El nuevo impuesto al plástico trae de cabeza al sector empresarial. Pese al clamor generalizado de las compañías para que el Gobierno aplace su entrada en vigor, el 1 de enero comenzará a aplicarse un nuevo gravamen cuyo efecto final podría ser una nueva subida del precio de los productos.

Las empresas piden que se emule la 'marcha atrás' del Gobierno italiano, que lo retrasará al menos un año por la actual coyuntura económica. Pero en el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero no están por la labor y mantienen -según las fuentes consultadas- el calendario de implantación del impuesto que gravará con 0,45 euros cada kilo de envase de un solo uso.

"Hay margen para retrasarlo porque la inflación le está causando al Gobierno de 32.000 millones de euros extra de recaudación", decía hace unos días Mauricio García de Quevedo, presidente de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab).

Las grandes patronales del consumo hicieron un llamamiento público sobre las repercusiones de este gravamen en el tejido productivo, en un momento de inflación de costes por la subida de las materias primas y la energía. "Es como echar gasolina al fuego. Creemos que es un momento muy inadecuado", decía José María Bonmatí, director general de Aecoc, la patronal de fabricantes y distribuidores sobre la tasa que deriva de la Ley de Residuos y Suelos contaminados. 

Preocupa especialmente en la industria alimentaria, donde el encarecimiento de este material que abunda en los alimentos puede provocar un efecto traslación hacia el consumidor final en una cesta de la compra que no para de encarecerse. En definitiva, los sectores implicados avisan ya de que el gravamen puede agudizar el alza inflacionista.

Además, la reflexión es que el nuevo impuesto puede poner en peligro también a mucha pequeña y mediana empresa que está en una situación financiera delicada. También puede suponer una pérdida de competitividad en el entorno europeo. "Este impuesto afecta a los planes de atraer inversiones para producir aquí y exportar", se quejaba Val Diez, directora general de Stanpa, la Asociación Nacional de la perfumería y cosmética. También aseguró que algunas multinacionales estarían replanteándose sus inversiones para llevarlas a países donde este gravamen no existe.

Las patronales acusan al Gobierno de establecer un impuesto con un afán no tanto medioambiental como meramente recaudatorio. El Gobierno ha trasladado a Bruselas su intención de aplicar el gravamen y calcula que puede obtener 456 millones de euros el año próximo, según los Presupuestos Generales del Estado de 2023. En cambio, las empresas calculan que les supondrá unos sobrecostes directos de 690 millones de euros e indirectos de más de 1.100 millones.

"Un impuesto de gestión casi imposible"

Además de los sobrecostes para las empresas y el posible encarecimiento final de los productos, la Asociación Española de Asesores Fiscales alerta de graves problemas a partir del 1 de enero, tanto en las empresas como en las aduanas, que no han podido adaptarse a las nuevas exigencias tributarias dada la existencia de un vacío legal. Dicen que será "un impuesto de gestión casi imposible en la práctica".

Por un lado, detallan que el impuesto afecta no solo a envases sino a embalajes que envuelven cualquier tipo de producto. Además, argumentan que afecta no sólo a fabricantes sino a cualquiera que efectúe importaciones o adquisiciones intracomunitarias de bienes.

También lamentan que el gravamen "impone unas obligaciones formales de muy difícil o imposible cumplimiento, especialmente para adquirentes/importadores, como son las de 'certificar' el origen y cantidad de plástico no reciclado de cada adquisición/importación (con independencia del país de residencia del proveedor y su voluntad de cooperar o no en proporcionar esta información)".

"Si analizamos como están abordando las empresas la puesta en marcha del Impuesto, vemos un desconocimiento sobre la aplicación de la ley en las empresas españolas, en parte porque la normativa final no está publicada", remata Rafael San Román, socio director de la consultora Stratesys.