La Inspección de Trabajo afronta este miércoles su tercera jornada de huelga para protestar por el "ninguneo" que está recibiendo por parte del Ministerio que dirige Yolanda Díaz. Diecinueve meses después de firmarlo, Trabajo aún no ha cumplido con el acuerdo al que llegó con representantes de los trabajadores en julio de 2021, que recogía la incorporación de 500 personas, la modernización de los equipos y otras cuestiones de tipo organizativo, así como una mejora de las condiciones retributivas.

"Quieren que nosotros garanticemos los derechos que están reconociendo a los trabajadores, pero de los nuestros se olvida", lamenta María José Díaz, presidenta de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), uno de los ocho sindicatos de trabajadores de la Inspección que respaldan la huelga. "Sentimos que nos están defraudando, porque ya ni siquiera nos escuchan. No nos reciben, no nos atienden, pedimos reuniones con todos… y no sabemos qué pasa. No sabemos si ya les da vergüenza recibirnos o si han tirado la toalla".

Llevan ya tres meses de huelgas, que iniciaron en diciembre. Ahora van a presentar sus quejas ante la justicia europea ya que, esgrimen, el incumplimiento de Trabajo "supone vulneración de la carta de derechos fundamentales de la UE en cuanto a negociación colectiva". Además, ahora también se plantean la posibilidad de ir a una huelga indefinida, con una reticencia: que los más perjudicados serían los trabajadores que no tendrían quién atienda sus denuncias, y las beneficiadas serían las empresas, que se librarían de las inspecciones.

Mientras ellos protestan, Trabajo se mantiene en silencio. Lo hace, incluso, aun después de que los inspectores, subinspectores, técnicos y administrativos se manifestaran en la puerta de una de sus ruedas de prensa. No mantienen reuniones con los trabajadores, tampoco responden cuando estos piden encuentros con algún responsable del Ministerio. "Es como si no nos hablásemos, no se entiende", reprocha la inspectora de UPIT.

Mientras, Trabajo y Hacienda se culpan respectivamente de no poner en marcha lo prometido, como han explicado ambos a este medio. El primer Ministerio es quien alcanzó el pacto con los trabajadores, pero el segundo es quien debe aplicar el acuerdo. A día de hoy, en España hay 858 inspectores de trabajo, 994 subinspectores y 924 efectivos de personal administrativo en este organismo. El ratio es de solo un inspector o subinspector por cada 15.000 trabajadores, mientras que la media de la UE es de uno por cada 7.000.

"No dejan de sorprendernos sus manifestaciones de que ellos [Trabajo] han cumplido ya, porque desde que han mandado los papeles a Hacienda [y Función Pública, ya que ambos ministerios se fusionaron el año pasado] no ha habido contactos formales ni informales... desde la perspectiva de ellos hay un fracaso completo de la propuesta, y denota una fuerte incapacidad para liderar incluso aunque afecte a sus propios organismos", denuncia Josetxo Gándara, responsable de Acción Sindical del sector de la Administración General del Estado de la Federación De Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO).

Más carga de trabajo sin más medios

Los sindicatos se muestran sobre todo molestos al ver a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presumir de la Inspección y anunciar nuevas responsabilidades para el cuerpo mientras continúa sin asumir lo acordado. Y sin dar un golpe encima de la mesa para exigir a Hacienda que cumpla su parte del trato. "Parece que la Inspección es ella, si te descuidas. Es su estrategia de comunicación sacarle rendimiento de lo que rodea a la Inspección", opina Gándara.

"La sensación es que ella presume de la Inspección cuando se consiguen los objetivos que ella se fija, como el tema de los falsos autónomos en plataformas digitales, el tema de Glovo, Amazon, las Big Four... ella presume, y nos gusta, pero, señora ministra, ¡somos sus trabajadores!", apunta la representante de UPIT, recordando que estos empleados públicos son los encargados de vigilar que toda la política laboral de la ministra se cumpla: del registro de jornada, a los retributivos, la reforma laboral, la igualdad retributiva, la contratación y los fijos discontinuos, entre muchos otros.

Otro punto incomprensible, para el colectivo, es las reticencias de ambos ministerios cuando la partida presupuestaria para cumplir con el acuerdo -un aumento del 22%, unos 24 millones más- ya se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Desde entonces no se ha gastado, "se ha ido a financiar el déficit público, está como remanente", asegura Gándara, algo que también podría suceder lo mismo este año si continúa sin aplicarse el acuerdo.

La huelga de este miércoles está convocada por CCOO, UGT, CSIF, el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), la Confederación Intersindical Galega (CIG), el Sindicato de Subinspectores Laborales de Seguridad y Salud (SISLASS) y la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), Unión de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social (USESS). Incluye también una protesta ante las puertas del Ministerio de Trabajo, en Madrid.