Después de responder con solvencia e inyecciones de liquidez en la economía al enorme desafío que supuso la crisis del Covid-19, la banca española afronta ahora un nuevo y exigente escenario: el de una recuperación complicada por las tensiones internacionales derivadas de la guerra en Ucrania, la inflación y la amenaza de recesión mundial. Pero lo hace con «una solvencia superior a la del inicio de la crisis sanitaria», tal y como señala el último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España, y sin dejar de avanzar en sus principales retos. Estos, según el informe de Funcas sobre el sector bancario español de 2021, pasan por la digitalización, la consolidación de una estructura operativa óptima y, especialmente, la mejora de la rentabilidad tras años de tipos de interés bajos e incluso negativos.

En su función básica de intermediación financiera, a través de la captación de depósitos y la concesión de crédito, los bancos forman un engranaje imprescindible para el correcto funcionamiento de la economía y su contribución al crecimiento de un país. Por ellos pasa el ahorro y la inversión, magnitudes de las cuales depende todo lo demás. La crisis derivada de la caída de Lehman Brothers en 2008 produjo cambios regulatorios y estructurales, creando un sector fuerte y resiliente, capaz de liderar la respuesta a las necesidades de empresas y particulares durante la pandemia.

Un papel clave durante los momentos más críticos

Durante la pandemia del Covid-19, los bancos españoles desempeñaron un papel fundamental en el mantenimiento de miles de puestos de trabajo y de negocios. Las entidades movilizaron 140.000 millones de euros de financiación a 750.000 empresas y autónomos en colaboración con el Estado y sus líneas ICO, adelantaron el pago de pensiones y prestaciones de desempleo y acordaron moratorias de hipotecas y otros créditos. Todo aquello supuso que, en un tiempo récord, se pusiese en marcha uno de los programas de financiación más ambiciosos de Europa, gracias a la presencia de los bancos en todo el territorio nacional, la capilaridad de su red de sucursales y canales online, el conocimiento de los clientes y la adecuada gestión de los riesgos.

Otro efecto de la pandemia fue el gran salto adelante en la digitalización de la sociedad, una transformación a la cual los servicios bancarios no han sido ajenos. Las entidades españolas, que llevan años invirtiendo en este sentido, han respondido con eficacia a través de herramientas y aplicaciones que incorporan los últimos avances en materia de uso, accesibilidad y seguridad. Pero también con propuestas pensadas para asegurar la inclusión financiera de personas que no están familiarizadas con las nuevas tecnologías. En ese sentido, el sector ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Economía para garantizar al menos un punto de prestación de atención personalizada en los 243 municipios de más de 500 habitantes que no contaban con ninguno.

Compromiso con la sociedad

El compromiso de los bancos con las necesidades de los demás actores de la economía, especialmente con los más vulnerables, ha vuelto a quedar de manifiesto este año ante una nueva situación extraordinaria, desencadenada esta vez por la invasión rusa de Ucrania. Las entidades no solo han puesto en marcha iniciativas directas para facilitar el envío de ayuda humanitaria o la acogida de desplazados y refugiados, sino para aliviar los costes financieros de empresas y familias afectadas por las consecuencias de la crisis energética, la inflación y el deterioro de la situación económica.

Como parte de este compromiso, la banca ha firmado recientemente con el Gobierno un protocolo de medidas hipotecarias, actualizando su Código de Buenas Prácticas. Los bancos han entendido que en el actual entorno de elevada inflación y subida de la factura energética, determinadas familias pueden encontrar dificultades para hacer frente a todos sus gastos. De ahí que se hayan adoptado estas medidas que tendrán un significativo impacto en el balance de los bancos (por mayores provisiones y requerimientos de capital).

Coincidiendo con este acuerdo, comenzó en el Congreso de los Diputados la tramitación de una proposición de ley del Gobierno para la creación de un impuesto temporal sobre los ingresos bancarios, conocido como el impuesto a los bancos. Una medida que pretende gravar los presumibles beneficios extraordinarios que, aseguran, van a obtener las entidades debido a las subidas de tipos de interés que se vienen produciendo durante estos meses.

Un impuesto sobre ingresos, no sobre beneficios

Al margen de que las subidas de tipos no implican necesariamente un aumento de los beneficios, esta tasa ni siquiera se plantea como un tributo sobre dichas ganancias, sino sobre los ingresos por intereses y comisiones de las entidades, tenga éstas beneficios o no. De aprobarse, este impuesto del 4,8% se sumará al tipo específico del impuesto de sociedades que soporta la banca, del 30%, cinco puntos por encima del que se aplica al resto de sectores empresariales, a lo que hay que sumar el importe de impuestos indirectos como el IVA. En total, con esta nueva imposición, España se convertirá en el país europeo con mayor presión fiscal sobre los bancos.

Para la Asociación Española de la Banca (AEB), esta carga adicional es un «error, ya que puede debilitar la capacidad del sector para proporcionar crédito, esencial para apuntalar la recuperación económica y generar puestos de trabajo». «En el actual escenario de incertidumbre sabemos que de la banca se espera seguridad, solvencia y solidaridad», escribía hace unas semanas la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, «pero la fórmula para conseguirlo no es un impuesto que limita la capacidad de apoyar a la economía real y resulta contraproducente para luchar contra los efectos de la inflación».

Advertencias del Banco de España y el FMI

Los organismos españoles e internacionales también han expresado sus reservas sobre la idoneidad de la medida. Según el dictamen emitido por Banco de España, esta propuesta de gravamen «minoraría la capacidad de generación de resultados del sector, con potenciales implicaciones para su solvencia», su capital y sus resultados en el caso de materializarse los riesgos financieros que se observan en el entorno macrofinanciero vigente. Por su parte, el FMI critica que se aplique sobre ingresos y no sobre beneficios, y que no tenga en cuenta los mayores costes operativos que la inflación y el deterioro económico, así como las necesidades de inversión, van a suponer para los bancos.

Una de las lecciones de la crisis financiera de 2008 es que la solvencia y la rentabilidad de la banca son claves para la estabilidad y la seguridad del conjunto de la economía. Aquella situación derivó en una reestructuración bancaria cuya factura, que ascendió a 25.000 millones de euros, fue aportada por el conjunto del sector bancario para ayudar a las entidades con problemas. Las ayudas netas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) superaron los 42.000 millones de euros, mientras que el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito realizó ayudas por 23.164 millones aportados por los bancos y otros 2.600 a través de la Sareb o banco malo, al que se transfirieron activos denominados tóxicos.

Más de diez años después, la crisis del Covid-19 ha demostrado que «trabajando juntos gobierno, sector financiero y empresas somos capaces de dar respuestas eficaces, y con la colaboración constructiva se multiplican los beneficios para la sociedad», recordaba Alejandra Kindelán. La presidenta de la AEB señalaba así la cooperación y la coordinación como alternativas a la imposición y la estimatización del sector a la hora de afrontar los desafíos de un contexto tan exigente como el actual.