económico redujo su consumo de refrescos un 13% tras el aumento del IVA, un impacto que ha sorprendido a los autores.

El efecto fue aún mayor para los hogares de menor nivel económico con niños, donde el consumo se redujo un 20%. A la vez, los hogares con menor nivel económico disminuyeron un 10,5% su compra de snacks, sobre todo patatas fritas y similares, bienes también considerados nocivos para la salud y que los hogares suelen comprar junto a estas bebidas.

"Solo encontramos cambios en el consumo del 33% de los hogares más pobres; entre la clase media y alta el efecto no es significativo. Pero dentro de ese 33% el efecto sí es grande: puede parecer que 10,8 litros por hogar y año no es mucho pero como respuesta a un aumento del 10% de los precios es una demanda elástica: el consumo ha caído más de lo que ha subido el precio", explica uno de los autores del estudio, el economista y analista en EsadeEcPol Ángel Martínez Jorge, en conversación con El Independiente.

Martínez Jorge recuerda que en este caso no se trató de un impuesto específico sobre las bebidas azucaradas y edulcoradas, sino de un cambio impositivo, del IVA de tipo reducido al tipo general. En este caso, el cambio normativo llevó a que las empresas trasladasen casi totalmente la subida impositiva al precio final -algo que no siempre sucede-, como también revela la misma investigación, resultando en un aumento de precio de casi el 10%. En concreto, de unos 12 céntimos el litro. "La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una subida del 20% para conseguir efectos significativos sobre toda la población", apunta el analista.

Por eso, los investigadores encuentran que la reducción de consumo obtenida es "muy significativa", puesto que "supone un efecto muy relevante sobre su consumo previo, que ascendía a 83 litros por hogar y año en 2020, año previo a la aplicación de la política". La caída del consumo del 13% del tercio de hogares más pobres supone comprar 11 litros menos por vivienda y año, y la del 21%, registrada en aquellos con niños de entre 5 y 16 años, equivale a 25 litros menos por año.

Los hogares más ricos no modifican su consumo

Sin embargo, el aumento del IVA no consiguió reducir el consumo de refrescos en los hogares con nivel económico medio y alto. Los investigadores así lo esperaban, puesto que, explican, cambiar un hábito de la población es complicado, especialmente si se trata de uno frecuente y barato, y es más difícil aún en los hogares más ricos. El cambio supone pagar unos 7 céntimos más por lata, encarecimiento que puede resultar insignificante para los más acomodados.

A cambio, se ha revelado un efecto no previsto: la reducción del consumo de snacks, también entre los hogares de menor nivel económico, del 10,5%. Se trata de un impacto complementario o efecto de contagio ligado a que los refrescos suelen comprarse junto a estas patatas fritas y similares, así como junto a productos de confitería y chocolate, aunque en menor medida. "Es decir, que cuando dejas de tomar refrescos también dejas de tomar lo que compras con los refrescos", apunta Martínez Jorge.

Por otro lado, los investigadores consideran especialmente relevante un último factor, la corrección de la externalidad que supone incrementar el tipo de IVA de un producto perjudicial para la salud. "¿Quieres seguir consumiendo este tipo de bebidas? Vale, pero hazte cargo de que estás cargando al sistema sanitario y a la sociedad con un coste", resume Martínez Jorge. "Por eso le pongo un impuesto, para que esa lata sí refleje el precio completo del bien, que es su precio más el daño que estás generando al tomártelo. En ese sentido, funciona igual de bien cuando persona decide reducir el consumo o pagar el precio. Si por sus preferencias personales decide pagarlo, bien; si decide dejar de consumirlo, bien, pero así asume el coste".

El estudio toma como referencia una encuesta realizada a 103.000 hogares a lo largo de cinco años, de los que el 60% consume refrescos. El 5% de esos hogares pertenece al grupo de control. Para asegurar que la estadística es representativa, los resultados se han dividido en tres grupos: el 33% de mayor gasto, el 33% de menor gasto y el 33% de gasto medio. En base a los datos obtenidos, los investigadores esperan que el Ministerio de Consumo se lance a realizar su propio análisis para comprobar el impacto de estos hábitos nocivos sobre el sistema público de salud.