El Gobierno quiere acabar con la volatilidad en los precios de la electricidad. Para ello, el Ministerio de Transición Ecológica propondrá en Bruselas en las próximas semanas una nueva reforma del sistema eléctrico, basada en los contratos a largo plazo.

Este nuevo sistema tendrá como eje principal un regulador, que contratará con las centrales inframarginales (las renovables) energía a largo plazo, mediante contratos por diferencias (cfd) a un precio fijo y orientado a costes, e introduce mercados de capacidad para las centrales que ofrecen capacidad firme o flexible.

El Gobierno entiende que a medida de que el peso de las renovables genere peso en el mix energético del mercado (España se fija un 74% de la eólica, fotovoltaica, etc. para 2030) los contratos a largo plazo deben ganar peso. Esto supondrá que el mercado diario se reduzca considerablemente y que las centrales nucleares o de ciclo combinado tengan un peso mínimo.

El Ministerio confía en que el precio de los contratos a largo plazo refleje el coste medio de la electricidad y no se "generarán los llamados beneficios caídos del cielo". Y es que, como se subraya anteriormente, al tener garantizadas las compras a largo plazo, la energía negociada en el mercado diario se espera que sea residual por lo que la generación de electricidad en las tecnologías más caras apenas tendrá importancia a la hora de fijar los precios.

Fuentes ministeriales remarcan que gracias a este nuevo mecanismo "el consumidor tendrá la seguridad de suministro y de precios" que hasta ahora no tienen por culpa del sistema que impera en Europa.

El Ejecutivo entiende que el mix que conocemos hasta la fecha obtiene unos réditos extraordinarias que van en contra del consumidor, y durante los últimos meses ha impulsado diferentes parches para limitar lo que califica de "beneficios caídos del cielo".

Por tanto, el Ejecutivo plantea la segmentación figura la segmentación del mercado por tecnologías, en el que se incluyen las renovables y la energía nuclear y la hidráulica y la creación de un mercado de capacidad, en paralelo al marginalista, para las tecnologías de respaldo (gas, nuclear y carbón), que podrían elegir entre uno u otro.

En el caso de los contratos a plazo de energía se abrirán unas subastas creadas por el regulador, que aún está por determinar quién será, y las productoras acudirán a éstas tras el precio fijado en dichas subastas. Para el caso de la nuclear y las hidráulicas, además de los contratos por diferencia, se aplicará un incentivo a éstas por la disponibilidad de estar en el sistema ya que estas tecnologías tienen costes fijos por estar en funcionamiento aunque no entren en el sistema.

Esto en la práctica supondrá que las centrales de renovables y nucleares reduzcan drásticamente sus ingresos actuales porque se aprovechan del sistema marginalista que iguala el pago más elevado por la generación eléctrica a todas las plantas que entran en el sistema.

Para el caso de los mercados de capacidad, en los que se engloban los ciclos combinados o las térmicas se les otorgará una cantidad fija también por estar operativas en caso de que el sistema de renovables no sea capaz de generar la electricidad que se demande en esos momentos. Para éstas se impondría un límite de precio y se penalizará en caso de no estar disponibles.

"La competencia por estos contratos, a su vez, contribuirá a trasladar las ganancias de eficiencia resultantes a precios más bajos para los consumidores", señalan las fuentes ministeriales.

Con la nueva reforma, el Gobierno estima que el precio de la electricidad llegará a ser un 75% más barato que en la actualidad. No obstante, las fuentes ministeriales no llegan a concretar en el tiempo necesario para poder llegar a esas cifras puesto que “cada país tiene unas características concretas”. “Según se asiente en el tiempo el nuevo sistema, los precios tendrán más estabilidad y, por lo tanto, el consumidor pagará menos”, sentencian.

Precisamente el tiempo es uno de los hándicaps con el que se enfrentará el Gobierno en Bruselas. El Ejecutivo asume que las cuestiones burocráticas en Europa se demoran debido a la gran cantidad de documentación a remodelar y detallar. De hecho, el Ejecutivo sabe que la implementación tardará en llegar y, por eso, la ministra Teresa Ribera ha pedido la extensión del mecanismo del tope al gas hasta finales de 2024.