El presidente de Aena se ha mostrado nuevamente partidario de seguir adelante con la liberalización de torres de control de varios aeropuertos españoles que prepara el Gobierno, en lo que sería el mayor proceso de este carácter desde 2010. El también consejero delegado del gestor aeroportuario ha insistido en que la entrada de competencia en este servicio es "positiva" y ha contribuido a bajar el precio de los billetes de las aerolíneas.

Sus palabras se producen en pleno revuelo político por un proceso impulsado bajo el mando de la recientemente cesada como secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, tras el caso de los trenes de ancho métrico de Asturias y Cantabria. Lucena ha dicho que "respecto a lo que vaya a ocurrir, no tenemos nada que opinar". "Como no puede ser de otra manera, somos respetuosos con la decisión del Gobierno, sea la que sea", ha remarcado.

En ese sentido, ha dejado la pelota sobre el tejado de Transportes, que sacó a consulta pública el proyecto de una orden ministerial a comienzos de febrero para que los ciudadanos, organizaciones y resto de agentes sociales presenten alegaciones y comentarios al texto normativo con el que se pretende impulsar la entrada de competencia en las torres de Bilbao, Gran Canaria, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca, Santiago-Rosalía de Castro, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna y Tenerife Sur. 

"En última instancia es el Gobierno, en el marco legislativo actual, es el que en su caso decidirá si hay que materializar la ampliación de competencia en algunos aeropuertos más", ha señalado tras insistir en que "los estándares de seguridad han sido los mismos y no ha habido un incidente reseñable atribuible al cambio en la gestión" de las doce que ya se liberalizaron en 2010 y que operan dos proveedores privados (Saerco y Skyway -antes FerroNats). Sin embargo, los sindicatos USCA y CCOO mantienen abierta una huelga en estos espacios para reclamar mejoras en sus condiciones laborales.

"La calidad del servicio ha sido, cuando menos, igual de buena o en algunos casos, mejor", ha abundado Lucena durante un encuentro con periodistas tras la presentación de resultados de la compañía, que ha vuelto a la senda de los beneficios tras el golpe del Covid-19.

"El objetivo es mejorar la competitividad de nuestros aeropuertos, manteniendo unos niveles óptimos de calidad y seguridad y, en última instancia, beneficiar a los usuarios del transporte aéreo", aseguró el ministerio en una nota difundida el 9 de enero.

"Esta medida, reclamada por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) en diversas ocasiones, y recomendada por la Comisión Europea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, permitirá avanzar en el proceso iniciado en 2010 y que ha supuesto mejoras significativas en términos de calidad y eficiencia", proseguía la argumentación del Ejecutivo.

Sin embargo, el anuncio de la liberalización ha levantado una tormenta política. Primero, con los socios de Unidas Podemos en el Gobierno, que no ven con buenos ojos un proceso de tal naturaleza. Este mismo lunes, socios habituales del Gobierno en el Congreso como EH Bildu, ERC y el BNG registraron una iniciativa conjunta en la que instan a paralizar la liberalización.

En su opinión, los anteriores procesos de liberalización ponen de manifiesto que aunque las adjudicatarias privadas tengan todos los permisos requeridos, "no se producen mejoras en lo relativo a la eficiencia económica que se pretende perseguir o en lo relativo a las condiciones de trabajo del personal controlador y la propia seguridad".