Sindicatos y empresarios no conseguían ponerse de acuerdo sobre cuánto deberían subir los salarios durante el pasado año y los próximos tres. Por su lado, UGT y CCOO exigían que aumentasen tanto como la inflación. Del suyo, las organizaciones de empresarios CEOE y Cepyme argumentaban que tal alza es inasumible para muchas compañías españolas, por lo que nunca firmarían algo similar.

Con estas dos posturas enfrentadas, y ante la ausencia de avances, en primavera se paralizó la negociación para renovar Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que incluye una recomendación de incremento salarial para los convenios colectivos. Pero ahora los agentes sociales han encontrado un punto de encuentro, aunque preliminar y sin entrar del todo en harina en la primera reunión al respecto, que tuvo lugar este jueves: ligar sueldos a la evolución de las empresas de cada sector, en lugar de al índice de precios.

Se trata de una idea que lanzó la semana pasada Comisiones Obreras (CCOO) y que los empresarios de CEOE han recibido positivamente. «Dicen que no se puede hacer café para todos, porque la realidad de las empresas es muy distinta. Bien, pues (...) creemos un índice para que en las mesas de negociación colectiva este año tengamos información económica real de la marcha de las empresas», propuso el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo.

Lo que consideraba que iba a encontrar el rechazo frontal de los empresarios consiguió su visto bueno. El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, consideró que la idea "abre un espacio interesante". E incluso hizo suya la propuesta. "Es un poco en la onda que siempre hemos dicho. Nosotros no estamos diciendo que no se puedan subir los salarios. Tiene todo el sentido que puedan subir más en aquellos sitios o en aquellos espacios en los que vayan las cosas mejor y no puedan subir tanto en aquellos sitios o espacios donde puedan subir menos", aseguró el representante de los directivos esta semana.

Un índice que debería elaborar el Gobierno

Ahora, quien debe posicionarse ante la propuesta es el Ejecutivo. Para Comisiones Obreras, lo ideal sería que el Gobierno, como agente externo, elaborase un índice que recoja la actividad económica de las empresas, de sus beneficios a sus márgenes, productividad e inversiones. Como sugerencia, plantearon que podría ser el Ministerio de Trabajo quien facilitase estas cifras, que después utilizarían los negociadores de convenios colectivos.

Así, los representantes de los trabajadores y los empresarios podrían sentarse a la mesa de negociación con cifras concretas sobre cuál ha sido la marcha de ese sector durante los últimos años, que provendrían de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, ya que también existen datos sobre qué empresas están vinculadas a cada convenio colectivo. En base a estos datos, discutirían cuál debe ser la subida salarial más adecuada para los próximos años.

Ante las preguntas de este medio, el Ministerio de Trabajo se ha limitado a expresar que necesitan "detalles" para poder definir una posición. Del suyo, el Ministerio de Asuntos Económicos ha eludido responder. Fuentes sindicales auguran expectantes el posicionamiento, en un momento en el que el Gobierno lleva meses insistiendo en que los agentes sociales deben pactar subidas salariales para repartir el impacto de la inflación, que ahora están asumiendo en mayor medida los trabajadores.

Pacto de rentas

Desde el Ministerio de Asuntos Económicos recuerdan que ambas partes -sindicatos y empresarios- deben llegar a un pacto de rentas, esto es, un acuerdo que fije cómo se reparten el impacto de la inflación. En 2022, los trabajadores han perdido más poder adquisitivo que nunca en la historia, o al menos desde que existen registros, ya que los precios se dispararon un 8,5% a lo largo de todo el año, mientras que los salarios -los pactados en convenios colectivos, único dato de sueldos disponible- subieron tan solo un 2,8%.

A la vez, y así lo constató el Banco de España, las empresas aumentaron sus márgenes de beneficios como nunca antes lo habían hecho.

Por eso, fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pidió un pacto de rentas en el Congreso de los Diputados el pasado mes de marzo en pro de la «estabilidad y confianza» para evitar caer en una espiral de inflación que afecte a las familias y ponga en riesgo la recuperación. En 1977, el Gobierno firmó los Pactos de la Moncloa, un gran acuerdo no solo económico que logró contener la inflación.

Sin embargo, el Ejecutivo nunca llegó a auspiciar una negociación al respecto, ni realizó ninguna propuesta. Se limitó a insistir en que ambas partes deberían reunirse y alcanzar dicho acuerdo cuanto antes, en que era necesario para la economía. Y así lo ha repetido a lo largo de los meses, mientras los agentes sociales criticaban que hubiese dejado la mesa en el aire, sabiendo que por su lado y con la fortísima inflación del año pasado -del 8,4% de media, la más alta desde 1986- presionando a las familias.

Este medio ya informó en diciembre de que ambas partes habían retomado la negociación salarial, aunque de forma informal. Un mes después, por primera vez se ha producido una reunión formal este jueves, pero sin ningún intercambio de papeles ni propuestas, y sin fecha para la próxima.