El ministro José Luis Escrivá tiene que aprobar la última parte que queda de la reforma de las pensiones antes de que termine el año, porque así está pactado con Bruselas. Pero estos últimos cambios pueden hacérsele complicados de sacar adelante, dado el rechazo que ya han manifestado tanto organizaciones sindicales y empresariales como varios partidos con representación parlamentaria. Y para los agentes sociales ahora hay una línea roja clara: si las reformas no tienen el apoyo del Congreso, no se sentarán a negociar.

Después de varios meses de reuniones sin documentos en la mesa y de propuestas más bien difusas, por fin esta semana Escrivá hizo llegar a sindicatos y empresarios su plan: ampliar el periodo de cálculo de la pensión de los 25 años actuales hasta los 30 años, pero de manera que puedan descontarse los dos peores (por lo que realmente solo se tendrían en cuenta 28). Además, el Ministerio quiere que los salarios más altos coticen más a la Seguridad Social, puesto que ahora los sueldos de 4.139,40 euros mensuales o 54.000 anuales contribuyen igual que los que están por encima o muy por encima. La propuesta es vincular ese tope que ahora existe, el de la llamada base máxima, se vincule al IPC y que además aumenten un 30% a lo largo de 30 años.

Esta propuesta ha generado dudas a lo largo de esta semana: ¿a quién beneficiará? ¿A quién perjudicará? ¿Disminuirá las pensiones, llevando así a que el Gobierno reduzca su gasto en esta partida? El Ejecutivo mantiene que no, pero, ¿por qué, si no, se busca implantar? Para resolverlas, un grupo de investigadores en pensiones de la Universidad de Valencia ha elaborado una primera aproximación a los efectos que tendría la propuesta del ministro, y sus conclusiones son las siguientes.

Según el trabajo del grupo, basado en la Muestra Continua de Vidas Laborales de 2019 de la Seguridad Social, el efecto del cambio es prácticamente neutral sobre el gasto total del Estado, con una disminución de la pensión media del 0,4%. Firman el artículo Miguel Ángel García Díaz, ex director general de Ordenación de la Seguridad Social con el Partido Popular (2016-2018), ex viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía (2019-2022) y profesor de la Universidad rey Juan Carlos Madrid; José Enrique Devesa Carpio, Mar Devesa Carpio y Robert Meneu Gaya, profesores de la Universitat de València, e Inmaculada Domínguez Fabián y Borja Encinas Goenechea, profesores de la Universidad de Extremadura.

Las mujeres, las perjudicadas, así como las carreras más largas

Sin embargo, el efecto no sería neutro dependiendo de qué contribuyente afronte el cambio. Las mujeres saldrían peor paradas que los hombres, puesto que su pensión se vería reducida el doble que la de ellos (-0,86% vs -0,44%), Además, ciertos grupos profesionales también se verían más perjudicados que otros. Saldrían perdiendo las carreras laborales más largas, puesto que sus bases son más estables, pero también los que tienen carreras más cortas, porque la ampliación les lleva a incluir más lagunas de cotización, es decir, periodos en los que no han trabajado.

En el mismo sentido, ganan aquellos con carreras más irregulares en detrimento de las carreras más estables. Los primeros tienen bases reguladoras bajas, en muchas ocasiones, y obtienen la mayor subida de los cálculos que realiza el grupo. De la misma manera, ganan quienes se jubilan de forma anticipada, con un aumento de la pensión del 0,18% con el cambio, mientras que los que demoren su jubilación sufrirían una bajada del 1,05%. Asimismo, los autónomos resultan beneficiados del cambio (+0,21% en su pensión) y los trabajadores del régimen general, ligeramente perjudicados (-0,10%).

Para los expertos, la idea de aumentar el periodo de cómputo de las pensiones hasta los 30 años mejoraría la sostenibilidad del sistema y también su contributividad, ya que la relación entre las aportaciones realizadas y las prestaciones que se reciben sería mayor. Pero este efecto se anula si se permite eliminar los dos peores años de esos 30.

"En resumen, se debería haber aprovechado esta oportunidad para avanzar hacia un sistema totalmente equitativo desde el punto de vista contributivo, en el que cada euro cotizado se transformara en su equivalente en pensión. Un sistema que, bien diseñado, no tendría por qué perjudicar a otros objetivos. En cambio, el sistema planteado con esta reforma no mejora la sostenibilidad financiera y apenas influye en la equidad contributiva, al descartar dos años de cotizaciones y ampliar la integración de lagunas sin cotización".

En esa línea, los integrantes del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social creen que sería necesario introducir elementos redistributivos en el cálculo de la pensión: siendo solidario con las pensiones más bajas, que con aquellos que tienen carreras irregulares, puesto que en este grupo se encuentran algunos que tendrán pensiones altas. En 2023, la pensión más alta de jubilación ascenderá a los 42.823 euros mensuales, es decir, 3.059 euros mensuales en 14 pagas.