El Gobierno dejará sin sanciones a las empresas no cotizadas que incumplan la nueva Ley de Paridad, que establece que las mujeres deberán representar al menos el 40% de los miembros de los consejos de administración de las grandes compañías y entidades de interés público. Así lo han explicado fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, después de que la ministra Nadia Calviño expusiese el anteproyecto de ley que el Consejo de Ministros ha aprobado tan solo un día antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Mientras que las compañías cotizadas sí se enfrentarán a multas y sanciones que aún están por definirse, aquellas que no están en bolsa y no cumplan con el citado umbral del 40% "deberán justificar los motivos y adoptar medidas para lograrlo". "Pero no se les sancionará", aseguran desde el mismo Ministerio, descartando expresamente que las sanciones que contempla la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) se apliquen en este caso.

Así, quedarán eximidas de cumplir la nueva ley, pese a que el anteproyecto reza que las grandes empresas no cotizadas y las entidades de interés público que cuenten con más de 250 trabajadores o una cifra anual de negocio superior a 50 millones de euros, o un activo superior a 43 millones de euros, también deberán contar con al menos un 40% de mujeres en sus consejos de administración, aunque, en este caso tendrán hasta julio de 2026 para adaptarse. Las cotizadas, en cambio, tendrán que cumplir antes de julio de 2024 si no quieren enfrentarse a multas.

Para la ministra, la iniciativa "rompe el techo de cristal en el ámbito público y privado y consolida a España como uno de los países más avanzados en igualdad de género" y llevará al país a "tener un crecimiento más fuerte y más sostenible en el tiempo". La ministra ha lamentado en su exposición que la presencia de mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas en España no llega al 40%, y que está por debajo del 20% en el caso de los puestos de alta dirección, realidad que se pretende cambiar.

Para las cotizadas, la CNMV "graduará" las sanciones

Pero las sanciones que se establecerán para las empresas que sí cotizan en bolsa tampoco están claras. En el departamento de Nadia Calviño son confusos al respecto, puesto que argumentan que se introducirá una nueva sanción grave en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, que "tendrá aparejada una sanción de las que corresponden a las infracciones graves que establece la Ley y que se graduará según determine la CNMV". Es decir, que se tomarán como referencia las actuales sanciones para empresas cotizadas, que parten de los 300.000 euros o del 2% de los recursos propios de las compañías, si esta cuantía es mayor, y en función de la gravedad, pero dependerá de lo que fije la CNMV.

"Es así puesto que aún hay que desarrollar el reglamento, algo que hará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia", puntualizan las mismas fuentes del Ministerio. Lo que sí aseguran es que el anteproyecto, cuyo texto aún no es público ni se ha compartido con los medios de comunicación, habilita a imponer sanciones a las empresas cotizadas que vulneren las obligaciones en materia de igualdad de género en los consejos de administración, así como cuando se incumpla con la elaboración y publicación del informe anual de igualdad de género en el consejo de administración.

Del mismo modo, la falta de inclusión en la memoria de la información relativa a la igualdad de género en los puestos de alta dirección también será sancionada, e igual sucederá "cuando dicha información se presente de forma incompleta o aportando datos falsos". "Será la CNMV la que vea los casos y establezca las sanciones aplicables", puntualizan de nuevo.

División entre los empresarios: del "no nos gusta la obligatoriedad" al "ningún tipo de reticencia"

El anuncio ha causado división entre los empresarios, con algunos mostrándose muy reticentes a que el Gobierno "obligue" a conseguir una paridad que es "muy complicada de cumplir" y con otros asegurándose que todas las empresas están encantadas. La patronal de empresarios CEOE, por su parte, no ha manifestado una postura oficial, argumentando ante las preguntas de este periódico que están "a la espera" de que sus técnicos reciban el documento con todos los detalles, para así "poder hacer una valoración".

"La obligatoriedad no nos gusta en absoluto", ha asegurado este martes el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y vicepresidente de la CEOE Salvador Navarro, apoyándose en que "alguna vicepresidenta de la CEOE" también "lo ha cuestionado". Según el alto directivo, "es muy complicado" cumplir este tipo de leyes, que "quitan autonomía a las decisiones de las empresas". Por eso, ha remarcado que le parece "mal" y que apostaría más bien por la "voluntariedad", al tiempo que ha apuntado que la ley podría tener un componente más electoral al coincidir con el 8 de marzo.

Sin embargo, y en un sentido radicalmente opuesto, el presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, se ha mostrado "absolutamente de acuerdo" con la ley. "Nos parece perfecto y no hay ningún tipo de reticencia por parte de las empresas", ha asegurado, subrayando también recordado que se trata de una transposición de una directiva europea.