Los sindicatos UGT y CCOO han planteado una propuesta para desbloquear el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. En el texto plantean una subida salarial del 5% para 2022, un 4,5% para este año y un 3,75% para el próximo, pero no solo: también piden revisar estos incrementos según los beneficios económicos -o pérdidas- que registre cada sector.

Ambas organizaciones sindicales ya habían deslizado esta última idea, pero no habían trasladado una propuesta formal a la patronal de empresarios CEOE. Así, los convenios incluirían una cláusula de revisión que combine la evolución de los precios con la situación económica de las empresas, "medida por la evolución de su margen de beneficios". Esta evolución se determinará en base a los datos recogidos por un sistema de información económica a desarrollar.

Las organizaciones empresariales y sindicales el año pasado trataron de renovar el AENC, ya que el último caducó en 2021, pero rompieron las negociaciones en mayo ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo. Los sindicatos pedían subidas salariales en línea con la inflación, aunque fuese a final de año. De su lado, los empresarios aseguraban que las compañías no pueden asumir tales incrementos de sueldos, especialmente en un momento de altos costes por la inflación.

"CCOO y UGT apostamos por recuperar la negociación sobre un gran acuerdo salarial de ámbito estatal que mandate criterios a los convenios colectivos cuya renovación afrontaremos en este año 2023", han explicado ambos sindicatos en un comunicado. "Tras el bloqueo de los contactos con CEOE-CEPYME en el pasado mes de mayo de 2022, reformulamos nuestra propuesta salarial introduciendo nuevos criterios sobre las cláusulas de revisión salarial".

Así, partiendo de subidas salariales del 5%, 4,5% y 3,75% para 2022 (el año pasado), 2023 y 2024, plantean incrementos adicionales según la diferencia entre ese alza y la desviación de la inflación de cada uno de los años. Al mismo tiempo, proponen que este incremento adicional esté vinculado a los beneficios de las empresas, para que los trabajadores puedan recuperar el poder adquisitivo al término de cada uno de los años, preferiblemente.

Un sistema que monitorice los beneficios de las empresas

Para poder conocer cuál ha sido la evolución de las empresas de cada uno de los sectores en los que se negocian nuevos convenios colectivos, los sindicatos proponen la creación de lo que han bautizado como el Sistema de Información Económica para la Negociación Colectiva (SIENC) "basado en fuentes oficiales y registros actuales". En él, el Gobierno tendría un papel destacado, ya que debería facilitar los datos de los que dispone.

"Solicitamos que la TGSS [Tesorería General de la Seguridad Social] genere un listado de las empresas cubiertas por cada convenio colectivo de trabajo a partir del código de convenio facilitado por cada empresa a la Seguridad Social. A partir de esos listados, la AEAT [Agencia Tributaria] agregaría la información que ya pública sobre ventas (a partir de las declaraciones de IVA repercutido), compras (IVA soportado) y retribuciones salariales (modelo 111 del IRPF) desde 2014. La propia configuración de este indicador debiera ser sometida a un proceso de diálogo y negociación, para el que es importante una disposición del Gobierno favorable a facilitar y transparentar los datos necesarios", exponen.

Para las organizaciones, se trataría de una manera de negociar mucho más justa. "El SIENC reducirá los costes y tiempos de negociación, y redundará en una mejor adaptación de lo pactado a la situación de las empresas del sector y en una participación más justa de los salarios en el reparto de la productividad que ha estado lastrada, entre otros problemas, por la información asimétrica e incompleta en los procesos de negociación", aseguran. Creen que con este sistema mejorarían los salarios, y también el consumo, lo que redundaría en un mayor crecimiento económico para el país, en una mayor recaudación por impuestos y cotizaciones, y en más empleo.

Si no hay acuerdo, contribución mínima del 15% en el impuesto de sociedades

En caso de que no lleguen a un acuerdo antes del 1 de mayo, los sindicatos piden al Gobierno promover actuaciones fiscales "para canalizar los excedentes de los que se está apropiando el empresariado, hasta la mayoría social, de manera que se refuerce el consumo final de las familias y se aleje el riesgo de una desaceleración económica superior a la ya prevista". Y piden fijar una contribución mínima en el impuesto de sociedades del 15% o el 20% sobre el total de beneficios.