España fue el primer país en recibir financiación directa de la Comisión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (PRTR). La velocidad con la que el Gobierno armó el Plan de Recuperación para abrir el saco del fondo Next Generation EU destinado a socorrer la economía de los estados miembros después del Covid, acelerar su recuperación y modernizar su modelo productivo, ha sido motivo de orgullo en Moncloa desde entonces. El mensaje desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital​​ que dirige Nadia Calviño es el de que los fondos están llegando a la economía real y que "ya se han resuelto en total 23.300 millones de euros en convocatorias de ayudas y licitaciones, más de un 80% de ellas gestionadas por el Estado"; sin embargo, la estrategia está marcada por la escasez de información sobre la ejecución presupuestaria del Plan fuera de los ministerios, donde la velocidad de actuación no es la esperada.

Las transferencias millonarias desde la Administración Central hacia los entes públicos dificulta el rastro del dinero. "La Administración General del Estado tiene una serie de informes que permiten seguir bien la ejecución del Plan, pero lo que hacen es pasarle la pelota a otro organismo público y ahí ya nos perdemos", señala en conversación con El Independiente Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y uno de los coordinadores del estudio 'El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en España: balance provisional y propuestas de mejora'. Tal y como asegura el informe de FEDEA, "el notable éxito alcanzado en términos de la llegada de los fondos europeos a nuestro país está tardando en trasladarse a la economía real más de lo inicialmente esperado". El estudio destaca que para 2021 y 2022, los datos y estimaciones disponibles apuntan a adjudicaciones de en torno a 0,5-0,8 puntos de PIB por año y niveles de desembolso aún menores, "lo que supone un ritmo de entre el 25 y el 40% de lo esperado en su día".

Fuentes del Ministerio de Economía reconocen a este diario la dificultad de manejar volúmenes tan elevados de inversión: "No hay prácticamente precedentes y desde el Estado se ha diseñado una arquitectura de cogobernanza y una reforma de la Administración para poder canalizar todo esto", aunque defienden que "los fondos ya están llegando" y que "el año pasado se alcanzó la velocidad de crucero". El laberinto de los fondos europeos, enmarcados en 130 conferencias sectoriales y distribuidos por el Gobierno hacia otras administraciones y empresas públicas que serán los responsables directos de la gestión de las ayudas e inversiones del Plan, provoca un atasco de millones en las arcas públicas. Las comunidades autónomas han lanzado convocatorias por el 50% de los fondos asignados y han resuelto solo un 20% de los recursos asignados hasta el momento (unos 4.000 millones de euros). "Se está trabajando para agilizar ese despliegue", destacan desde el ministerio que encabeza Calviño, que esta misma semana puso el foco sobre las comunidades autónomas, que han de "acelerar la ejecución de las inversiones".

Previsiones demasiado optimistas

"Estamos yendo más despacio de lo que se pensaba en su momento, pero es que las proyecciones que se hicieron eran demasiado optimistas. Hay cosas que se pueden hacer para que la implementación fuera un poco más ágil -y eso debería hacerse- pero aún así, igual lo previsto no es es muy realista y hay que pensar en intentar alargar los plazos que da la Comisión Europea para ejecutar los fondos", explica de la Fuente. El experto argumenta que la Administración está gestionando "unas inversiones muy por encima de las que mueve normalmente y no le hemos dado muchos más medios".

De la Fuente considera que "hay un problema endémico en España que es el de hacer una gestión muy garantista, de control exhaustivo ex ante de todo". "Es cierto que ayuda a evitar fraudes, pero a cambio las cosas se mueven muy despacio. Tendríamos que pensar en cambiar la forma de gestionar, hacer más controles selectivos y ex post. En vez de mirar todo antes de, comprobar que las cosas se han hecho bien y crujir al que caces, pero no pararlo todo antes de empezar a andar".

Según datos del Ministerio de Economía, hasta el momento se han recibido 31.000 millones de euros de fondos europeos de los que s​e han asignado casi 20.600 millones de euros a las comunidades autónomas. Dada la porción que corresponde a los ayuntamientos a través de distintas convocatorias -las administraciones territoriales gestionan fondos europeos Next Generation EU por valor de 28.000 millones de euros-, estas administraciones han contado con un margen muy limitado para adaptar los proyectos a sus necesidades o para proponer proyectos propios, indica FEDEA: "Han tenido relativamente poco que decir, según nos transmiten muchos de los responsables autonómicos".

El balance de FEDEA sobre el primer año y medio del Nex Generation EU en España es que deja un sabor agridulce. En análisis de la fundación desliza que el liderazgo de España en la aprobación del Plan y el desembolso de los primeros tramos de fondos convive con la percepción "de una excesiva lentitud en la ejecución de las inversiones y con dudas sobre la calidad de algunas inversiones y reformas". "Hay planes muy ambiciosos, que tienen muy buena pinta, pero que no son nada sencillos. No sé si los plazos que nos ha dado la Comisión Europea son suficientes para llevarlos a cabo bien. Si nos ponemos a gastor como locos a lo mejor gastamos todo, pero seguramente que una buena parte de mala manera. Quizá lo ideal hubiera sido tardar más en elaborar el Plan y hacerlo mejor para que a la larga fuese más fructífero y más importante", concluye de la Fuente.