La Comisión Europea ha avisado este miércoles a los países miembro de que deberán reducir ya sus niveles de déficit y deuda porque este es el último año en el que las reglas fiscales continuarán suspendidas. En este marco, ha advertido de que podrá sancionar tan pronto como en la primavera de 2024, aunque los Veintisiete están aún definiendo cuáles serán las normas a seguir durante los próximos años, ahora que se ha acordado dejar atrás las reglas comunes, de referencia hasta ahora, del límite del 3% del PIB para el déficit y del 60% para la deuda, y establecer otras por país.

"Confirmamos que la cláusula de escape quedará desactivada a final de año", ha afirmado en rueda de prensa el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, recordando que esta cláusula -que "suspendía" parcialmente las reglas fiscales durante unos años- fue activada en marzo de 2020, una decisión "sin precedentes" y "la correcta". "Pero la economía europea ya se ha recuperado más allá de los niveles prepandemia y del shock de precios energéticos. No tendría sentido volver a aplicar las reglas existentes como si nada hubiese pasado, pero necesitamos hacer frente a la realidad postpandemia y de la guerra de Ucrania", ha explicado.

Por eso, ha destacado la necesidad de moverse "hacia un marco creíble". De esta manera, este año será "de transición" hasta ese nuevo escenario en el que los estados miembros tendrán "que seguir protegiendo las finanzas públicas". Son mensajes que ha respaldado también el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, insistiendo en la necesidad de "asegurar" las finanzas públicas para "mirar al futuro".

"2024 debe ser visto como un puente entre las reglas fiscales del pasado y del futuro", ha afirmado Dombrovskis, recordando también que la propuesta de la Comisión ahora es establecer diferentes reglas según el déficit y la deuda de cada país miembro. Pero también ha avisado que eso no debe entenderse como un año más de barra libre, puesto que en primavera de 2024 podrá aplicarse ya el procedimiento de déficit excesivo en base a los datos que los países hayan registrado este 2023. Por el momento, se seguirá tomando como valor de referencia el 3% del PIB en lo relativo al déficit, y Bruselas pide a los países continuar reduciendo su deuda de forma "constante y creíble", manteniéndola en "niveles prudentes".

Con este contexto de fondo, ahora Bruselas pide a los estados de la Unión presentar de nuevo en abril sus respectivos planes de estabilidad -formalmente, Plan Nacional de Reformas y Programa de Estabilidad-, tras los que recibirán las recomendaciones específicas por país de la Comisión, todo según lo que se ha revelado este miércoles en las orientaciones fiscales del Ejecutivo comunitario. En esos programas, los países deberán establecer sus propios objetivos fiscales cumpliendo con los criterios de ajuste comunitarios.

Reglas fiscales por países

Frente a los límites del 3% del PIB para el déficit público y del 60% para la deuda, ahora la intención de Bruselas es cambiar a un esquema más específico por país que aún está por definir. Se trata de una propuesta en línea con la que Países Bajos y España presentaron en el Eurogrupo, en la que ambos insistían que los estados miembros deben comprometerse a reducir su deuda pero a través de estrategias adaptadas a cada país, a través de una regla de gasto que lleve a que las normas sean “más comprensibles, más fáciles de aplicar y más anticíclicas”.

Meses después de este momento, Bruselas presentó formalmente su aún difusa propuesta, que se basaría en objetivos de deuda por país, sendas que cumplir a lo largo de cuatro años y mecanismos de sanción más rápidos y eficaces. Este último punto no es baladí, porque las sanciones vigentes hasta 2020 existían sobre el papel, pero nunca llegaron a aplicarse pese a que algunos países incumplieron las reglas fiscales con creces. Hundir a un Estado con ya elevados niveles de deuda y déficit no parecía lo ideal para conseguir que recuperase su senda de estabilidad, aunque no castigarlo sentaba un mal precedente para el resto de miembros de la Unión, y es eso lo que Bruselas ahora quiere evitar.

La propuesta de la Autoridad Fiscal española

El rumbo que están tomando las reglas fiscales va en la línea de lo que también venía reclamando la Autoridad Fiscal (AIReF) española, que el pasado octubre calificó las vigentes de "ineficaces" puesto que no han impedido que se aumente la deuda hasta niveles muy elevados y "nunca vistos", no han conseguido que se diseñen políticas fiscales estables y, en conjunto, han disparado la vulnerabilidad de las economías incluso en tiempos de paz. Su propuesta de reforma exigiría que cada Gobierno al inicio de su legislatura proponga un objetivo de deuda y una senda de gasto a medio plazo, que le permita reducir la ratio, y que se comprometa a cumplirla a lo largo de todo su mandato.

Esta senda debería ser aprobada por el Congreso y también por las autoridades comunitarias, y serviría de referencia a lo largo de los cuatro años siguientes. Podría modificarse, pero solo en circunstancias excepcionales mediante la activación de una cláusula de escape, al contrario de lo que sucede en la actualidad. La propuesta de AIReF, sin embargo, no incluía sanciones concretas en caso de incumplimiento, y optaba más bien por un mecanismo similar al del Plan de Recuperación, con el que el Gobierno establezca unos objetivos concretos de reformas que prometa cumplir, exponiéndose después al coste político de no hacerlo.