Las cadenas de distribución asumen que la nueva ofensiva desplegada en los últimos días desde las filas de Podemos se puede extender a lo largo de todo un año marcado por las convocatorias electorales. Ninguna organización empresarial del sector quiere responder abiertamente a los señalamientos por parte de la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que tildó de "capitalista despiadado" al presidente de Mercadona, Juan Roig.

Sin embargo, en privado aseguran que la deriva del partido morado -que exige un control de precios de los alimentos básicos para aliviar el bolsillo de los consumidores- "es una cuestión más ideológica que económica". El propio presidente de Mercadona sí ha respondido asegurando que los empresarios son los que generan riqueza y bienestar. "Si después a los que les toca gestionar lo saben hacer, hay riqueza para todos; si no, hay enfrentamiento", ha señalado.

Desde Anged, la patronal que agrupa a compañías como Alcampo, Carrefour, Eroski o El Corte Inglés, sí aportan un balance de la situación actual. Aseguran que la fuerte escalada de la energía y materias primas básicas para la producción de alimentos (hasta tres dígitos para los cereales, fertilizantes, cartón, vidrio o plástico) han tensionado al límite los costes de todas las cadenas de valor y provocado un alza de precios.

Señalan además que todas las cadenas de distribución han realizado "un gran esfuerzo para contener buena parte de la fuerte subida de los precios industriales" y dicen que gracias a que sus asociados han elevado la inversión en promociones y descuentos, han revisado sus surtidos y han impulsado las marcas blancas, "el precio medio de la cesta de la compra ha subido 6,8 puntos menos que el precio al que la distribución compra a la industria alimentaria esos productos".

Citando datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), sostienen que el precio medio de la cesta de la compra avanza un 9,6%, frente al 16,4% que han subido de media los precios a los que la distribución compra a la industria. Asimismo, remarcan que la crisis de costes y precios está "erosionando gravemente el negocio de la distribución, que por su dinámica competitiva ya opera con márgenes netos muy bajos".

Como viene publicando El Independiente, las asociaciones empresariales los sitúan por debajo del 3%. Pero desde las filas de Unidas Podemos, no dudan en rebatir estas afirmaciones. Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, aseguró este mismo martes en sede parlamentaria que las cadenas de distribución "se están forrando".

"Las subidas actuales de los precios son insoportables y los grandes supermercados no están arrimando el hombro", insistía durante el Pleno de la Cámara Baja, dirigiéndose directamente al presidente Pedro Sánchez. "No podemos permitir que el capitalismo despiadado de Juan Roig y otros magnates de la alimentación decidan qué pueden comer y qué no las familias", insistió.

Imponer topes de precios llevaría a pérdidas

Desde Anged remarcan que en 2022 los costes de aprovisionamiento de las 22 primeras empresas de distribución alimentaria aumentaron en unos 8.400 millones de euros debido al encarecimiento de los precios industriales. Y alertan de que, con este panorama, "imponer un tope a los precios de venta que impida a la distribución trasladar los incrementos de costes supondría llevar al conjunto del sector a números rojos en poco más de nueve semanas".

Otras fuentes del sector remarcan que es sólo una parte del Gobierno la que está abogando por este tipo de medidas de carácter intervencionista, que podrían ser tumbadas por ir en contra de la libre competencia. En este sentido, aseguran que los posicionamientos públicos que ha tenido hasta ahora el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aportan un punto "tranquilizador" a la situación. También cuentan con que la vicepresidenta económica Nadia Calviño ponga freno a cualquier intento de implantar los topes de precios que piden los socios de la coalición.

Sin medidas para controlar la bajada del IVA

El Gobierno ha tomado hasta ahora medidas como la rebaja y supresión del IVA de algunos alimentos básicos como el pan, la harina, la leche, los huevos, la fruta, las verduras y las hortalizas. Sin embargo, ha decidido dejar fuera la carne y el pescado, pese a que tienen un alto peso en la configuración de la cesta de la compra.

Por su parte, tampoco ha establecido ningún mecanismo específico para controlar que las cadenas de distribución y el comercio en general ha aplicado de manera efectiva la rebaja del IVA. Hasta el momento, la única iniciativa pasa por convocar al Observatorio de la Cadena Alimentaria, donde están representados todos los eslabones; desde los productores hasta los distribuidores.

Todavía no hay fecha concreta para la reunión del órgano que sustituyó al Observatorio de precios. Aunque la intención inicial del departamento de Planas era convocarlo a finales de enero, quizás la cita se demore hasta que el Instituto Nacional de Estadística (INE) haga públicos los datos del IPC que permitan comprobar el efecto de la rebaja impositiva.

Dentro del propio Ejecutivo, las palabras de Belarra han generado tensiones. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, recomendó a la líder morada mantener una "cierta prudencia verbal". Y tras la reunión del Consejo de Ministros, la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho no poder hacerse cargo "de las declaraciones que se producen en actos de partido". Acto seguido, ha puesto en valor el papel del sector de la distribución, a la que ha elogiado su desempeño durante la pandemia.

Echenique, por su parte, se ha limitado a decir que si los socialistas están dispuesto a llevar a cabo "medidas valientes", como limitar el precio de los alimentos al nivel de antes de la guerra de Ucrania, están dispuestos a hacer "selecciones semánticas de los adjetivos" de sus declaraciones.