Francia vuelve este martes a la huelga general para protestar por una reforma de las pensiones muy impopular, que tiene previsto elevar su edad de jubilación hasta los 64 años. Será la sexta jornada de paros en lo que va de año contra la iniciativa de su presidente, Emmanuel Macron, que por el momento no valora dar marcha atrás. Mientras, el Senado tiene hasta el 12 de marzo para analizar el proyecto de ley.

La movilización está convocada por los sindicatos en bloque, desde la poderosa y combativa Confederación General del Trabajo (CGT) a la reformista Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), quienes rechazan propuestas del Gobierno como incrementar las pensiones más bajas a cambio de aumentar dos años la edad de jubilación. El 70% de la población está en contra de la reforma, según una encuesta del instituto demoscópico Ifop.

"Sería solo un parche. Aumentar la edad legal de jubilación a 64 es el corazón de esta reforma y es profundamente injusto. Es un disparate que el Gobierno haga oídos sordos a las protestas", ha asegurado Laurent Berger, secretario general de CFDT. "La pelota está en el tejado del presidente. Depende de él retirar esta reforma", opina por su lado Philippe Martínez, líder de CGT, quien también asegura estar "acelerando el ritmo" de los paros.

La huelga del pasado 6 de febrero afectó al transporte público, a los colegios y al sector energético. Entre los profesores, la participación fue de un 14%, frente a 26% de la jornada anterior. Entre los trabajadores del gigante público energético EDF, fue del 30%, frente al 40% del paro previo. En las calles de todo el país ya el 19 y el 31 de enero protestaron más de un millón de personas contra la reforma, algo que pretenden repetir este martes.

El Gobierno espera que esta huelga sea "una de las más difíciles" para los viajeros

En esta ocasión, el Gobierno espera que la huelga impacte con fuerza al transporte público, hasta el punto de que cree que será "una de las más difíciles" para los viajeros desde que arrancaron las protestas y un "verdadero fastidio" para muchos, según ha declarado el ministro de transportes, Clement Beaune. A la vez, CGT ha llamado a la huelga en refinerías y en el operador nacional de trenes SNCF -ahora presente en España con la marca Ouigo-.

Pero no se quedará ahí: se prevén movilizaciones y bloqueos de carreteras por parte de camioneros, la anulación del servicio ferroviario y la reducción de vuelos. El operador público SNCF cree tendrá que anular el 80% de los trenes de alta velocidad y casi todo el resto de trenes de largo recorrido. Eso implica que no habrá trenes entre París y Barcelona ni entre Francia y Alemania, y que solo existirá un tren de ida y vuelta en cada enlace con Italia, así como el 20% de las conexiones con Suiza.

RATP, el operador de transporte público de la región de Ile-de-France, alrededor de París, ha señalado que los metros se verán fuertemente afectados, y que algunos metros solo circularán en horas punta. De su lado, la autoridad de la aviación DGAC ha pedido a las aerolíneas reducir los vuelos un 20% del aeropuerto Charles de Gaulle y un 30% del de Orly, también cercano a París, por el parón que esperan entre los controladores aéreos.

Por su parte, varios sindicatos de camioneros han llamado a bloquear plataformas logísticas y zonas industriales, y tratarán de ralentizar el tráfico y generar atascos. Y desde el viernes hay paros en el sector de la energía, que aunque no han provocado cortes de luz a los consumidores, sí han reducido la tensión eléctrica.

Macron: la reforma es imprescindible para evitar que colapse el sistema de pensiones

La reforma de Macron tiene previsto aumentar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, bajo el pretexto de que el incremento es imprescindible para evitar que el sistema de pensiones colapse y que los jóvenes tengan que cargar el peso de financiar las pensiones del baby boom. Según los cálculos del Gobierno, dicho aumento le llevará a ahorrar 17.700 millones de euros en pensiones cada año hasta 2030.

"Si nos importa el sistema de pensiones, tenemos que salvarlo", ha continuado insistiendo el ministro de Trabajo francés, Olivier Dussopt, en declaraciones a la prensa. Su Gobierno no prevé por el momento dar marcha atrás a una reforma crucial para la segunda y última legislatura de Macron, aunque es cierto que el apoyo a las protestas ha sorprendido a su Ejecutivo.

Francia cuenta con unas de las pensiones más generosas del mundo, y sus ciudadanos ostentan la jubilación más extensa de todos los países de la OCDE. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo del país era del 7,2% a final de 2022, su cifra más baja en 15 años.

Los franceses rechazan una edad de jubilación un año inferior a la de España

En España, este 2023 la edad de jubilación está en los 65 años para aquellos que han cotizado más de 37 años y 9 meses, y en los 66 años y 4 meses para quienes han cotizado menos, aunque está aprobado que esta última cifra se incremente progresivamente hasta alcanzar los 67 años en 2027. Asimismo, en el país está establecido un periodo de cotización mínima de 15 años para poder acceder a una pensión contributiva de jubilación, y además es requisito haber cotizado dos años en los 15 anteriores a la fecha de jubilación. Estos trabajadores reciben un 50% de lo que percibirían si hubieran cumplido el mínimo de cotización (los 37 años ya citados).

La negociación de la reforma de las pensiones española, en el aire

Mientras Francia para y sale a la calle para rebelarse contra la reforma de las pensiones de su presidente, en España el Gobierno trata de sacar adelante la última parte de su propia reforma del sistema, que pretende conllevar la ampliación del periodo de cotización que se tiene en cuenta para calcular la pensión. Después de meses sin una sola reunión ni propuesta del Ejecutivo, este fin de semana el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha asegurado que la aprobación de la reforma por real decreto es "inminente".

Mientras, los sindicatos critican que no les haya convocado en un tema de suma importancia, y avisan de que necesitarán tiempo para valorar cualquier propuesta. La intención del Gobierno que Escrivá trasladó a los agentes sociales en noviembre es aumentar el periodo de cómputo hasta los 30 años, frente a los 25 actuales, pero permitiendo descartar los dos peores. De aprobarse, los trabajadores con carreras profesionales más estables verían disminuir sus pensiones, pero sucedería lo contrario con aquellos con carreras más inestables; y en conjunto el Gobierno calcula que la medida tendrá efectos neutros, es decir, que ni ahorrará dinero ni le llevará a gastar más.