Las tiendas de vapeadores y cigarrillos electrónicos están en pie de guerra contra las intenciones del Gobierno de convertir la venta de estos dispositivos y sus recambios en un monopolio de los estancos. El anteproyecto de Ley aprobado en Consejo de Ministros en mayo se encuentra ahora mismo a la espera del dictamen del Consejo de Estado y después deberá superar la tramitación en el Congreso.

"Hemos propuesto y hablado con los grupos parlamentarios que se haga un sistema de licencias a nivel nacional con determinados requisitos para que los productos de vapeo solo lo puedan vender tiendas especializadas que saben a quién y cómo tienen que venderlo", detalla Arturo Ribes, presidente de UPEV (Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo), en conversación con El Independiente.

Las tiendas quieren que su voz sea escuchada en el paso por las Cortes. En riesgo hay 400 establecimientos y cerca de 3.000 empleos, según los cálculos de esta patronal. El Gobierno no parece estar dispuesto a cambiar la norma pese a que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha emitido también un informe muy crítico con la medida que beneficiaría a 13.000 expendedurías de tabaco.

Los empresarios creen que lo que hace el proyecto es un atentado a la libre competencia en un sector con fuertes inversiones en la última década y cuyo crecimiento se ha visto marcado por las campañas institucionales en contra del mismo. "La mayoría de negocios llevan cuatro, cinco o seis años abiertos", recuerda Ribes.

En su opinión, el Gobierno no va a hacer otra cosa que "cambiar un producto de unas manos a otras". "Lo que se está moviendo en la tienda independiente de vapeo lo van a trasladar directamente a los estancos. Y a las tiendas que lo venden actualmente no les quedará más remedio que cerrar porque no tendrán artículos para vender", remata.

Los vendedores defienden que la protección de los menores que dice buscar el Ejecutivo con el cambio normativo no será tal. "Es completamente falso. Un 12,5% de los menores de entre 14 y 18 años fuma, mientras que solo vapea un 3,3% vapea", argumenta Ribes. En este sentido, defiende que los establecimientos han conseguido que un bajo porcentaje de menores consuma este tipo de producto.

Para el sistema de licencias que proponen ahora, creen que uno de los requisitos podría ser que los productos de los escaparates no sean atractivos para los jóvenes. Dentro del código de buenas prácticas del sector -recuerda Ribes- también se prohíbe su entrada en los establecimientos.

"No mide el impacto económico"

Los empresarios son críticos con el texto redactado por el Comisionado del Tabaco, que depende del Ministerio de Hacienda, y aducen que el proyecto no mide el impacto económico que tendrá el cambio normativo. En 2021, el sector facturó en España 88 millones de euros, aunque en países del entorno más próximo, la cifra se sitúa en torno a los 200 millones.

La convocatoria electoral en 2023 amenaza, al igual que otros proyectos legislativos, con dejar el cambio en agua de borrajas. Desde el sector tienen en cuenta esta posibilidad, aunque su preferencia es alzar la voz durante los trámites en el Congreso. "Con quien hemos hablado, nos da la razón", zanja sobre sus contactos con los partidos.

La patronal defiende estos aparatos como una forma de dejar de fumar tabaco tradicional. Recuerdan además que otros países lo incluyen incluso dentro de sus sistemas nacionales de salud. "Tenemos una tasa de abandono tabáquica elevadísima, del 74%", enfatiza Ribes.