El bloqueo que afecta a unas 600 empresas españolas con presencia en Argelia se halla totalmente enquistado, sin visos de resolverse durante este año recién estrenado. “La situación es desesperada”, advierten algunas de las compañías españolas atrapadas, a su pesar, en la crisis diplomática provocada por el cambio de posición del Gobierno español en el contencioso del Sáhara Occidental. Los afectados denuncian, además, la absoluta opacidad del Ejecutivo y la promesa incumplida de proporcionar ayudas temporales por las pérdidas millonarias ocasionadas, en torno a 1.400 millones de euros en apenas seis meses.

En busca de respuestas, una docena de las empresas españolas perjudicadas por el bloqueo decretado por Argel en junio se reúne este martes en la sede del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El encuentro previo, celebrado en octubre, concluyó sin avance alguno. “Que nos expliquen desde el ministerio qué debemos hacer para seguir operando. Hasta ahora nos hemos mantenido por la confianza de nuestros proveedores”, señala a este diario Julio Lebrero, gerente de Aecomhel, una empresa radicada en Huesca y dedicada a la fabricación de maquinaria de obra pública. Alrededor del 90 por ciento de su facturación anual depende de Argelia, donde tiene constituida una sociedad mixta con una firma estatal.

El pasado junio el gobierno de Abdelmadjid Tebboune decidió romper unilateralmente el tratado de buena vecindad y decretó el bloqueo de las operaciones de comercio exterior con España, en represalia por el histórico cambio de posición de Moncloa en el litigio del Sáhara Occidental. Desde entonces, el silencio ha sido compartido en los despachos de Madrid y Argel. En el país árabe la consigna es que no habrá concesiones hasta que no se produzca un cambio político en España. “En Argelia también hay un silencio que impide tomar cualquier decisión. Lo que se traslada es que no se solucionará a lo largo de 2023”, lamenta Lebrero.

Importaciones residuales

Si sus cálculos son correctos, el empresariado español se enfrentaría a 18 meses de un parón que algunas empresas tratan de esquivar empleando firmas radicadas en otros países de la Unión Europea. En el caso de Lebrero, su compañía suma ya dos millones de euros en pérdidas, con la previsión de superar los 12 millones si la coyuntura no varía antes de finales de este año recién estrenado.

En el actual contencioso, las vías por las que han optado las empresas españolas son variadas: hay quienes reclaman ayudas y otros que han optado por agruparse y tratar de presionar públicamente. “Hasta ahora la relación entre ambos países ha sido esencialmente gas, petróleo y energía. Es, en realidad, entre dos estados. El sector privado ha sido olvidado”, se queja el presidente del Círculo de Comercio e Industria Argelino-Español (CCIAE), Djamel Eddine Bouabdellah. “De ahí nuestro convencimiento de que debemos constituirnos como un lobby eficaz para dotar de músculo al sector”.

“Lejos de atisbar una salida, la situación existente de bloqueo comercial a todo lo español se ha enquistado y se ha tornado desesperada no sólo para nuestra empresa sino también para todos los empresarios españoles de Argelia de cara a 2023”, confirman desde Indeco Global, una firma castellonense con más de una década de presencia en Argelia, donde crea y desarrolla hoteles, centros comerciales, complejos de ocio y oficinas de la nueva cadena hotelera Argelina AZ. Los empresarios consultados confirman que las importaciones de Argelia de o con origen en España son residuales.

El 28 de julio la Asociación de Bancos y Entidades Financieras de Argelia (Abef), la entidad vinculada al ministerio de Finanzas que había impuesto previamente el veto a las transacciones comerciales con origen o destino en España, notificó en una circular a los bancos argelinos el levantamiento del bloqueo. Sin embargo, dos días después, la decisión fue desautorizada públicamente por la agencia de prensa estatal argelina, que negó cualquier “marcha atrás” de Argel en esta materia. Según la nota, la Abef no era competente para adoptar decisiones “relativas a asuntos financieros y comerciales que comprometen al Estado”.

Sin posibilidad de obtener nuevos contratos

Y la decisión se ha mantenido inalterable desde entonces. Argelia, garante del Frente Polisario, se niega a torcer su brazo tras la continúa exhibición de la cercanía del Ejecutivo español a su eterno enemigo, Marruecos. Con nuevas derivadas: “Ninguna empresa española puede presentarse a licitaciones tanto públicas como privadas al no poder aportar una garantía bancaria”, subrayan desde Indeco Global, donde preveían completar a lo largo de 2023 un hotel de cuatro estrellas y un centro comercial por “un montante a facturar de 30 millones de euros”.

“Con estas circunstancias es difícil pensar en planes de expansión cuando ni tan siquiera son posibles ya planes para subsistir, perspectiva que afecta a todos los sectores de actividad en los cuales, como empresarios españoles, se sigue intentando trabajar a pesar de todo”, recalcan los empresarios consultados. Exteriores español, a raíz de una petición cursada en diciembre por este diario, evitó responder a los interrogantes. Los ministerios que dirigen José Manuel Albares y Reyes Maroto trasladaron la crisis comercial a la Unión Europea por lo que consideran una vulneración de los acuerdos UE-Argelia.

En una entrevista con Europa Press publicada la semana pasada, Albares volvió a repetir el que ha sido su mantra desde junio. El socialista mostró su deseo de que el comercio “se retome lo antes posible” dado que -insistió- es “mutuamente beneficioso”. El ministro subrayó que en este asunto es Bruselas y no el Gobierno quien tiene que actuar porque es «la que tiene instrumentos para ello”.

Amenaza de rescisión de contratos

Una vía, la comunitaria, que no ha dado sus frutos. “Pero tampoco por ese lado ha habido respuesta”, señala Lebrero, preocupado por la falta de certezas. “El problema es que por parte de los intermediarios, el agregado comercial en Argelia y el propio ministerio, la información es nula”, agrega este empresario. Tampoco ha fructificado la promesa del ministerio de conceder ayudas a los afectados para tratar de capear el temporal. Solo la docena de empresas participantes en la reunión de este martes cifra las pérdidas en alrededor de 150 millones de euros, en su mayoría, PYMES con entre 2 y 12 millones de facturación.

El tiempo corre y no lo hace de ninguna manera a favor de los intereses del empresariado español

En 2021 las exportaciones desde España supusieron 2.700 millones de euros. Sin luces al final del túnel, las empresas implicadas alertan de que se halla en peligro la vigencia de los contratos firmados. “Nuestros clientes podrían plantearse la rescisión de nuestros contratos en un plazo máximo de cuatro meses para poder acometer las inversiones previstas para el 2023 con firmas de la UE suficientemente cualificadas y no vetadas”, explican desde una de las empresas. Una espada de Damocles en el que las “presiones ejercidas desde la UE son manifiestamente infructuosas” y en la que los empresarios españoles son los principales damnificados.

“El tiempo corre y no lo hace de ninguna manera a favor de los intereses del empresariado español”, comentan. Un pesimismo que comparten las empresas consultadas. “Pagamos las consecuencias de un conflicto diplomático-comercial sobrevenido y desgraciadamente enquistado sin visos de salida, que amenaza seriamente la continuidad inmediata para el año 2023 de la actividad empresarial española en dicho país, pero también con arruinar todo el trabajo reputacional y de posicionamiento que se había conseguido hasta ahora para sectores productivos españoles cruciales para la economía nacional”, concluyen.  “Es todo un asunto político. Y si no hay una señal política, no habrá resolución”, pronostica Djamel.