La privatización de torres de control de algunos de los principales aeropuertos del país que prepara el Gobierno ha sido celebrada por las aerolíneas y ha provocado el rechazo de los sindicatos y de Unidas Podemos, el socio del PSOE en el Gobierno, que ha reclamado explicaciones sobre el proceso al ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige Raquel Sánchez.

El departamento ha sacado a proceso de audiencia pública una orden ministerial para la liberalización del servicio de control aéreo de los aeródromos de las torres de siete aeropuertos (Bilbao, Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Santiago, Tenerife Norte y Tenerife Sur). El pasado 31 de enero, el gestor aeroportuario Aena propuso al Ministerio continuar con una nueva fase de apertura del servicio de tránsito aéreo de aeródromos a nuevos proveedores certificados.

"La experiencia hasta el momento del servicio prestado por proveedores privados ha sido significativamente positiva en términos de calidad y eficiencia económica, por lo que la valoración del Mitma ha sido favorable a la solicitud de Aena", aducen fuentes desde el Ministerio. Hasta ahora, hay 12 torres ya liberalizadas. Según defiende el citado departamento, el proceso privatizador de las torres de control "supone profundizar en una reforma estructural con dos objetivos: mejorar la calidad del servicio de control de torre y su eficiencia económica".

Desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) aplauden la iniciativa y dicen que es "una vieja reivindicación del sector aéreo que permitirá ganar en eficiencia y mejorar la calidad del servicio, sin comprometer la seguridad". En 2011 se inició un proceso que permitió liberalizar las torres de los aeropuertos de Sabadell, Madrid-Cuatro Vientos; A Coruña, Alicante, Ibiza, Jerez, Sevilla, Valencia, Vigo, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.

Pero la medida no ha gustado a los socios del PSOE en el Gobierno. El portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Transportes del Congreso, Rafael Mayoral, trasladó hace unos días a la ministra de Transportes su rechazo a la privatización de las torres.

Desde el grupo parlamentario entienden que se trata de un servicio público que "no puede estar en manos privadas". En una misiva dirigida a la ministra recogida por Europa Press, el portavoz morado considera que el proceso de privatización "puede suponer un empeoramiento de las condiciones laborales de los controladores".

No en vano, en estos momentos hay huelgas activas por parte de los sindicatos CCOO y USCA contra la patronal APTCA, ante el fracaso de las negociaciones del convenio colectivo en las torres privatizadas y que se reparten entre dos empresas (Saerco y FerroNats). La segunda de ellas arrancó en 2011 como una joint venture entre Ferrovial y el proveedor británico de servicios de navegación Nats. Pero el 3 de febrero se conoció que Serveo (Portobello) se había hecho el 100% del accionariado de FerroNats, que ahora pasará a denominarse Skyway.

Se da la circunstancia de que tres de las empresas participadas por el fondo de capital riesgo Portobello, que preside Íñigo Sánchez-Asiaín, han sido rescatadas por el Gobierno en los últimos tiempos con una inyección superior a los 90 millones a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Se trata de la cadena Blue Sea Hotels, la empresa de catering Mediterránea y la firma de clínicas dentales Vivanta.

De momento, los controladores de las privatizadas mantienen en vigor las convocatorias de huelga previstas para todos los lunes de febrero en las torres de control de los aeropuertos de A Coruña, Alicante-Elche, Castellón, Cuatro Vientos, El Hierro, Fuerteventura, Ibiza, Jerez, Lanzarote, La Palma, Lleida, Murcia, Sabadell, Sevilla, Valencia y Vigo. En total, prestan servicio en 22 torres civiles. Doce de ellas prestan servicios en los aeropuertos de Aena y otras diez no están dentro del perímetro del gestor público que preside Maurici Lucena.

"Evitar tensiones e inestabilidad"

Desde el Ministerio dicen estar abiertos a "analizar todas las alegaciones y reivindicaciones que se presenten de cara a la elaboración de la resolución final" y muestran la voluntad de "hacerlo de la mano del sector, de Enaire y de los controladores". En este sentido, desde el ministerio quieren tranquilizar a los controladores. "La clave es mantener la calidad y estabilidad del servicio y del empleo, evitando tensiones e inestabilidad", apuntan.

En 2010, se liberalizaron los servicios de control prestados desde las torres de los aeropuertos de Aena para que pudieran ser prestados por proveedores de servicio distintos del proveedor estatal Enaire. Estos servicios, denominados de control de aeródromo, aseguran el aterrizaje y despegue ordenado de las aeronaves en el aeropuerto.

En cuanto a la seguridad, el departamento que dirige Raquel Sánchez insiste en que "la seguridad está plenamente garantizada porque las nuevas empresas que presten este servicio estarán certificadas, según los requisitos establecidos en los Reglamentos europeos y que han sido recogidos en el Real Decreto por el que se regula el procedimiento de certificación de proveedores civiles de servicios de navegación aérea, aprobado el 23 de julio". Eso significa que sólo podrán prestar el servicio de control de torre las empresas que estén certificadas por la Agencia de Seguridad Española u otro supervisor de la Unión Europea.

Respecto a la sociedad pública Enaire, el Ministerio remarca su compromiso con el futuro de la compañía y de sus trabajadores públicos. "Se garantiza la estabilidad de todos los empleos, la continuidad de la actividad de la empresa y su crecimiento en el marco del Plan Estratégico aprobado", trasladan desde el Ministerio. Además, el citado departamento también se ha comprometido a avanzar en la firma del convenio colectivo.

En este sentido, Enaire seguirá prestando de manera exclusiva los servicios de control aéreo de ruta y de aproximación, que suponen más del 80% de su actividad, y servicios de aeródromo en Madrid, Barcelona, Melilla y todos aquellos en los que conviven servicios de aeródromo y aproximación. En estos casos, "la liberalización no supondría eficiencias".

Respecto a los plazo, la liberalización no será inmediata. Aena dispone de un periodo de 18 meses para iniciar el proceso de selección de los nuevos proveedores, por lo que las licitaciones no se publicarán hasta 2024. Después hay un plazo de dos o tres años hasta que el nuevo proveedor comience a prestar los servicios.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aseguró en su '‘'Estudio de los Servicios de Tránsito Aéreo en España'’' de 2018 que la apertura a la competencia de los servicios de tránsito aéreo de aeródromo ha permitido mejorar la eficiencia hasta el 60% y mejorar la calidad del servicio.