El subidón del euríbor salpica más allá del espectro inmobiliario. Las medidas para tratar de aplacar la fuerte inflación que desangra el bolsillo de la población repercuten en el crecimiento desbocado del índice de referencia de la mayoría de hipotecas variables en España y del Instrumento Financiero de Gestión Centralizada (IFGC), el mecanismo "creado, impulsado y coordinado" por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para facilitar el acceso a créditos del sector agroalimentario.

El euríbor a 12 meses más dos puntos fue el regulador elegido para establecer los intereses que debían pagar los agricultores y ganaderos por sus préstamos enmarcados en el IFGCC, en marcha desde 2014. Entonces se consideró una gran victoria, ya que en la revisión anual el euríbor era de cero o negativo y por tanto los intereses oscilaban en guarismos inferiores al 2%; sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente porque el euríbor ha cerrado febrero al 3,53%. Es decir, quienes formalizaron estos préstamos en febrero de 2022 pagaban el 1,7%, mientras que al revisárselo ahora en marzo de 2023 van a pasar a pagar el 5,5%.

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) ha pedido a la Junta de Castilla y León que, junto a la banca privada, busque soluciones a cientos de agricultores y ganaderos que han solicitado préstamos acogidos al denominado instrumento financiero y "que ahora están atrapados en una espiral de brutales subidas de los intereses, que puede suponer varios miles de euros más al año, cifras inasumibles para explotaciones que en muchos casos están promovidas por jóvenes, que se vieron obligados a realizar inversiones elevadas para instalarse".

Concretamente, la solicitud ha sido promovida desde la delegación de ASAJA en Castilla y León, comunidad que concentra gran parte de estas ayudas y que fue la primera en poner en marcha el denominado instrumento de desarrollo rural. Según ha trasladado ASAJA, Bruselas alabó "en no pocas ocasiones" la capacidad de Castilla y León para poner en marcha este mecanismo de financiación al sector agrario. El sistema funciona a través de la banca comercial y las administraciones públicas, con fondos del entonces Programa de Desarrollo Rural, daba garantías a los bancos de que sus préstamos serían devueltos

Donaciano Dujo, presidente de ASAJA Castilla y León, plantea en conversación con El Independiente las soluciones que exponen a la Junta: "Hemos pedido que negocien con las entidades bancarias que fijen un interés fijo del 2%, o que sean ellos mismos los que se hagan cargo de una parte del interés porque es una situación que ya es insostenible y que parece que va a ir a peor", lamenta Dujo. El presidente de ASAJA en Castilla y León destaca que según los últimos datos proporcionados por la Consejería de Agricultura, a finales de 2022, el importe formalizado de préstamos en esta línea superaba los 139 millones de euros, correspondientes a 852 solicitudes.

El plan establecido ofrece a los bancos la ventaja de contar con garantías adicionales, gracias a la implicación de la Junta, para aprobar operaciones de mayor riesgo vinculadas sobre todo a jóvenes que se incorporan al campo y que disponen de escasas propiedades para responder ante los bancos por su endeudamiento. Además, los beneficiarios que solicitaron préstamos sin uso del instrumento financiero han gozado durante los últimos años de un interés fijo del 2%, gracias en parte a la posibilidad de adherirse al IFGC. Estos seguirán pagando este interés tan bajo durante los próximos años

"Hay muchas explotaciones que peligran por este incremento de los intereses, sobre todo de jóvenes que están arrancando y que necesitan inversiones muy elevadas. En estos casos la variación puede significar entre 5.000 y 10.000 euros más de intereses al año y para ellos no es viable", explica Dujo.

ASAJA insiste en que la Junta de Castilla y León ha de conversar con la banca para sostener a los deudores del campo español: "Pedimos que busquen soluciones para que estos tipos de interés, tan altos y llegados de forma tan precipitada, no acaben con los sueños de quienes un día decidieron ser agricultores y ganaderos". Soluciones que, tal y como reclama la organización, "pasarán también porque se puedan repercutir en las ventas estos mayores costes, y porque las integradoras no sean cicateras con sus ganaderos integrados", concluyen.