Los trabajadores de Radio Televisión Española han llevado hasta el Tribunal Supremo el nombramiento de Elena Sánchez como presidenta interina de Radio Televisión Española. Tras la renuncia de José Manuel Pérez Tornero, presionado por su pasado ligado al Partido Popular (PP) el Gobierno de Pedro Sánchez vio en la periodista madrileña a la persona perfecta para llevar a cabo la dirección del ente público.

Pero los sindicatos, desde un principio, se mostraron reacios a la escalada de Sánchez a la presidencia arguyendo que no se daban los pasos necesarios y obligatorios para que fuera la máxima autoridad dentro de la corporación. Fue en diciembre cuando varias agrupaciones de empleados (UGT; USO y Sindicato Independiente) ya denunciaron por la vía mercantil y por la contencioso administrativo el nombramiento por parte del Ejecutivo.

Pues bien, los trabajadores, después de agotar las vías de recursos administrativos, han acudido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal para tumbar el proceso de elección de la presidencia. Así, será el organismo jurídico el que decidirá si Elena Sánchez debe seguir al frente de RTVE.

Y es que, como narran fuentes del ente público, la escisión entre los sindicatos es total y CCOO, una de las principales asociaciones de empleados en RTVE, mantiene una buena relación con gran parte del consejo de administración de la corporación.

Conviene recordar, en todo caso, que los sindicatos no critican la figura de la actual presidenta, sino las formas. El Consejo de Ministros cambió el 4 de octubre el artículo 33 del Estatuto Social de la corporación para dotar de plenos poderes a Elena Sánchez, presidenta interina del ente. Al tener competencias temporales, la actual mandamás de la televisión pública carecía de ciertos poderes que ahora sí tendrá tras la nueva modificación aprobada este martes.

Con esta nueva modificación, la estancia de Elena Sánchez podrá extenderse hasta, como mínimo, el fin de la legislatura ya que desde aquel día ostenta unas competencias similares a las de su predecesor.

Las bazas por parte de los sindicatos para echar atrás son varias. Entre ellas, y la que tiene más peso es la de la modificación del artículo 34 de los estatutos sociales de Radio Televisión Española, en el que se establece el procedimiento para elegir la presidenta, según consta el escrito al que ha tenido acceso este periódico.

Los sindicatos arguyen que la finalidad de la suspensión cautelar consiste en evitar “la generación de situaciones irreversibles, que se darían obviamente en el presente supuesto, al entender que la modificación estatutaria impugnada y que ha permitido el nombramiento de forma interina de la nueva Presidenta de la CRTVE”.

Además sostienen que “vulnera manifiestamente el ordenamiento jurídico”, al prescindir del procedimiento legalmente “establecido de elección o designación parlamentaria y cuyo desempeño, en cuanto a las funciones ejecutivas se refiere, difícilmente van a poder ser reversibles ni reparadas de una forma fácil”.

La posición de Corporación y Abogacía

La Corporación y la Abogacía defienden en sus escritos presentados por el procedimiento los pasos que dio el Gobierno y, por tanto, consideran que Elena Sánchez debe seguir al frente de RTVE.

La Abogacía del Estado defiende que “en los casos de vacancia o ausencia, el Presidente de la Corporación RTVE será sustituido por el consejero que sea interinamente nombrado por el Consejo de Administración de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.III, desempeñando con este mismo carácter la Presidencia del Consejo de Administración”.

En cuanto al ente público, de acuerdo al texto al que ha tenido acceso este periódico, su defensa en el proceso de nombramiento se basa en que los sindicatos no pueden recurrir este tipo de nombramientos ya que “carecen de legitimación para interponer recurso y solicitar la medida cautelar, por lo que incurran de plano en la causa prevista en el art.69 b) de la LJCA en relación con el art.19 del mismo texto”. A su vez se apoyan en dos sentencias anteriores similares del Tribunal Constitucional de 1996 y 2001.

Por último, desde RTVE se sostiene que la petición de los sindicatos ya es un “acto administrativo ya ejecutado” puesto que “la modificación estatutaria autorizada ha sido ya aprobada en Junta General por el socio único de CRTVE, (SEPI), elevado a público ante Notario y ya se ha publicado en el Registro Mercantil con fecha de 18 de octubre de 2022”. Es decir, que los sindicatos han presentado la demanda tarde.

El Gobierno defendió su nombramiento

Tras la polémica del nombramiento, el Ejecutivo de Sánchez subrayó que durante casi cuatro décadas “ha estado frente a las cámaras presentando y dirigiendo telediarios, programas de actualidad y debates en La 1, La 2 y el Canal 24 Horas. Ha sido reportera de ‘Informe Semanal’ y ‘Crónicas’, y ha dirigido documentales biográficos en ‘Imprescindibles’”.

La periodista creó el órgano de Defensa de la audiencia en 2008 y lo dirigió hasta el 2014. En agosto de 2018 fue nombrada secretaria general de la Corporación, cargo que abandonó por decisión propia en septiembre de 2020. En marzo de 2021 fue nombrada por las Cortes consejera de la Corporación RTVE.