La Comisión Europea ha alertado de que no cumplir las reformas fundamentales de un plan de recuperación, como es la de pensiones en el caso de España, "costará mucho", mientras en Madrid el Gobierno ha seguido defendiendo la rápida ejecución del plan ante la delegación de europarlamentarios. "No cumplir una reforma fundamental de un plan (de recuperación) costará mucho, como debe ser", han asegurado fuentes comunitarias al ser preguntadas en particular por la reforma de las pensiones en España, cuya culminación estaba comprometida para el cierre de 2023 y lleva ya casi dos meses de retraso.

El Ejecutivo comunitario ha publicado este martes un documento que detalla la metodología que utilizará para aprobar pagos parciales a los Estados miembros cuando considere que algunos de los compromisos que contempla un desembolso no han sido totalmente satisfechos. El documento establece una metodología para establecer la cuantía de la sanción, sin embargo, también permite a Bruselas fijar la cantidad definitiva, por lo que la reforma de las pensiones en España podría recibir el castigo máximo en caso de incumplimiento.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, estuvo el lunes en Bruselas, donde dijo que el Gobierno está muy cerca de cerrar la reforma de la que depende que España cobre completo el siguiente tramo del fondo de recuperación, de 10.000 millones de euros, un pago que aún no se ha solicitado. El Gobierno español tenía que haber terminado la reforma antes de 2023 y aún sigue negociando con Bruselas los últimos flecos sobre el alza de cotización de las bases máximas y el periodo de cómputo.

Este martes por la tarde en Madrid, Escrivá se ha reunido con los miembros del Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo que esta semana visita España para supervisar la gestión de los fondos europeos, después de que durante la mañana lo hiciera la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Montero defiende la elevada ejecución de fondos

Montero ha explicado que España, como país más adelantado en la ejecución de los fondos, ya ha alcanzado un 75 % de obligaciones reconocidas de todos los recursos presupuestados para 2021 y 2022, y ha destacado que el despliegue de esos recursos se ha caracterizado por la gestión conjunta con las comunidades autónomas y ayuntamientos.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha dicho que tiene la impresión de que los europarlamentarios están "sorprendidos" por los instrumentos puestos en marcha por el Gobierno de España para mejorar la ejecución y el control de los fondos europeos, que refuerzan los sistemas de auditoría, de control y de prevención del fraude y que permiten anticiparse a los conflictos de interés.

Uno de ellos es el sistema integral de seguimiento y gestión de los hitos y objetivos (CoFFEE) y el otro, el sistema de detección de conflictos de intereses ex ante mediante minería de datos (Minerva), dos instrumentos que son una prueba del control interno con que se gestionan los fondos y que además se complementan con la formación de más de 2.200 empleados públicos que trabajan con fondos europeos.