La gestión que Seguridad Social ha hecho de sus edificios vacíos le ha valido más de un tirón de orejas. Este mismo verano, el Tribunal de Cuentas constataba duramente su "gestión ineficiente de los fondos públicos" porque ha ocasionado "gastos innecesarios" millonarios, y le pedía cambiar la normativa como fuese oportuno para evitar el desaprovechamiento de estos "inmuebles ociosos" del Ministerio.

Seis meses después, este martes el Consejo de Ministros aprobará un real decreto ley para flexibilizar la movilización del patrimonio de la Seguridad Social en favor de otras administraciones públicas. En los Presupuestos Generales del Estado de 2023 el Gobierno ya modificó un artículo de la Ley General de la Seguridad Social como un primer paso hacia este cambio, que ahora se concreta con el mencionado real decreto.

Según el Tribunal de Cuentas, Seguridad Social cuenta con 874 inmuebles totalmente vacíos o sin uso, y otros 179 están parcialmente vacíos. "La existencia de estas superficies vacías o sin uso ha implicado la asunción por el Sistema de Seguridad Social de importantes gastos e inversiones, que (...) ascendieron a un importe de, al menos, 143,3 millones de euros", expuso en su Informe de fiscalización operativa sobre la eficiencia en el uso de los inmuebles de la Seguridad Social.

Ahora, se permitirá la movilización del patrimonio de este Ministerio, tal y como ha podido saber este periódico, de manera que otras administraciones como ayuntamientos, diputaciones, universidades podrán hacer uso de estos edificios vacíos sin los límites que hasta ahora establecía la ley. La titularidad, eso sí, continuará siendo la de la Seguridad Social, pero al menos permitirá que los edificios no se desaprovechen, a la vez que tapa ese agujero millonario que le está ocasionando el mantenerlos.

"La construcción del Centro de Formación de la Seguridad Social (CFSS) en Pozuelo de Alarcón (Madrid) constituye un ejemplo del uso ineficiente de los recursos del Sistema de la Seguridad Social. Desde la compra del terreno en el año 2001 hasta el inicio de su actividad transcurrieron doce años y desde entonces, hasta la decisión de su venta en el año 2019, solamente ha estado operativo seis, con escasa ocupación y aprovechamiento", lamentó el Tribunal en su informe sobre el inmueble que aparece en la foto de este artículo.

A falta de conocerse la letra pequeña de la nueva normativa, la idea es que el patrimonio inutilizado pueda adscribirse o cederse a otras administraciones públicas para fines de utilidad pública, sin las trabas que hasta ahora presentaba la Ley para los traspasos.

El Tribunal de Cuentas recomendó cambiar la normativa

En el mencionado informe, el Tribunal de Cuentas recordó una vez más este verano que el Estado no cuenta con un inventario general completo, pero sobre todo que la Seguridad Social no cuenta con una herramienza eficaz para la gestión de sus inmuebles. Sin embargo, lo que más destacó el Tribunal fue la existencia de inmuebles vacíos de Seguridad Social que estaban implicando importantes gastos e inversiones, de al menos 143 millones de euros.

En parte, el problema provenía de la adquisición de inmuebles que se llevó a cabo en el 2000 para la renovación y creación de nuevas oficinas del Ministerio, aunque después esos centros no fueron puestos en funcionamiento. Por otro lado, había inmuebles de las mutuas que no se pusieron a disposición de la Seguridad Social, y al mismo tiempo no se vendieron inmuebles vacíos a pesar de no estar siendo utilizados "por la falta de inicio del procedimiento de enajenación, o por resultar infructuoso tal procedimiento y no iniciar un nuevo procedimiento, transcurrido un tiempo" (solo se hizo en un 16% de los casos).

Por eso, el Tribunal recomendó a la Tesorería General de la Seguridad Social que promoviese, por un lado, que los edificios adquiridos para cumplir una determinada función sean puestos en funcionamiento en un plazo razonable, "evitando la generación de periodos de inactividad, que se traducen en gastos e inversiones innecesarias". Por otro, pedía la desascripción de aquellos que no vaya a utilizar, favoreciendo su aprovechamiento por otras entidades. Y, en esa línea, pedía una modificación normativa para que la Tesorería pueda proponer de oficio la desascripción de los inmuebles si aprecia falta de actividad o de solicitudes.

Este martes, el responsable del ramo, José Luis Escrivá, explicará tras la reunión del Consejo de Ministros la iniciativa.