Después de ligar las pensiones a la inflación, de modificar el sistema de autónomos para que coticen por sus beneficios reales y de subir las cotizaciones a los trabajadores para sostener la jubilación del baby boom (mecanismo de equidad intergeneracional), quedaba pendiente la última parte de la gran reforma que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha comprometido con Bruselas a cambio de fondos europeos.

Para el ministro del ramo, José Luis Escrivá, las dos "patas" restantes de la reforma eran tan sencillas que no vio necesario empezarlas a negociar antes de finales de noviembre. Hasta el día 28 su departamento no convocó a los negociadores habituales, los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones de empresarios CEOE y Cepyme, a una primera reunión, pese a que la promesa a la Comisión Europea incluía aprobar los cambios antes de que terminase diciembre.

Ahora, casi tres meses después, la famosa reforma continúa en pañales. Tanto los agentes sociales como los socios parlamentarios del Gobierno alejan la posibilidad de un acuerdo, aunque al mismo tiempo el ministro proclame que ve posible cerrarla en "semanas". "Es una reforma a la que le quedan espero que semanas de culminación", ha asegurado Escrivá este jueves ante los medios.

"Tenemos que trabajar simultáneamente en tres ámbitos, porque yo creo que después de lo que ocurrió con la reforma laboral [solo salió adelante gracias al error al votar de un diputado del PP], los agentes sociales nos han pedido que no solo cerremos con ellos [la reforma], sino también en el ámbito político, y a su vez tenemos que asegurarnos de que tenemos una interpretación coincidente con las instituciones europeas sobre cómo están definidos los hitos", ha añadido.

Un cambio en el procedimiento habitual

Es cierto que en esta ocasión la reforma se ha complicado más de lo habitual debido a exigencias inesperadas del guion. Después de lo sucedido con la reforma laboral, UGT y CCOO se cerraron en banda a emplear tiempo y esfuerzo en negociar una reforma que después podía no salir adelante en el Congreso de los Diputados, empujando así a Seguridad Social a algo no visto en las últimas reformas de calado: plantear, en paralelo, sus intenciones a los grupos políticos que podrían apoyar su aprobación.

Y esa negociación a varias bandas está dificultando los avances. Esta última fase de la reforma habría de tener dos partes, según consta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el documento que los países de la Unión Europea enviaron a Bruselas explicando qué cambios iban a llevar a cabo a cambio de recibir miles de euros que no tendrán que devolver. La primera, una adaptación del periodo que se tiene en cuenta para calcular la pensión "a las nuevas carreras profesionales", y la segunda, un aumento de las bases máximas de cotización, para conseguir que los mayores salarios contribuyan algo más a la Seguridad Social.

Tanto Unidas Podemos como los sindicatos rechazan la primera medida, porque consideran que reducirá la pensión a parte de la población. La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha manifestado en este sentido. "La ampliación del cálculo de la base reguladora a 30 años es un endurecimiento en el acceso a la jubilación que nosotros no podemos compartir, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones", señaló. De la misma manera lo manifestó esta semana la diputada de Podemos Aina Vidal, asegurando que en lo que se refiere a un nuevo periodo de cálculo "no va a haber un acuerdo".

"Confío en que seremos capaces de acordar una reforma del sistema que garantice una mejora de los ingresos futuros, es decir, que comprometa esos tres puntos del PIB que necesitamos para garantizar las pensiones, pero que lo hagan fundamentalmente por la vía del destope de los ingresos más altos y no recortando las prestaciones futuras", recalcó también esta semana el responsable económico de Podemos y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, en una entrevista con El Confidencial.

"Para nosotros, hoy no es aceptable la ampliación de los años del cómputo", ha resumido la situación en diferentes ocasiones el líder de UGT, Pepe Álvarez, de igual manera a como lo ha hecho el de CCCO, Unai Sordo. La (única) propuesta que Escrivá ha llevado al respecto al diálogo social, que consistía en aumentar el periodo de cálculo hasta los 30 años, pudiendo descartar los dos peores, queda así en agua de borrajas. Esta medida, en cambio, no suscita la oposición de CEOE, puesto que no afectaría a las empresas.

En cambio, del lado del aumento de las bases máximas de cotización a los mayores salarios, los empresarios sí han mostrado su negativa. El cambio supondría que los sueldos más altos, por encima de algo más de 4.000 euros al mes, contribuyesen más a la Seguridad Social, puesto que en la actualidad ese es el límite de la progresividad. "Veo muy complicado, a día de hoy, un acuerdo en el ámbito político y en el social", manifestaba esta semana el vicepresidente de CEOE Lorenzo Amor. Esta parte, por tanto, sí que la apoyan los sindicatos y las formaciones como Unidas Podemos.

¿Qué posibilidades hay, entonces? Por el momento, todo son especulaciones. Fuentes sindicales presentes en la negociación ven muy complicado que el ministro decida ampliar el periodo de cómputo de las pensiones, una medida claramente impopular, tan cerca de las elecciones autonómicas y generales. Pero es lo prometido a Bruselas, y es probable que Bruselas no acepte una reforma que solo comprenda la segunda parte, la de aumentar las cotizaciones sociales a los sueldos más altos. En cualquier caso, el tiempo apremia: la Comisión evaluará estos hitos de cara al cuarto pago de fondos europeos, que debería solicitarse en otoño.

Escrivá considera que "todo está muy avanzado"

La falta de contactos entre el Ministerio, sindicatos y patronales contrasta con el optimismo del ministro de Seguridad Social. Mientras que el secretario general de UGT insistía este jueves en que desde el departamento no les han "dicho nada" en semanas ("a mí me parece que es lo que tiene que ser, porque nosotros le dijimos al ministro que antes de cerrar un acuerdo con nosotros queríamos tener la seguridad de que el acuerdo iba a poder darse en la UE y que había consenso parlamentario" para aprobar la reforma, comentaba), Escrivá lo ve muy cerca.

"Está todo muy avanzado. Yo espero que esto esté culminado muy próximamente porque tenemos que asegurar un sistema de pensiones que no solamente sea suficiente y más equitativo sino también sostenible", aseguraba, insistiendo en que continúan trabajando en el periodo de cómputo, el tratamiento de las lagunas y de los años peores, y la ampliación de las bases de cotización.

También se mostraba optimista con respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo a todas las bandas: "en las negociaciones, que estamos avanzando en los tres niveles que he dicho, la convergencia es creciente". "Estamos conjugando esos tres elementos que yo creo que van a ser satisfactorios para todos, porque vamos a poder cumplir con la recomendación del Pacto de Toledo, que es que esas realidades profesionales con carreras más volátiles no se vean perjudicadas en la pensión final, sin que al final afecte tampoco a los intereses de nadie. Eso es lo que estamos estableciendo en esos momentos, los temas que estamos en esos momentos ajustando".